Aquella mañana del 7 de junio de 2013, ‘La Verdad’ adelantaba en exclusiva que la juez del caso ‘Novo Carthago’ había remitido una exposición razonada al TSJ en la que se detallaban indicios suficientes para imputar al consejero Antonio Cerdá por un delito de prevaricación. Al filo de las 11 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Ramón Luis Valcárcel, muy alterado por la noticia de apertura del periódico, ya que afectaba directamente a uno de los políticos más queridos del Gobierno, del PP y de todo el sector agroalimentario. Era inhabitual que llamara por una información. Más aún si no hacía alusión a él. Supongo que porque nunca tenía el efecto deseado y porque para esas tareas hay subalternos. La conversación fue corta. Le conté que desde hacía meses conocíamos la posición de la Fiscalía, pero por prudencia esperamos a la decisión del juez ante la posibilidad de que se rechazase. Me sorprendió que, aparentemente, no fuera consciente de la gravedad política del asunto ni de su relevancia informativa. Era la primera vez que la Justicia pedía la imputación de un consejero de su Gobierno (sucedió un mes después). Finalmente me preguntó: «¿Y tú no podías dejar de publicar esas noticias, como hacen otros periódicos?». Respondí y acabó la charla.

Pasados casi dos años después, ayer publicamos la inminente dimisión de Cerdá. Le conozco y aprecio desde que, hace mucho tiempo, empezó a enviar artículos sobre el problema del agua en Murcia a la Redacción que dirigía en Madrid. La tenacidad del consejero era tan acusada como su bonhomía. Su imputación por el TSJ fue, para él y su familia, un tremendo varapalo. A partir de entonces, cada vez que nos cruzábamos me miraba como si yo fuera quien presuntamente hubiese cometido un delito. Sin embargo, puedo llegar a entenderlo porque llevo treinta años de profesión periodística y no por eso cambiará mi percepción de que es una persona honrada, emocional y, sobre todo, disciplinada, el arquetipo de quienes se comen ‘marrones’ ajenos.

Lo que me resulta difícil de comprender es su repentino portazo a 16 años en el Gobierno, con una carta de dimisión, entregada a las 8 de la mañana, que es todo un bofetón inmerecido a Garre. En su comunicado, Cerdá dice que siempre ha «antepuesto los intereses de Murcia y del Gobierno regional a los míos propios, y por ello he tomado ahora, y ante el inicio de la próxima campaña electoral, esta difícil decisión personal». Dudo de que al Ejecutivo regional le beneficie una crisis de Gobierno, la segunda en once meses. Y a la Región quedarse sin quien la ha defendido, la mayoría de las veces con acierto, ahora que se está negociando el decreto de sequía, que los regantes anuncian movilizaciones, que no hay fórmula para lograr una tarifa asumible para el agua desalinizada, que hay que enmendar el Memorándum del Tajo-Segura… La inminencia de la campaña es un argumento endeble porque su imputación, en el plano político, estaba amortizada. Ni siquiera era ya blanco de las críticas de la oposición. A estas alturas, no hay quien se trague que su dimisión conlleve algún beneficio para los suyos.

Las consecuencias jurídicas son cuestión distinta. Con su marcha no quedan imputados aforados en el caso ‘Novo Carthago’. Dejará de estar en manos del juez Abadía y volverá al juzgado número 2 de Murcia. Se quita de encima a Abadía y vuelve a un juzgado con un magistrado en comisión de servicio porque la titular está de baja maternal. El caso estaba casi instruido y lo tramitado en el TSJ se mantendrá. Cerdá solo ha ganado tiempo. ¿A quién beneficia el traslado del caso? Fundamentalmente, a Valcárcel. Abadía había solicitado informes a la Agencia Tributaria, la declaración de su yerno y de la empresa vinculada al promotor Galea que contrató a su hija. Todo con un claro fin: hallar indicios de cohecho en la actuación del expresidente en Novo Carthago, antes de que pudiera prescribir de forma inminente. Esa línea de investigación, con la que iba a cerrar la instrucción, se detiene por el momento. Que Abadía había puesto todo su empeño en imputar a Valcárcel era un hecho innegable. Si piensa que este juez no era imparcial, ahora tiene una vía de escape, encontrada por azar o calculadamente. Que todo esto sea una operación político-judicial para lograr impunidad solo lo sabremos al final de este largo camino, cuando se imponga la verdad judicial.

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En su obra ‘La República’, Platón narra la leyenda mitológica de Giges, un pastor que descubrió un anillo de oro que confería invisibilidad a su portador. Giges lo usó para seducir a la reina y, con ayuda de ella, matar al rey y apoderarse de su reino. Nadie podía ver a Giges, que causaba daño sin que hubiere castigo. La sensación de impunidad es el anillo de Giges, que hoy toma formas diversas, según la filósofa Adela Cortina. «Puede ser el intercambio de favores con los que tienen el poder de castigar para que miren hacia otro lado o deriven el asunto a complicados entramados. Puede ser -afirma- la economía financiera que, por opaca e incontrolable, impide descubrir a los responsables». El anillo de Giges puede estar detrás de las dimisiones calculadas y de quienes las critican desde el anonimato de las redes. Por fortuna, sus propiedades mágicas no duran siempre y quienes buscan impunidad corren el riesgo de quedar desnudos. Es más, lo invisible despide a veces un hedor que apesta.