La Verdad
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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
Miedo escénico
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Alberto Aguirre de Cárcer | 14-01-2018 | 7:20| 0

Si la rebaja del IRPF se lleva a efecto y no queda en un recorte testimonial, Fernando López Miras dispondrá de una baza electoral importante. Pero si no cumple con las expectativas anunciadas, el batacazo será monumental

El miedo a la prisión ha quebrado el bloque independentista y ha dejado solo a Puigdemont con su lunática idea de gobernar Cataluña por vía telemática o, en su defecto, a través de un hombre de paja con boca de ganso. El denostado plasma pero llevado a su paroxismo, esta vez vía Skype.

El miedo a dar la cara tras el vapuleo a Podemos en Cataluña ha mantenido fuera de todo foco durante tres semanas a Pablo Iglesias, que al elegir la calle de en medio entre el constitucionalismo y el independentismo llevó a su partido hasta un callejón de difícil salida en el conjunto del país.

El miedo a un ‘sorpasso’ nacional de Ciudadanos entre los barones del PP ha provocado una cita, mañana en Génova, para fijar un plan de reactivación que detenga la hemorrágica herida infringida en las elecciones catalanas antes de que infecte a todo el cuerpo electoral. A ese encuentro llegan los dirigentes populares sin hacer autocrítica y con el pavor en el cuerpo por la primera encuesta que sitúa a Ciudadanos por encima del PP en intención de voto. Y del PSOE de Pedro Sánchez, que a la vista de las catalanas y los nuevos sondeos, temeroso, ya no reclama a Rajoy un adelanto electoral.

Y es el miedo a que al mordisco electoral de Cs se sume el de la formación de Alberto Garre lo que ha provocado, en buena parte, que el presidente López Miras anunciara esta semana una rebaja del IRPF con casi un año de antelación de su hipotética entrada en vigor. Excepto para Ciudadanos, que vive su momento más dulce, el panorama político secreta todo tipo de hormonas del miedo en vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales que están a la vuelta de la esquina.

Dieciséis meses son un suspiro en términos políticos. Especialmente en una región como la nuestra donde los liderazgos políticos son más líquidos que sólidos y todo indica que nos encaminamos a una fragmentación aún mayor del arco parlamentario. La posibilidad real de que el PP pierda el poder (por el desgaste de tantos años de gobierno, no pocos errores de bulto, la circunscripción electoral única y el posterior proceso de alianzas) ha llevado a quien será su candidato autonómico a apostar fuerte con el anuncio de esa rebaja del tramo autonómico del IRPF. Una reducción fiscal, en línea con la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, que está en consonancia con el ideario liberal en lo económico que Pedro Antonio Sánchez y ahora López Miras querían imprimir para dinamizar la economía, ahora que crece por encima del 2%, y recuperar de paso, así, el afecto de las clases medias de cara a las urnas. Pero no deja de ser una medida de alto riesgo y polémica porque la Región sigue necesitada de ingresos en sus arcas públicas y va a ser la única comunidad autónoma que incumplirá el objetivo de déficit en 2017. Un año más, el Tribunal de Cuentas nos acaba de recordar cómo fue necesario en 2015 aportar más de 400 millones adicionales a los presupuestados para mantener las prestaciones del Servicio Murciano de Salud.

Es verdad que buena parte de la infrafinanciación estatal procede del injusto modelo autonómico, y que existe una promesa política de reparar esa injusticia para con la Región a lo largo de este año, pero a día de hoy ni están aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ni hay garantías de que el nuevo sistema autonómico de financiación se apruebe en cuestión de meses. Tampoco de que el Gobierno central acepte la propuesta de mutualizar la deuda de la Región derivada del fondo de liquidez autonómica. Y, entretanto, no serán pocas las comunidades que en el proceso de negociación del nuevo modelo echarán en cara al ministro Montoro que la región que más incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria vuelve a bajar los impuestos.
Si esta apuesta política le sale bien y la rebaja del IRPF no queda en un recorte testimonial para el bolsillo de todos los murcianos, Miras dispondrá de una baza electoral importante porque prácticamente coincidirá la entrada en vigor de la reforma fiscal con la llamada a las urnas. Si, por el contrario, el presidente no cumple con las expectativas anunciadas, el batacazo será monumental. Cuentan en San Esteban que la propuesta del IRPF tiene el visto bueno de Rajoy (no sería de extrañar que entre las medidas que el PPnacional ponga sobre la mesa haya una reducción de impuestos), pero lo cierto es que hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado todas las comunidades autónomas van a tener una merma mensual en sus ingresos. Y eso aumentará el riesgo de incrementar la morosidad de la administración regional en el pago a sus empresas proveedoras, lo que en nada ayudará a la dinamización económica. Al contrario.
López Miras ha precipitado su anuncio de manera plenamente consciente. Reconoció que aún no se han hecho los estudios necesarios para saber cuándo y cuánto se reducirá el IRPF. Pedro Antonio Sánchez anticipó con meses de antelación que suprimiría el impuesto de sucesiones y López Miras cumplió después con ese compromiso. Por tanto, si se hizo con anterioridad, esta nueva promesa fiscal puede volver a concretarse. Pero esta vez el objetivo es mucho más comprometido porque el Gobierno regional actuará sobre el tramo autonómico de un impuesto estatal que puede sufrir variaciones en Madrid, bien por decisión política del Gobierno central antes de las elecciones o bien durante la negociación del modelo de financiación autonómica. Precisamente, una de las hipótesis sobre la mesa apunta a una mayor cesión de lo recaudado por IVA e IRPF a las comunidades autónomas. De ahí que el objetivo político marcado por el presidente regional sea mucho más complicado que la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Miras sabe que tiene poco tiempo para consolidarse y ha decidido jugar fuerte, intentando marcar agenda política desde el arranque del año. Esta es, de hecho, su primera apuesta personal de cierta entidad. Ocurre que el riesgo de una decisión equivocada o precipitada no solo afecta al futuro político de quien hoy está al volante de la Comunidad, sino al conjunto de la sociedad murciana. Es de esperar que esté suficientemente meditada. Lo contrario sería para echarse a temblar.

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Doce uvas, doce deseos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 31-12-2017 | 2:47| 0

Los seres humanos, según planteó el filósofo Isaiah Berlin, se pueden dividir en erizos y zorros. Mientras los primeros creen que un gran principio ordenador permite explicar y dar sentido a los acontecimientos históricos y sucesos individuales, los segundos piensan que pueden tener innumerables explicaciones y responder a principios distintos y hasta contradictorios. Pero aunque somos la única especie con conciencia del mañana, con permiso de las cigarras, ni erizos ni zorros podemos predecir el futuro. En las páginas siguientes, la Redacción de ‘La Verdad’ anticipa los acontecimientos que, en principio, centrarán la atención pública e informativa en la Región durante 2018. Lo que sigue bajo estas líneas son doce deseos personales para el próximo año.

Bajar de la barrera de los 100.000 desempleados

1. Las cifras de paro en la Región, pese a la evolución positiva en términos de afiliación, siguen siendo socialmente inasumibles. Precariedad, temporalidad y bajo nivel adquisitivo son la cruz de un mercado de trabajo revitalizado. Las políticas de empleo deberían atender fundamentalmente a los jóvenes. De los 229.000 murcianos de entre 16 y 29 años, 43.400 ni estudian ni trabajan. Uno de cada cuatro. El 82% de ellos están ya inscritos en el programa de Garantía Juvenil, que debería multiplicar sus frutos.

Ni una víctima mortal más por violencia de género

2. 2017 se cerró con tres mujeres asesinadas. 2018 llega con las numerosas medidas previstas en el Pacto de Estado alcanzado en julio, aunque algunas tardarán en entrar en vigor porque exigen cambios legislativos. Trabajar con eficacia, decisión y fondos suficientes para dejar a cero los crímenes machistas debería ser una prioridad para el Gobierno regional y los partidos políticos.

Última oportunidad para proteger el Mar Menor

3. La ley de medidas urgentes que se tramitará en la Asamblea Regional no puede quedar en un mero maquillaje. Puede que esta oportunidad sea la última. La prioridad debe ser medioambiental porque de la salud de ese valioso ecosistema dependerá todo el desarrollo socioeconómico de la comarca. Los criterios de sostenibilidad, basados en el consenso científico, deben imponerse a las urgencias políticas. Habrá que dar soluciones a la agricultura del Campo de Cartagena y esta asumir las prácticas que sean necesarias para preservar la gran laguna salada.

 Pacto Nacional por el Agua, ya

4. La Región necesita como el comer que llueva en la cuenca del Segura y en la cabecera del Tajo, pero las previsiones no son halagüeñas. Un quinto año de sequía, con el Trasvase cerrado y las desaladoras lejos de su pleno rendimiento, puede ser letal para la agricultura más competitiva de España. Los regantes piden a los políticos que cumplan con su trabajo y busquen soluciones. No hay excusa posible para dilatar un Pacto Nacional por el Agua que no se ciña a una vaga declaración de intenciones. De no llegar soluciones estructurales en 2018, los votantes depurarán responsabilidades un año después.

Derecho a saber

5. La democracia muere en la oscuridad. 2018 debería servir de impulso al derecho a saber. Que la transparencia, participación y el buen gobierno no solo sean recursos dialécticos para mejorar la imagen pública de los gobernantes. La nueva ley de contratos públicos debe aplicarse en toda su extensión. Hacen falta más jueces para desatascar causas complejas de presunta corrupción, más rendición de cuentas y menos dobles varas de medir.

Es la educación

6. La peor política universitaria es la que no existe. Una cosa es la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y otra bien distinta es la falta de ordenación, planificación y fijación de objetivos en la enseñanza superior. La ley de universidades regional debería salir adelante para adaptarse a una realidad muy cambiante y buscar parámetros de excelencia tanto en la investigación como en la docencia. Hay miedo a abrir ese melón y muy poca ambición. Los ‘ranking’ reflejan bien dónde estamos.

Sanear las cuentas públicas

7. Urge un nuevo modelo de financiación autonómica que no penalice a la Región. La deuda pública asciende ya a 7.000 millones y volvemos a ser campeones nacionales del déficit, incumpliendo además la regla de gasto. El Gobierno regional hace bien en bajar los impuestos, pero incumple con su obligación de garantizar el equilibrio financiero de sus cuentas. No todo es achacable al modelo de financiación. No debería olvidarlo en 2018. En año preelectoral las tentaciones de fiesta no son pocas.

Más foco en la Atención Primaria

8. Reforzar la red de Atención Primaria para mejorar la ratio de pacientes por profesional y descongestionar los centros más masificados (aún no ha llegado el invierno más duro y la saturación en las Urgencias ya ha causado la suspensión de intervenciones). Reducir las listas de espera debe ser otra prioridad ineludible en 2018.

Carreteras más seguras

9. Las cifras de siniestralidad en las carreteras de la Región durante 2017 exigen una actuación inmediata. Las constantes noticias de conductores profesionales que dan positivo al alcohol y drogas deberían conducir a la adopción de medidas contundentes para preservar la vida de las personas.

Apoyar la ciencia y la innovación

10. La Región no será competitiva mientras no dé un notable respaldo financiero a un plan de I+D+i con objetivos a medio y largo plazo, algo de lo que carecemos en la actualidad. Todo el talento generado escapará en busca de oportunidades en el exterior y las empresas irán perdiendo fuerza en un competitivo mercado globalizado y digitalizado. El cortoplacismo pasará factura.

Profesionalización del turismo

11. Nadie viaja a Venecia por la calidad o ubicación de su aeropuerto. La motivación del viajero es otra.  Corvera y el AVE lo pondrán mucho más fácil, pero hace falta una oferta turística bien armada, un sector tan emprendedor como el agroalimentario y destinar más fondos a promoción, si es que se quiere competir con los gigantes que nos flanquean. La ciudad de Murcia no tiene un hotel de 5 estrellas y Roquetas, más camas hoteleras que toda la costa cartagenera. Así seguirá siendo difícil.

Protección del patrimonio cultural

12. Asignatura pendiente en la que progresamos con lentitud en Murcia, Cartagena y Lorca. Despedimos 2017 con incertidumbre sobre la continuidad del proyecto de La Bastida y con la esperanza depositada en las excavaciones del anfiteatro de Cartagena. Nuestro patrimonio es valioso, amplio y diverso. Necesita en 2018 una defensa proactiva de las administraciones.

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Astronautas del Mar Menor
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-12-2017 | 9:34| 0

Durante años se hizo la vista gorda para no perjudicar a la agricultura sin ver, aún hoy, que el deterioro del Mar Menor es la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos

En las vísperas de la presentación de la denuncia de la Fiscalía, el astronauta Pedro Duque divulgaba en las redes sociales una espectacular foto del Mar Menor tomada desde la estación espacial internacional. Frente al intenso azul del Mediterráneo, nuestra laguna lucía verdosa. Muchos usuarios de Twitter interpretaron la hermosa imagen como una prueba inequívoca de su deterioro. Pocos repararon en que la fotografía, como se especificaba, databa de 2011, y en que los ríos o las lagunas no muestran el azul marino de los grandes mares porque su profundidad es mucho menor. (La intensidad del azul depende de cuánta agua haya para absorber la luz solar). Por eso, el Mar Menor nunca se verá tan azul como el Mar Mayor desde el espacio. Lo observaremos con mayor palidez o con un verde más intenso cuanto más proliferen, como sucedió en los últimos años, las algas microscópicas por el vertido de nitratos agrícolas. En 2016 ya pudimos constatar, con imágenes subacuáticas de los naturalistas de Anse, hasta qué punto este proceso de eutrofización había disminuido la visibilidad. Y cómo esa pérdida de luz y oxígeno essquilmaba la flora del fondo, poniendo en riesgo la cadena trófica. Esa catastrófica sopa de nutrientes estuvo acumulándose durante años hasta que se puso biológicamente en ebullición por la subida de temperaturas del calentamiento global. En 2010, un año antes de la foto del astronauta, la Confederación Hidrográfica ya había cuantificado en el Plan de Cuenca del Segura que las conocidas filtraciones subterráneas y los vertidos superficiales, intencionados o como producto de escorrentías, alcanzaban entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y fosfatos al año. Pero la respuesta del entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, fue negar el rigor de los datos y acusar de alarmismo a quien los lanzaba. «El Mar Menor está mejor que nunca», aseveró. La CHS diagnosticó el problema, pero tampoco puso en marcha ninguna de las medidas correctoras que planificó. Por desidia, por falta de dinero o por no perjudicar a la agricultura. Solo a partir de 2013 la CHS comenzó a abrir expedientes por los pozos ilegales, sin que aún hubiera trascendido públicamente la existencia de cientos de desalobradoras en fincas de particulares o de empresas que lanzaban salmuera con nitratos al Mar Menor. La denuncia de la Fiscalía no está exenta de críticas a las consecuencias medioambientales del proceso de transformación de los cultivos del Campo de Cartagena, pero no abre una causa general, como ocurrió en el sobreseido caso por la contaminación del Segura, fruto de una denuncia genérica de un partido, sino que delimita la posible comisión de delito medioambiental y prevaricación continuada a 13 ex altos cargos y 24 agricultores y empresas. Es a la juez a quien corresponde determinar si esos hechos y actuaciones merecen reproche penal y cuál es la responsabilidad jurídica de cada uno de los señalados. Con todas las garantías para los acusados, debe hacerlo caiga quien caiga. Esa tarea judicial no excluye el debate social sobre la gestión del problema, las consecuencias dramáticas para el Mar Menor y las medidas correctoras para mitigar en la medida de lo posible un desastre consentido, según el fiscal. Y en esa discusión pública hay que incluir también el futuro de la industria agroalimentaria porque a la falta de recursos hídricos se suma ahora un golpe reputacional.

Si la razón de unos y otros para mirar a otro lado era no perjudicar a la competitiva agricultura del Campo de Cartagena no se pudo ser más torpe y miope. El deterioro del Mar Menor es hoy la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos, que tienen en cuenta cada vez más los criterios de sostenibilidad al decidir qué productos adquieren. ¿Cómo van a reaccionar los compradores del Reino Unido cuando sepan que una multinacional con capital británico presuntamente arrojó entre 2012 y 2016 al Mar Menor salmuera con nitratos sin depurar en una cantidad equivalente a 767 piscinas olímpicas? ¿Cuál será el efecto reputacional y económico cuando a lo largo de la investigación judicial salgan a la luz fotografías de desalobradoras ocultas en zulos subterráneos o de cientos de tuberías pinchadas a un salmueroducto inconcluso que vierte a un ecosistema de altísimo valor, teóricamente protegido por múltiples figuras jurídicas? ¿Afectará injustamente este potencial estigma sobrevenido a la mayoría de empresas de la Región, que destacan por sus buenas prácticas agrícolas? Por lo visto, nadie pensó en las consecuencias durante el Gobierno de Valcárcel y en la última etapa de la CHS del Ejecutivo de Zapatero de tanta irresponsable inacción.

La nueva Política Agraria Común se centrará en la sostenibilidad. La UE ya no solo pedirá a la agricultura que respete las leyes que protegen el medio natural, sino que se convierta en un verdadero agente medioambiental. Se puede dedicar el tiempo que se quiera a especular por qué el presidente de la CHS, habiendo sido director general del Agua durante casi todo el mandato de Cerdá, no está señalado en la denuncia. O a debatir de dónde saca el fiscal, sin acreditar la fuente como hace profusamente en el resto de su escrito, que hay más de 20.000 hectáreas de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena. El asunto de fondo es cómo se adaptará nuestra exitosa agricultura a las exigencias medioambientales de una UE que, además, apuesta por controlar la demanda del agua.

Desde todos los puntos de vista, la prioridad regional debe ser recuperar el Mar Menor. Con eficacia, rigor y sin más urgencias que las medioambientales. Sabiendo que el acumulativo deterioro quizá sea irreversible porque el medio natural, aunque goce de sus propios mecanismos de plasticidad y recuperación, no se puede modular a voluntad. Es posible paralizar el daño y tomar medidas correctoras, pero restañar el deterioro infringido quizá lleve décadas y sin garantías de que el paciente en estado crítico recuperará un buen estado de salud. Así ocurre en todos los ecosistemas, especialmente en los más vulnerables, como se sabe desde hace muchas décadas en todo el mundo. Aquí, algunos responsables políticos siguen sin poner los pies en la tierra, acuciados por otras cuitas y pensando en su foto desde su particular atalaya orbital.

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La academia de los ociosos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 10-12-2017 | 2:28| 0

Nos espera un 2018 repleto de importantes debates sobre el modelo territorial que serán punto de partida para una reforma constitucional. Está por ver si sus protagonistas estarán a la altura de los desafíos que se pretenden superar

Es de esperar que la comisión creada en el Congreso de los Diputados para evaluar a partir de enero la reforma del modelo territorial no se convierta en la napolitana Academia de los Ociosos en la que ingresó Francisco de Quevedo. Aunque agrupados bajo un engañoso nombre (su lema era ‘no quedarse en la apatía’ y sus integrantes no eran perezosos desocupados sino poetas y literatos que apostaban por cultivar el espíritu), Quevedo y sus contertulios derivaban con facilidad en bizantinas discusiones sobre qué tipo de canciones cantaron las sirenas para atraer a Ulises o con qué pie tocó tierra Eneas cuando desembarcó en Italia. Ahora son malos tiempos para la lírica y lo deseable es que la apertura del melón del estado autonómico, de cara a una eventual reforma de la Constitución, no sirva a la postre para que cada partido saque su particular tajada de un debate necesario, siempre que conduzca a una mejora estructural del sistema autonómico y a los cambios precisos para dar respuesta a los problemas de un país que empieza a parecerse poco al de 1978. Los dos grandes partidos ya han avanzado la lista de comparecientes que desfilarán por el Congreso durante los próximos seis meses, sin que por el momento sepamos muy bien a qué va a conducir todo un proceso que no debería utilizarse para satisfacer o apaciguar a los separatistas. Las dificultades para llegar a un consenso son elevadas porque de partida las posiciones son muy distantes. Por un lado, frente a la impasibilidad del PP de Rajoy nos encontramos la alternativa federalista del PSOE de Sánchez, que no se termina ni de concretar ni de entenderse. Y luego en los extremos aparecen Podemos, que apuesta por tirar la casa en lugar de reformarla, y los nacionalistas, renuentes a cualquier acuerdo por su falta de interés político en un proyecto común. Pero las dificultades de inicio no deberían poner freno a una revisión ineludible, habida cuenta de la grave crisis institucional que ha vivido España en los últimos siete años. Mucho más complicado era el entorno político y social de los años previos a la redacción y aprobación de la Constitución. Pero lo que entonces parecía imposible se hizo realidad por la talla política de los actores implicados, la existencia de una verdadera voluntad de cambio democrático y, desde luego, la participación activa de una ciudadanía que se sentía protagonista de la transición a la democracia. Ninguna de esas tres premisas previas se dan ahora. Da igual, la situación obliga.

Más allá de la sempiterna necesidad de dar contenido y competencias territoriales al Senado, habría que buscar soluciones de fondo para algunos males que han lastrado la competitividad política, económica y social del país. Algunas de esas taras, como la fractura del sistema educativo en 17 diferentes, han contribuido al debilitamiento de España como proyecto, aunque ya tienen difícil remedio dado que no cabe, ni sería deseable, una involución de competencias autonómicas. Existen mecanismos de coordinación real para lograr la cohesión y la equidad o de garantías para aplicar políticas de Estado, por ejemplo en materia de agua. Durante años, los técnicos de las comunidades autónomas han aportado soluciones a retos comunes en el seno de organismos como el Consejo Interterritorial de Salud o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, soluciones que a la hora de la verdad han sido orilladas por los dirigentes políticos de distinto signo en beneficio de posiciones partidistas o territoriales. Me temo pues que no es tanto la falta de nuevas herramientas, sino de voluntad política, lo que impedirá avances sustanciales en las posibles reformas territorial y constitucional.

De ahí que sería bueno que antes, o al menos paralelamente, hubiera un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya entrada en vigor está pendiente desde hace tres años. Parece que espoleado por las críticas de los barones de su partido y del PSOE por la aprobación del cupo vasco, Rajoy ha dado órdenes a Montoro para que entre en materia, a lo que ha respondido el ministro con una convocatoria para el próximo 28 de diciembre, día de los Inocentes, de los técnicos autonómicos. Para entonces ya habrá nuevo Gobierno en Cataluña. Teóricamente, el panorama se habrá despejado. O quizá no, en función del nuevo signo político de la Generalitat.

Lo cierto es que la Región de Murcia se juega mucho en ese envite y no le conviene en absoluto que la nueva financiación se posponga sine die. El comité de sabios dirigido por Ángel de la Fuente, el IVIE, Fedea… apuntan con claridad que somos, junto a la Comunidad Valenciana, el territorio autonómico más perjudicado por el actual modelo. Hace solo unos días, el mapa de la financiación autonómica elaborado por la Universidad de Barcelona ha vuelto a confirmar lo ya sabido: los mecanismos de compensación financiera introducidos en el modelo vigente penalizan a la Región. La necesidad de revertir esa situación es más acuciante porque, además, el Gobierno de López Miras ha tomado la decisión política de eliminar a partir del 1 de enero el impuesto de sucesiones y donaciones, de acuerdo con Ciudadanos y asumiendo una reclamación de los empresarios de Croem y otras organizaciones sociales. Por el momento, el Ejecutivo murciano lo apuesta todo a la dinamización de la economía y el consumo, hasta el punto de que prevé un incremento de 174 millones en sus ingresos por la vía de los impuestos estatales. Una mejora en las arcas regionales que no deja de ser relevante, pero que en definitiva sigue dejando un margen muy estrecho para inversiones productivas de calado porque un altísimo porcentaje de las cuentas públicas es absorbido por el mantenimiento de la educación, la sanidad y otros servicios básicos esenciales. Nos espera un 2018 repleto de importantes debates territoriales. Lo que está por ver es si sus protagonistas van a estar a la altura de los desafíos que se pretenden superar.

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Es la educación
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-11-2017 | 1:06| 0

Asombra ver las posiciones que ocupamos en los ‘rankings’ y escuchar cómo desde la cúspide de las universidades se exhiben, como parámetros de excelencia, el haber superado la acreditación de la Aneca o la alta demanda de plazas

Al exministro de Obras Públicas Josep Borrell le han ofrecido ir en el tercer puesto de las listas socialistas en las elecciones catalanas, pero a estas alturas no se le pasa por la cabeza volver a la política y se ha blindado contra cualquier tentación para poder así continuar con su vida profesional y personal. Solo en el plano de las hipótesis responde que si le ofrecieran hoy una cartera ministerial elegiría Educación. «España tiene hoy mucha infraestructura física y poca infraestructura personal. Nos gusta mucho inaugurar obras, porque se ven, pero los países que ganan la batalla son los que invierten en educación. Lo que necesita este país ahora es invertir en inteligencia, en capital humano», dijo Borrell el viernes en el Foro Nueva Murcia. Como en otros asuntos, acierta en el centro de la diana el expresidente del Parlamento Europeo, hoy una isla de racionalidad en este océano político donde se activan resortes emocionales y se falta a la verdad para movilizar adhesiones. Sí, es la educación. No lo duden. Y lo que es fundamental para España lo es especialmente para la Región de Murcia.

Este jueves, en su informe anual sobre Educación, la Comisión Europea nos sacaba una vez más los colores. España tiene la segunda tasa más alta de abandono escolar temprano de la UE. Nada menos que un 19%, casi nueve puntos por encima de la media de los Veintiocho. Pero si se analizan las diferencias territoriales el panorama todavía es más oscuro. Frente a una tasa de abandono del 7,9% en el País Vasco, Baleares alcanza el 26,8% y la Región de Murcia el 26,4 %. Esta semana el INE nos ha enviado otra fea fotografía emparentada con la anterior: las diferencias salariales entre regiones siguen en ascenso. En el País Vasco los sueldos medios ya son un 40% superiores a los de Extremadura o la Región de Murcia. Esa brecha de desigualdad salarial se concreta en unos 4.200 euros menos al año en los bolsillos de los murcianos. La causa directa es el diferente modelo productivo. La Región está reduciendo su tasa de desempleo gracias a la hostelería y la agricultura, pero son precisamente las actividades con el salario medio más bajo de las analizadas por el INE. Si esas dos son nuestras únicas grandes bolsas de trabajo, difícil lo tendremos para evitar que los adolescentes murcianos renuncien a completar su formación. Por el contrario, los jóvenes vascos abandonan en menor medida los estudios porque necesitan mayor cualificación para entrar en un mercado laboral más tecnificado y mejor remunerado.

Invertir más en la educación pública es imprescindible, aunque no basta si no se prioriza bien el gasto, si el modelo educativo no se adapta al entorno económico y social que muta irrefrenablemente por la globalización y la digitalización, y si no se producen cambios en el modelo productivo que prioricen áreas de actividad tecnológicas e industriales. A la vista está que el Pacto de Estado por la Educación y la apuesta por la I+D+i es ya una cuestión de pura supervivencia en este conectado y tecnológico mundo.

El Gobierno autónomo se ha fijado como objetivo convertir a la Región en un espacio de libertad económica que genere riqueza y empleo. Hace bien si elimina todas las trabas administrativas que alejan las inversiones productivas hacia otros territorios, siempre que no dañen nuestro patrimonio natural e histórico. Pero se equivocará si se limita a dejar hacer y no diseña una política industrial y educativa fijándose objetivos y tomando decisiones para emplear con eficacia los recursos públicos. Hace falta una estrategia regional claramente definida que priorice, por ejemplo, las industrias asociadas a la agricultura, desde la agroalimentaria a las empresas innovadoras en riego, semillas… El carajal que se ha creado con el cambio de modelo de las ITV y las primeras turbulencias por la prometida reforma universitaria muestran un Gobierno con ganas, aunque dubitativo, a veces torpón y con un discurso argumental tan básico que en ocasiones sonroja.

Quizá no sea el mejor momento para plantear la reforma de la ley universitaria regional, con elecciones al rectorado de la UMU a la vuelta de la esquina, pero más nos valdría que los partidos políticos y las propias universidades murcianas asuman que nuestros parámetros de excelencia, empleabilidad e internacionalización son claramente mejorables. Asombra ver las posiciones que ocupamos en los ‘rankings’ y observar cómo desde la cúspide de los centros superiores de enseñanza se exhiben, como parámetros de excelencia, el haber superado las acreditaciones de la Aneca (que solo fijan los mínimos exigibles) o la gran demanda de plazas, lo que bien puede explicarse por los precios de las tasas y la apetecible vida universitaria en una ciudad como Murcia. Que se cuenten por decenas de miles los universitarios en la Región de Murcia es un criterio tan endeble que vale para andar por casa, pero no para esgrimirlo en foros con una mínima altura académica. Si piensa el Gobierno regional que la mejor política universitaria es la que no existe anda muy equivocado. Es verdad que los efectos dañinos no se aprecian a corto plazo, pero son acumulativos y terminan por emerger. ‘Otra educación es posible’ es el lema del congreso Proyecto Aula que celebra este fin de semana ‘La Verdad’ con expertos en innovación pedagógica de dentro y fuera de la Región. Ahí se constata que no todo es negativo en nuestro sistema educativo. Al contrario, tenemos docentes excelentes y muy implicados, junto a no pocos alumnos brillantes. Hagamos de la educación un asunto central, dediquemos los recursos suficientes y fijemos objetivos ambiciosos. Los resultados terminarán por llegar.

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