Quienes se arrogaron el éxito político del Memorándum del Tajo-Segura no pueden eludir ahora su responsabilidad en el revés propinado por el Tribunal Constitucional.

Tiene bemoles que las Cortes de Aragón, por diez pueblos con 1.120 habitantes que están en la cuenca del Tajo, hayan conseguido la nulidad parcial del Memorándum del Trasvase, pero todavía más que el Ministerio de Agricultura y las cinco comunidades que alumbraron la ley que iba a dotar de seguridad jurídica al acueducto no hicieran diligentemente su trabajo para evitar este incomprensible revolcón, que viene a acrecentar la incertidumbre sobre una infraestructura que hoy, más que nunca, es vital para el sector agroalimentario del Levante. La sentencia que fue dada ayer a conocer por el Tribunal Constitucional, adoptada por unanimidad y basada en una sólida jurisprudencia, estima parcialmente el recurso de las Cortes de Aragón y declara nulas cinco disposiciones del Memorándum, incluido en la Ley de Evaluación Ambiental aprobada por el Gobierno de Rajoy, tras un trabajado pacto político entre las comunidades de Murcia, Valencia, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha.

La nulidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad queda diferida por el plazo de un año, el tiempo que concede el más alto tribunal al Ministerio para sustituir las normas afectadas por el recurso. En otras palabras, el Trasvase Tajo-Segura sigue rigiéndose por las reglas actuales, porque de lo contrario el daño para el interés general sería mayúsculo, pero se abre un periodo de interinidad y fragilidad incuestionables, más aún en la antesala de elecciones autonómicas y generales. Por un lado, las posiciones de los distintos gobiernos autonómicos del PP quizá ya no sean las mismas de hace un año y además en algunos de esos territorios autonómicos, como la Comunitat Valenciana, hoy no es nada descartable un cambio de signo en el Ejecutivo, como apuntan los sondeos. Lo mismo puede ocurrir a nivel nacional, donde el escenario de gobernabilidad ya no será el bipartito conocido por los españoles en los últimos 23 años. Es un problema de forma, pero solucionarlo no será fácil porque a la complejidad del escenario político se suma la angustia de los agricultores por la sequía. Los regantes esperaban al inicio de legislatura ese Plan Hidrológico Nacional que prometió Rajoy, pero hoy aguardan un decreto de sequía que no termina de llegar y reciben otro golpe, uno más, a la estabilidad del Trasvase Tajo-Segura. De nota, oiga.

Lo más llamativo de este varapalo es que la sentencia del Tribunal Constitucional parece irreprochable desde el punto de vista jurídico. No deja de ser asombroso que quienes querían blindar jurídicamente el Trasvase Tajo-Segura hayan pasado por alto que era preceptivo el trámite de audiencia a la Comunidad de Aragón del Memorándum, aunque no sea vinculante, porque una minúscula parte del territorio aragonés está integrada en la cuenca hidrográfica del Tajo. Que el TC recuerde, en su fundamentación jurídica, a los gobiernos del PP y al Ministerio de Agricultura el principio de unidad de cuenca no deja de ser sonrojante porque esa idea ha formado parte del núcleo central del discurso hidrológico de este partido político.

Es verdad que el Ejecutivo de Rudí no estaba por la labor de facilitar el acuerdo y que la incidencia real del Trasvase Tajo-Segura en la disponibilidad de recursos hídricos de un puñado de pueblos de Aragón es nula, pero sortear el llamado bloque de constitucionalidad e ir contra las competencias estatutarias de esa comunidad ha sido temerario. El recurso ante el TC estaba cantado, con el consiguiente riesgo que ahora, desafortunadamente, encaramos en el Sureste. Quienes vendieron como un hito sin precedentes el pacto territorial que alumbró el Memorándum, y se arrogaron la responsabilidad política de ese éxito, no pueden eludir ahora su responsabilidad en este revés. Mientras en el PP de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana andan ensimismados en saber quién va a ser el candidato, ninguneando desde dentro la autoridad de sus presidentes autonómicos, Alberto Garre y Alberto Fabra, se suceden desafíos mucho más relevantes para los ciudadanos de ambas regiones. En tales circunstancias se precisaría de liderazgos sólidos para encararlas, pero en ambas comunidades sus dirigentes parecen más ocupados en posicionarse de cara al futuro que en resolver el presente de todos. En concreto, el Gobierno murciano debe hacerse mirar su solvencia jurídica porque, aunque el entramado legal del Memorándum es obra del equipo de Arias Cañete, con Federico Ramos al frente, son ya demasiados los batacazos que acumula en los tribunales en asuntos de calado para la Región. Es a la ministra Isabel García Tejerina a quien corresponde ahora mover ficha, y rápido, para despejar todas las dudas y devolver la tranquilidad perdida a los regantes.