La absolución de Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés en el primer juicio a la cúpula de la CAM y el archivo del caso de la guardería de La Paz son dos varapalos en un solo día a la Fiscalía, que podrían completarse con la decisión, inminente, del TSJ de remitir la querella contra Pedro Antonio Sánchez a un juzgado de Lorca. Quienes no creen en las casualidades también podrían ver en esta sucesión de decisiones judiciales alguna extraña maniobra, pero dado que el viento sopla ahora a favor nadie dirá ni mu. Lo cierto es que el Ministerio Público no siempre consigue imponer sus tesis en los tribunales, ya sea por errores propios o por méritos de los abogados defensores, lo que no empaña el trabajo de quienes tienen la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.