La Verdad

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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
La tormenta catalana
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Alberto Aguirre de Cárcer | 10-09-2017 | 4:23| 0

El jurista y pensador Gumersindo de Azcárate, autor de la ley de represión de la usura que sigue vigente desde 1908, decía a principios del siglo pasado que en España, «el país de los guerrilleros, el país de los aventureros y descubridores por cuenta ajena», la exaltación del individualismo ha hecho que históricamente persistiera el caciquismo y las apetencias separatistas. «Todo individuo quiere ser un rey y toda población quiere ser un estado», reflexionaba. Si a eso se suma, como apunta frecuentemente el historiador Fernando García de Cortázar, una pérdida progresiva de los componentes emocionales ligados a la idea de España, justo lo contrario de lo que han hecho los nacionalistas en sus territorios, fabulando con la historia y la realidad presente para inflamar los sentimientos identitarios, era solo cuestión de tiempo que rebrotara un órdago separatista como el planteado con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Hoy no queda más remedio que defender por vía judicial desde el más alto tribunal lo que podía haberse evitado de no haberse producido esa persistente dejación colectiva sobre lo que ha sido, y es, nuestra diversa y plural nación. Lo que pudo reconducir la política en los últimos años, si se hubiera actuado con habilidad desde Madrid y Barcelona, cuando el huracán del ‘procés’ era aún una tormenta tropical en formación, siembra ahora el horizonte de sobrecogedores interrogantes. No hay duda de que el Tribunal Constitucional restituirá el amenazado Estado de Derecho. Pero a pocas semanas del 1-O nadie sabe cómo y cuál será la reacción de los separatistas en su delirante huida hacia adelante. Es para estar inquieto. La aprobación de la ley del referéndum catalán y la ley de Transitoriedad se han tramitado con plena conciencia de su ilegalidad y de las posibles consecuencias penales para sus impulsores. Ni siquiera fue un obstáculo la negativa de los propios letrados del Parlament a firmar la tramitación de esas normas. Tampoco el hecho de que fueran aprobadas con menos votos de los estipulados como necesarios en el Estatut, retorciendo incluso el reglamento interno de la Cámara para, a la vista de todos, privar a los grupos de la oposición de las mínimas garantías y cauces democráticos. De ahí que el proyecto, además de intentar romper la unidad de España por una vía carente de legalidad, se convirtió también en todo un golpe a la democracia. El único lado positivo de este desatino ha sido el desenmascaramiento definitivo de la escasa cultura democrática de los creadores del ‘procés’. Alentados por los antisistema de la CUP, los partidos liderados por Puigdemont y Junqueras mostraron su peor cara en el curso de los debates, cosechando un fracaso escénico que dejó en evidencia la catadura de quienes quieren imponer una Cataluña excluyente, aunque solo sea por un voto y dividiendo por la mitad a su sociedad. Bastó con leer la letra pequeña de la ley del referéndum, que permitiría votar con DNI caducados, para constatar la pobreza democrática de esta consulta rupturista que serpentea sin el más mínimo apoyo de la comunidad internacional. La firmeza y cierre de filas de PP, PSOE y Ciudadanos contrastó con la ambigua equidistancia de Podemos, cuyo bajo perfil durante esta crisis resultó vergonzante y terminó por sacar a la luz fracturas internas en la alianza con que concurrió a las elecciones del 27-S. A la postre, al margen de la actuación del Estado, no habrá referéndum en sentido estricto porque muchos alcaldes catalanes se mantendrán del lado de la ley, como lo harán miles de funcionarios públicos que han sido conducidos hacia un precipicio por la obcecación del independentismo. Y, por supuesto, porque una gran mayoría de la sociedad catalana no desea participar en un dislate que puede tener consecuencias funestas para sus vidas, ni comparte el relato trenzado por los separatistas sobre el encaje de Cataluña en España, con todas las imperfecciones que pueda tener.

La política, de tan turbulenta, se ha vuelto impredecible como el comportamiento físico de la atmósfera. Habría que examinarla como un sistema dinámico no lineal porque sus protagonistas son imprevisibles, actúan en función de intereses personales o partidistas y transitan con las luces cortas, cegados en este caso por el sueño de una arcadia inexistente. Actúan irresponsablemente. Como si no hubiera un mañana. Arrastrando a todo el país a una crisis que puede obligar a tomar medidas inéditas en nuestra reciente historia democrática. Mi impresión es que el ‘procés’ descarrilará y en octubre habrá una convocatoria de elecciones en Cataluña. Sospecho que muchos de los que lideran este delirio, como Oriol Junqueras, ya lo saben, pero apuran este trance emocional colectivo para obtener el máximo provecho en una próxima llamada a las urnas. Sin embargo, no habrá futuro para Puigdemont, el muñeco utilizado por Artur Mas para capitanear el naufragio y posterior hundimiento de un partido que resulta hoy irreconocible. Cataluña no merecía tan funestos dirigentes.

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Golpe a la democracia
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Alberto Aguirre de Cárcer | 07-09-2017 | 3:32| 0

No hay suficientes palabras para describir el bochorno vivido en el Parlamento catalán, pero la vicepresidenta Sáenz de Santamaría estuvo atinada al tildarlo de «patada a la democracia». La ley del referéndum sobre la independencia de Cataluña no solo viola la legalidad establecida en la Constitución. También la propia legalidad catalana, dado que el Estatut requiere para su cambio una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados. La prueba evidente de la ilegalidad fue el rechazo del letrado mayor de la Cámara a tramitar la norma. Ayer, sin embargo, con la presidenta Forcadell a la cabeza, los independentistas decidieron saltarse a la torera hasta los propios trámites y garantías parlamentarias para fraguar este insensato órdago de quienes están dispuestos a dejar de pertenecer a la UE, con tal de intentar culminar su delirante aventura separatista.

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El timo de la llamada perdida
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Alberto Aguirre de Cárcer | 06-09-2017 | 1:15| 0

La Policía y la Guardia Civil alertaron ayer del auge del ‘timo de la llamada perdida’. Se inicia al recibir una llamada corta en el móvil, sin tiempo para responder, pero quedando registrada como ‘llamada perdida’. Si el receptor la devuelve, le saldrá caro: la línea tiene una tarificación adicional, de la que los estafadores se llevan parte, mientras una locución automática intenta retener al usuario el mayor tiempo posible. No se sabe quién llamó a quién, pero al PP, en su relación con Cs, le quedó la sensación de haber sido timado con la reforma de las ITV. Mucho ‘guasap’, mucha llamada, pero en el último suspiro, cuando el registro de los móviles acreditaban un acuerdo, Cs sorprendió con su rechazo al decreto. No es una estafa, es política. Lo curioso es aquí nadie gana. Al contrario, ambos pierden. Un nuevo espectáculo. Y otro timo más.

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Bucle histórico
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Alberto Aguirre de Cárcer | 09-07-2017 | 9:27| 0

Como expresamos hace 92 años en estas páginas, pensamos que la unidad es indispensable en un tema vital para la Región como es el agua. Los partidos deben esforzarse en alcanzar una posición común y defenderla en Madrid

El 10 de mayo de 1925, hace 92 años, la Diputación Provincial iba a celebrar una asamblea en la que estaba en juego la unidad de los municipios murcianos en favor de la construcción de dos pantanos, el de la Caridad (Taibilla) y el de la Fuensanta. Se trataba de un proyecto hidráulico diseñado para aprovechar las aguas del río Taibilla, que impulsaban los ayuntamientos de Murcia y Cartagena. Había importantes objetivos en liza: garantizar el abastecimiento a 500.000 personas de casi todas las poblaciones de la provincia, incluida la base y el puerto de Cartagena; evitar inundaciones graves como las de 1879 y «llevar a los campos yermos el líquido fertilizante e impulsor de la riqueza», como escribía ‘La Verdad’ ese día en su portada, en un artículo titulado ‘Unidad indispensable’. Además de proteger contras las avenidas, ambos embalses ayudarían a acabar con la insalubridad de las aguas, evitando 600 muertes y 6.000 enfermedades graves cada año solo en Cartagena, habitada entonces por 60.000 personas. La situación era igualmente penosa en Murcia, que carecía de canalizaciones para llevar el agua a las casas.

Pero también, los dos vasos proyectados en el afluente del Segura abrían la posibilidad de mantener 100.000 hectáreas de cultivos en la provincia, ya entonces sometida a un importante déficit hídrico, con periodos de prolongadas sequías. Sin embargo, según avanzaba el proyecto, se suscitaron varias controversias, aireadas en los periódicos de la época, sobre quiénes debían tener uso preferente para la agricultura de los caudales sobrantes y por el temor de algunos municipios a quedar preteridos en el reparto. Había dudas sobre qué derechos de uso tendrían los regantes tradicionales del Segura y sobre el precio de ese agua. La posición defendida por este diario era que, frente a las «divergencias y las parcialidades», importaba «sobremanera no comprometer el éxito de la empresa suscitando rivalidades». En definitiva, que era un tema vital para la provincia y por tanto resultaba indispensable la unidad para lograr un solo anhelo: que los pantanos fueran «construidos para salvar de la tormenta de la sequía a toda una región feraz». Dos años después, en plena dictadura de Primo de Rivera, se crea por decreto-ley la Mancomunidad de Canales del Taibilla y se revisa el proyecto de 1925. Pero cuando todo parecía marchar hacia adelante, resurgió una propuesta alternativa que había sido descartada (la toma de agua del río Mundo), lo que provocó confusión a los ayuntamientos y la pérdida de esa unidad, que no hizo sino acrecentarse en tiempos de la República. Tras múltiples vicisitudes, y pese al enfrentamiento por el agua sobrante entre los regantes tradicionales del Segura y los agricultores de Lorca, Totana y Alhama, cuando iban a arrancar las obras del pantano del Taibilla estalló la Guerra Civil. No fue hasta 1945 cuando el agua del Taibilla llegó a Cartagena.

Con el trasvase Tajo-Segura cerrado, la Región vuelve, una vez más, a estar inmersa en una comprometida situación que amenaza hoy a un sector que representa el 20% del PIB regional y el sustento de más de 100.000 personas. Con una grave sequía que afecta duramente a gran parte del país, y en un escenario de galopante calentamiento por el cambio climático, la ministra de Agricultura acaba de iniciar los primeros contactos para intentar, por fin, un Pacto Nacional del Agua que debería aportar soluciones estructurales a nuestro déficit hídrico. Y de cara a esas negociaciones políticas que tienen complejas aristas territoriales, los partidos de la Región han comenzado los contactos para alcanzar una posición común que defender en Madrid.

Como expresamos hace 92 años en estas páginas, pensamos que la unidad es indispensable en un tema vital para la Región. La altura de miras que demostraron PP y PSOE, cuando el anteproyecto de estatuto manchego puso fecha de caducidad al Trasvase, puede y debe volver a reeditarse para alcanzar un acuerdo regional lo suficientemente sólido para que no acabe convertido en una débil baza negociadora en Madrid. Debe servir de lección lo ocurrido con los prometidos mecanismos de compensación previstos en el Memorándum que ahora se nos hurtan. Hoy solo es posible garantizar los recursos hídricos necesarios, presentes y a medio plazo, si se combinan los trasvases de otras cuencas, las desalinizadoras y las aguas subterráneas. Desde sus distintas y legítimas posiciones, los políticos de la Región deberían hacer un esfuerzo por aparcar prejuicios e intereses partidistas y enhebrar acuerdos que permitan el desarrollo sostenible de nuestro sector agroalimentario sin causar perjuicios medioambientales. Es en estos momentos difíciles cuando los políticos exhiben su auténtica talla. Aquí y ahora se juegan de nuevo el futuro de todos.

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Ejemplaridad
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Alberto Aguirre de Cárcer | 02-07-2017 | 10:54| 0

Millones de personas sufren persecución por sus ideas políticas, sus creencias religiosas o su orientación sexual en decenas de países donde las libertades individuales y los derechos colectivos son pisoteados o reprimidos, en muchos casos con penas de prisión. No es casual que en España, donde esta semana se ha conmemorado el cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas tras el fin de la dictadura franquista, se celebre también durante estos días la más concurrida expresión reivindicativa de los derechos de los homosexuales y contra la discriminación por género, identidad y orientación sexual. No solo en el ámbito normativo, sino también en términos de respeto y tolerancia social, nuestro país ha dado pasos ejemplares en el reconocimiento y normalización pública de la diversidad sexual. Aún así, siguen existiendo en la vida diaria numerosos comportamientos homófobos y prejuicios sociales contra el colectivo LGTB. En una entrevista con ‘La Verdad’, la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, habla hoy sin tapujos de su orientación sexual y de sus vivencias personales, expresando libremente sus opiniones sobre un asunto que normalmente es rehuido por la mayoría de los personajes públicos. Una actitud valiente de quien a estas alturas de su larga trayectoria política no tiene nada que ganar en lo personal con esta conversación periodística, pero que puede aportar mucho en lo colectivo para lograr una sociedad más madura y tolerante. Rosa Peñalver da otra muestra hoy de ejemplaridad pública. Ejemplaridad que no guarda relación con su orientación sexual, sino con el compromiso social que demuestra con su testimonio. La visibilidad conduce a la normalidad. La segunda autoridad de la Región tenía todos mis respetos. Ahora cuenta también con mi admiración.

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