La Verdad
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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
Astronautas del Mar Menor
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-12-2017 | 9:34| 0

Durante años se hizo la vista gorda para no perjudicar a la agricultura sin ver, aún hoy, que el deterioro del Mar Menor es la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos

En las vísperas de la presentación de la denuncia de la Fiscalía, el astronauta Pedro Duque divulgaba en las redes sociales una espectacular foto del Mar Menor tomada desde la estación espacial internacional. Frente al intenso azul del Mediterráneo, nuestra laguna lucía verdosa. Muchos usuarios de Twitter interpretaron la hermosa imagen como una prueba inequívoca de su deterioro. Pocos repararon en que la fotografía, como se especificaba, databa de 2011, y en que los ríos o las lagunas no muestran el azul marino de los grandes mares porque su profundidad es mucho menor. (La intensidad del azul depende de cuánta agua haya para absorber la luz solar). Por eso, el Mar Menor nunca se verá tan azul como el Mar Mayor desde el espacio. Lo observaremos con mayor palidez o con un verde más intenso cuanto más proliferen, como sucedió en los últimos años, las algas microscópicas por el vertido de nitratos agrícolas. En 2016 ya pudimos constatar, con imágenes subacuáticas de los naturalistas de Anse, hasta qué punto este proceso de eutrofización había disminuido la visibilidad. Y cómo esa pérdida de luz y oxígeno essquilmaba la flora del fondo, poniendo en riesgo la cadena trófica. Esa catastrófica sopa de nutrientes estuvo acumulándose durante años hasta que se puso biológicamente en ebullición por la subida de temperaturas del calentamiento global. En 2010, un año antes de la foto del astronauta, la Confederación Hidrográfica ya había cuantificado en el Plan de Cuenca del Segura que las conocidas filtraciones subterráneas y los vertidos superficiales, intencionados o como producto de escorrentías, alcanzaban entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y fosfatos al año. Pero la respuesta del entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, fue negar el rigor de los datos y acusar de alarmismo a quien los lanzaba. «El Mar Menor está mejor que nunca», aseveró. La CHS diagnosticó el problema, pero tampoco puso en marcha ninguna de las medidas correctoras que planificó. Por desidia, por falta de dinero o por no perjudicar a la agricultura. Solo a partir de 2013 la CHS comenzó a abrir expedientes por los pozos ilegales, sin que aún hubiera trascendido públicamente la existencia de cientos de desalobradoras en fincas de particulares o de empresas que lanzaban salmuera con nitratos al Mar Menor. La denuncia de la Fiscalía no está exenta de críticas a las consecuencias medioambientales del proceso de transformación de los cultivos del Campo de Cartagena, pero no abre una causa general, como ocurrió en el sobreseido caso por la contaminación del Segura, fruto de una denuncia genérica de un partido, sino que delimita la posible comisión de delito medioambiental y prevaricación continuada a 13 ex altos cargos y 24 agricultores y empresas. Es a la juez a quien corresponde determinar si esos hechos y actuaciones merecen reproche penal y cuál es la responsabilidad jurídica de cada uno de los señalados. Con todas las garantías para los acusados, debe hacerlo caiga quien caiga. Esa tarea judicial no excluye el debate social sobre la gestión del problema, las consecuencias dramáticas para el Mar Menor y las medidas correctoras para mitigar en la medida de lo posible un desastre consentido, según el fiscal. Y en esa discusión pública hay que incluir también el futuro de la industria agroalimentaria porque a la falta de recursos hídricos se suma ahora un golpe reputacional.

Si la razón de unos y otros para mirar a otro lado era no perjudicar a la competitiva agricultura del Campo de Cartagena no se pudo ser más torpe y miope. El deterioro del Mar Menor es hoy la mayor amenaza para nuestras hortalizas y frutas por la conciencia ambiental de los consumidores europeos, que tienen en cuenta cada vez más los criterios de sostenibilidad al decidir qué productos adquieren. ¿Cómo van a reaccionar los compradores del Reino Unido cuando sepan que una multinacional con capital británico presuntamente arrojó entre 2012 y 2016 al Mar Menor salmuera con nitratos sin depurar en una cantidad equivalente a 767 piscinas olímpicas? ¿Cuál será el efecto reputacional y económico cuando a lo largo de la investigación judicial salgan a la luz fotografías de desalobradoras ocultas en zulos subterráneos o de cientos de tuberías pinchadas a un salmueroducto inconcluso que vierte a un ecosistema de altísimo valor, teóricamente protegido por múltiples figuras jurídicas? ¿Afectará injustamente este potencial estigma sobrevenido a la mayoría de empresas de la Región, que destacan por sus buenas prácticas agrícolas? Por lo visto, nadie pensó en las consecuencias durante el Gobierno de Valcárcel y en la última etapa de la CHS del Ejecutivo de Zapatero de tanta irresponsable inacción.

La nueva Política Agraria Común se centrará en la sostenibilidad. La UE ya no solo pedirá a la agricultura que respete las leyes que protegen el medio natural, sino que se convierta en un verdadero agente medioambiental. Se puede dedicar el tiempo que se quiera a especular por qué el presidente de la CHS, habiendo sido director general del Agua durante casi todo el mandato de Cerdá, no está señalado en la denuncia. O a debatir de dónde saca el fiscal, sin acreditar la fuente como hace profusamente en el resto de su escrito, que hay más de 20.000 hectáreas de regadíos ilegales en el Campo de Cartagena. El asunto de fondo es cómo se adaptará nuestra exitosa agricultura a las exigencias medioambientales de una UE que, además, apuesta por controlar la demanda del agua.

Desde todos los puntos de vista, la prioridad regional debe ser recuperar el Mar Menor. Con eficacia, rigor y sin más urgencias que las medioambientales. Sabiendo que el acumulativo deterioro quizá sea irreversible porque el medio natural, aunque goce de sus propios mecanismos de plasticidad y recuperación, no se puede modular a voluntad. Es posible paralizar el daño y tomar medidas correctoras, pero restañar el deterioro infringido quizá lleve décadas y sin garantías de que el paciente en estado crítico recuperará un buen estado de salud. Así ocurre en todos los ecosistemas, especialmente en los más vulnerables, como se sabe desde hace muchas décadas en todo el mundo. Aquí, algunos responsables políticos siguen sin poner los pies en la tierra, acuciados por otras cuitas y pensando en su foto desde su particular atalaya orbital.

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La academia de los ociosos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 10-12-2017 | 2:28| 0

Nos espera un 2018 repleto de importantes debates sobre el modelo territorial que serán punto de partida para una reforma constitucional. Está por ver si sus protagonistas estarán a la altura de los desafíos que se pretenden superar

Es de esperar que la comisión creada en el Congreso de los Diputados para evaluar a partir de enero la reforma del modelo territorial no se convierta en la napolitana Academia de los Ociosos en la que ingresó Francisco de Quevedo. Aunque agrupados bajo un engañoso nombre (su lema era ‘no quedarse en la apatía’ y sus integrantes no eran perezosos desocupados sino poetas y literatos que apostaban por cultivar el espíritu), Quevedo y sus contertulios derivaban con facilidad en bizantinas discusiones sobre qué tipo de canciones cantaron las sirenas para atraer a Ulises o con qué pie tocó tierra Eneas cuando desembarcó en Italia. Ahora son malos tiempos para la lírica y lo deseable es que la apertura del melón del estado autonómico, de cara a una eventual reforma de la Constitución, no sirva a la postre para que cada partido saque su particular tajada de un debate necesario, siempre que conduzca a una mejora estructural del sistema autonómico y a los cambios precisos para dar respuesta a los problemas de un país que empieza a parecerse poco al de 1978. Los dos grandes partidos ya han avanzado la lista de comparecientes que desfilarán por el Congreso durante los próximos seis meses, sin que por el momento sepamos muy bien a qué va a conducir todo un proceso que no debería utilizarse para satisfacer o apaciguar a los separatistas. Las dificultades para llegar a un consenso son elevadas porque de partida las posiciones son muy distantes. Por un lado, frente a la impasibilidad del PP de Rajoy nos encontramos la alternativa federalista del PSOE de Sánchez, que no se termina ni de concretar ni de entenderse. Y luego en los extremos aparecen Podemos, que apuesta por tirar la casa en lugar de reformarla, y los nacionalistas, renuentes a cualquier acuerdo por su falta de interés político en un proyecto común. Pero las dificultades de inicio no deberían poner freno a una revisión ineludible, habida cuenta de la grave crisis institucional que ha vivido España en los últimos siete años. Mucho más complicado era el entorno político y social de los años previos a la redacción y aprobación de la Constitución. Pero lo que entonces parecía imposible se hizo realidad por la talla política de los actores implicados, la existencia de una verdadera voluntad de cambio democrático y, desde luego, la participación activa de una ciudadanía que se sentía protagonista de la transición a la democracia. Ninguna de esas tres premisas previas se dan ahora. Da igual, la situación obliga.

Más allá de la sempiterna necesidad de dar contenido y competencias territoriales al Senado, habría que buscar soluciones de fondo para algunos males que han lastrado la competitividad política, económica y social del país. Algunas de esas taras, como la fractura del sistema educativo en 17 diferentes, han contribuido al debilitamiento de España como proyecto, aunque ya tienen difícil remedio dado que no cabe, ni sería deseable, una involución de competencias autonómicas. Existen mecanismos de coordinación real para lograr la cohesión y la equidad o de garantías para aplicar políticas de Estado, por ejemplo en materia de agua. Durante años, los técnicos de las comunidades autónomas han aportado soluciones a retos comunes en el seno de organismos como el Consejo Interterritorial de Salud o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, soluciones que a la hora de la verdad han sido orilladas por los dirigentes políticos de distinto signo en beneficio de posiciones partidistas o territoriales. Me temo pues que no es tanto la falta de nuevas herramientas, sino de voluntad política, lo que impedirá avances sustanciales en las posibles reformas territorial y constitucional.

De ahí que sería bueno que antes, o al menos paralelamente, hubiera un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya entrada en vigor está pendiente desde hace tres años. Parece que espoleado por las críticas de los barones de su partido y del PSOE por la aprobación del cupo vasco, Rajoy ha dado órdenes a Montoro para que entre en materia, a lo que ha respondido el ministro con una convocatoria para el próximo 28 de diciembre, día de los Inocentes, de los técnicos autonómicos. Para entonces ya habrá nuevo Gobierno en Cataluña. Teóricamente, el panorama se habrá despejado. O quizá no, en función del nuevo signo político de la Generalitat.

Lo cierto es que la Región de Murcia se juega mucho en ese envite y no le conviene en absoluto que la nueva financiación se posponga sine die. El comité de sabios dirigido por Ángel de la Fuente, el IVIE, Fedea… apuntan con claridad que somos, junto a la Comunidad Valenciana, el territorio autonómico más perjudicado por el actual modelo. Hace solo unos días, el mapa de la financiación autonómica elaborado por la Universidad de Barcelona ha vuelto a confirmar lo ya sabido: los mecanismos de compensación financiera introducidos en el modelo vigente penalizan a la Región. La necesidad de revertir esa situación es más acuciante porque, además, el Gobierno de López Miras ha tomado la decisión política de eliminar a partir del 1 de enero el impuesto de sucesiones y donaciones, de acuerdo con Ciudadanos y asumiendo una reclamación de los empresarios de Croem y otras organizaciones sociales. Por el momento, el Ejecutivo murciano lo apuesta todo a la dinamización de la economía y el consumo, hasta el punto de que prevé un incremento de 174 millones en sus ingresos por la vía de los impuestos estatales. Una mejora en las arcas regionales que no deja de ser relevante, pero que en definitiva sigue dejando un margen muy estrecho para inversiones productivas de calado porque un altísimo porcentaje de las cuentas públicas es absorbido por el mantenimiento de la educación, la sanidad y otros servicios básicos esenciales. Nos espera un 2018 repleto de importantes debates territoriales. Lo que está por ver es si sus protagonistas van a estar a la altura de los desafíos que se pretenden superar.

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Es la educación
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-11-2017 | 1:06| 0

Asombra ver las posiciones que ocupamos en los ‘rankings’ y escuchar cómo desde la cúspide de las universidades se exhiben, como parámetros de excelencia, el haber superado la acreditación de la Aneca o la alta demanda de plazas

Al exministro de Obras Públicas Josep Borrell le han ofrecido ir en el tercer puesto de las listas socialistas en las elecciones catalanas, pero a estas alturas no se le pasa por la cabeza volver a la política y se ha blindado contra cualquier tentación para poder así continuar con su vida profesional y personal. Solo en el plano de las hipótesis responde que si le ofrecieran hoy una cartera ministerial elegiría Educación. «España tiene hoy mucha infraestructura física y poca infraestructura personal. Nos gusta mucho inaugurar obras, porque se ven, pero los países que ganan la batalla son los que invierten en educación. Lo que necesita este país ahora es invertir en inteligencia, en capital humano», dijo Borrell el viernes en el Foro Nueva Murcia. Como en otros asuntos, acierta en el centro de la diana el expresidente del Parlamento Europeo, hoy una isla de racionalidad en este océano político donde se activan resortes emocionales y se falta a la verdad para movilizar adhesiones. Sí, es la educación. No lo duden. Y lo que es fundamental para España lo es especialmente para la Región de Murcia.

Este jueves, en su informe anual sobre Educación, la Comisión Europea nos sacaba una vez más los colores. España tiene la segunda tasa más alta de abandono escolar temprano de la UE. Nada menos que un 19%, casi nueve puntos por encima de la media de los Veintiocho. Pero si se analizan las diferencias territoriales el panorama todavía es más oscuro. Frente a una tasa de abandono del 7,9% en el País Vasco, Baleares alcanza el 26,8% y la Región de Murcia el 26,4 %. Esta semana el INE nos ha enviado otra fea fotografía emparentada con la anterior: las diferencias salariales entre regiones siguen en ascenso. En el País Vasco los sueldos medios ya son un 40% superiores a los de Extremadura o la Región de Murcia. Esa brecha de desigualdad salarial se concreta en unos 4.200 euros menos al año en los bolsillos de los murcianos. La causa directa es el diferente modelo productivo. La Región está reduciendo su tasa de desempleo gracias a la hostelería y la agricultura, pero son precisamente las actividades con el salario medio más bajo de las analizadas por el INE. Si esas dos son nuestras únicas grandes bolsas de trabajo, difícil lo tendremos para evitar que los adolescentes murcianos renuncien a completar su formación. Por el contrario, los jóvenes vascos abandonan en menor medida los estudios porque necesitan mayor cualificación para entrar en un mercado laboral más tecnificado y mejor remunerado.

Invertir más en la educación pública es imprescindible, aunque no basta si no se prioriza bien el gasto, si el modelo educativo no se adapta al entorno económico y social que muta irrefrenablemente por la globalización y la digitalización, y si no se producen cambios en el modelo productivo que prioricen áreas de actividad tecnológicas e industriales. A la vista está que el Pacto de Estado por la Educación y la apuesta por la I+D+i es ya una cuestión de pura supervivencia en este conectado y tecnológico mundo.

El Gobierno autónomo se ha fijado como objetivo convertir a la Región en un espacio de libertad económica que genere riqueza y empleo. Hace bien si elimina todas las trabas administrativas que alejan las inversiones productivas hacia otros territorios, siempre que no dañen nuestro patrimonio natural e histórico. Pero se equivocará si se limita a dejar hacer y no diseña una política industrial y educativa fijándose objetivos y tomando decisiones para emplear con eficacia los recursos públicos. Hace falta una estrategia regional claramente definida que priorice, por ejemplo, las industrias asociadas a la agricultura, desde la agroalimentaria a las empresas innovadoras en riego, semillas… El carajal que se ha creado con el cambio de modelo de las ITV y las primeras turbulencias por la prometida reforma universitaria muestran un Gobierno con ganas, aunque dubitativo, a veces torpón y con un discurso argumental tan básico que en ocasiones sonroja.

Quizá no sea el mejor momento para plantear la reforma de la ley universitaria regional, con elecciones al rectorado de la UMU a la vuelta de la esquina, pero más nos valdría que los partidos políticos y las propias universidades murcianas asuman que nuestros parámetros de excelencia, empleabilidad e internacionalización son claramente mejorables. Asombra ver las posiciones que ocupamos en los ‘rankings’ y observar cómo desde la cúspide de los centros superiores de enseñanza se exhiben, como parámetros de excelencia, el haber superado las acreditaciones de la Aneca (que solo fijan los mínimos exigibles) o la gran demanda de plazas, lo que bien puede explicarse por los precios de las tasas y la apetecible vida universitaria en una ciudad como Murcia. Que se cuenten por decenas de miles los universitarios en la Región de Murcia es un criterio tan endeble que vale para andar por casa, pero no para esgrimirlo en foros con una mínima altura académica. Si piensa el Gobierno regional que la mejor política universitaria es la que no existe anda muy equivocado. Es verdad que los efectos dañinos no se aprecian a corto plazo, pero son acumulativos y terminan por emerger. ‘Otra educación es posible’ es el lema del congreso Proyecto Aula que celebra este fin de semana ‘La Verdad’ con expertos en innovación pedagógica de dentro y fuera de la Región. Ahí se constata que no todo es negativo en nuestro sistema educativo. Al contrario, tenemos docentes excelentes y muy implicados, junto a no pocos alumnos brillantes. Hagamos de la educación un asunto central, dediquemos los recursos suficientes y fijemos objetivos ambiciosos. Los resultados terminarán por llegar.

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La política suspende
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Alberto Aguirre de Cárcer | 29-10-2017 | 10:39| 0

A falta de año y medio para las elecciones autonómicas, el estudio de opinión pública que ‘La Verdad’ publica este domingo refleja un toque de atención de la sociedad murciana a sus políticos. Casi la mitad de los encuestados opina que la situación política es mala o muy mala (el 60% cree que es similar a la de los tiempos de Valcárcel) y está sumida en una enquistada inestabilidad. Aunque más del 50% piensa que es positiva la existencia de un gobierno sin mayoría absoluta, tres de cada cuatro personas manifiestan que los partidos regionales no están siendo capaces de colaborar entre ellos por el bien de la ciudadanía. Ninguno de los líderes regionales sobresale o alcanza el aprobado. Solo un 10% considera que los políticos actuales son mejores que los de anteriores legislaturas. De hecho, para el 62% son iguales a los de hace unos años. A unos les votarán más y a otros menos, pero en esta fotografía panorámica nadie sale favorablemente retratado. La aparición de dos nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) no ha supuesto a la postre una mejora en la percepción pública. El efecto de la ‘nueva política’ que abanderaban las formaciones emergentes se ha diluido con gran rapidez. Si existe realmente otra forma de hacer política, la gente no la percibe. Superado el ecuador de la legislatura, todavía marcada por la grave crisis a causa de la imputación y renuncia del expresidente popular Pedro Antonio Sánchez, este estudio deja un sabor amargo porque, en definitiva, ahí sigue la brecha de desafecto entre los ciudadanos y sus representantes electos, lo cual sigue siendo tremendamente negativo para el bien común e injusto para muchos políticos, de todos los partidos, que han asumido con honradez y voluntad de servicio una tarea que hoy no resulta gratificante (basta con asomarse a las redes sociales), salvo para aquellos que no tienen otra alternativa mejor en sus vidas.

Las razones son múltiples y complejas porque en muchos aspectos la calidad democrática ha experimentado en la Región de Murcia una clara mejoría en muy poco tiempo. Tenemos una Asamblea Regional claramente revitalizada y en el centro del debate público, la lucha contra con la corrupción ha salido reforzada, se han dado pasos (aún insuficientes) en transparencia y participación, y ha habido un innegable esfuerzo de los partidos por abrirse a la sociedad y mejorar sus mecanismos de participación interna (en algunos casos). Pero dicho todo eso, persisten los viejos vicios partidistas y la sensación de que, en términos generales, los mejores y mejor preparados no están presentes en la vida política murciana. Los partidos parecen haber olvidado que, estando en franco retroceso los vínculos de identificación ideológica o sentimental, lo que prima hoy en la ciudadanía es una relación instrumental con los políticos. La mayoría social desea simplemente que sus representantes resuelvan los problemas colectivos por la vía del acuerdo y el consenso. Que sean parte de la solución y no generadores de nuevos conflictos que sometan a la vida pública a una tensión adicional a la ya existente por una recuperación económica que dista de haber llegado a todos los murcianos. Resulta descorazonador para muchos observar que en algunos asuntos relevantes para la Región haya tanta incapacidad, y voluntad, para alcanzar posiciones comunes y superar desafíos que hasta ahora parecían consensuados. Dado que las elecciones autonómicas asoman ya en el horizonte, no conviene hacerse ilusiones. Al contrario, es muy posible que las posiciones y actitudes se fortifiquen. A estas alturas nadie le regalará nada al adversario. No hay nada peor que una sociedad sin pulso y nervio político que entre en un indeseable adormecimiento. Pero tanto tanto ruido y tan pocas nueces es igualmente frustrante.

Estos días asistimos, con aflicción, al lastimoso resultado de un proyecto de ingeniería social iniciado hace décadas por los nacionalistas catalanes para desgajar una parte del territorio español. Las aspiraciones de los separatistas, legítimas pero labradas a fuerza de adoctrinamiento, sectarismo y atajos en las leyes, desembocaron a la postre en un golpe ilegal y antidemocrático que ha causado a Cataluña una honda fractura social, ha dañado a su economía y ha terminado por limitar temporalmente su propio autogobierno. El Estado de derecho permitirá recuperar el orden constitucional, pero quién sabe si harán falta varias generaciones para restañar las heridas abiertas en el tejido social. La política es una arma poderosa para transformar la sociedad. Hagamos buen uso de ella. A veces produce desastres de incalculables consecuencias.

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Ventanas de oportunidad
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-10-2017 | 3:02| 0

Uno de los rasgos esenciales de la calidad de las democracias es la expectativa real de alternancia en el gobierno. Cuando los ciudadanos tienen ante sí proyectos políticos alternativos con fuerte respaldo electoral se refuerza el control al Ejecutivo, hay más posibilidades de trenzar consensos de amplia base social y siempre son menores las tentaciones acomodaticias o arbitrarias de quien detenta el poder. Por la voluntad expresada en las urnas, el PP lleva gobernando en la Región de Murcia con una amplia mayoría electoral desde hace veintidós años, sin que su principal oponente haya logrado constituirse en alternativa real durante dos décadas. Algún mérito habrán cosechado los populares para que haya ocurrido así. Pero visto que el PSOE queda reiteradamente a gran distancia en apoyo electoral cabe concluir que buena parte de la fortaleza del PP murciano se cimenta en la enquistada debilidad de los socialistas. Ni siquiera pudieron crecer a costa de la caída de los populares en las últimas elecciones porque los votos migraron hacia Ciudadanos y Podemos les arañó apoyos por su izquierda. Quien ha sido su líder en los últimos años, Rafael González Tovar, no consiguió mejorar las expectativas electorales de su partido y aunque soñó con alcanzar San Esteban al frente de un tripartito, en plena crisis por la imputación del expresidente Sánchez, nunca tuvo posibilidades reales de convertirse en presidente regional. Tovar deja a su partido en una posición fortalecida en el terreno municipal, con 26 alcaldes gracias a la política de pactos, con los deberes hechos en materia de democracia interna y con cierta cohesión interna en una formación donde las viejas familias han terminado por diluirse.

El 77% de los delegados del congreso regional aprobaron ayer su informe de gestión. Sin embargo, el PSRM es hoy un partido desmovilizado a fuerza de tanto traspiés en las urnas. Revertir esa situación de cara a las elecciones de 2019 será uno de los retos del alcalde alhameño Diego Conesa. No es tarea fácil. El PSOE es difícil de pastorear. Y más cuando los resultados no acompañan y no hay un liderazgo interno arrollador. El nuevo secretario general se impuso con una estrecha victoria en las primarias, lo que le obligará a romper con el pasado sin menospreciar el respaldo obtenido por su rival María González Veracruz, especialmente en Murcia, Cartagena y Lorca. Ese desafío ya lo ha sentido Conesa en sus carnes durante la confección de la nueva dirección, donde se ha rodeado de un núcleo duro compuesto por Joaquín López y dos jóvenes con muchas ganas, pero corta trayectoria, como son Francisco Lucas y Jordi Arce. No obstante, a Diego Conesa y Joaquín López se les abre una ventana de oportunidad de cara a las urnas. Sobre todo porque su principal adversario, Podemos, parece desinflarse a nivel nacional desde que firmó el ‘pacto de los botellines’ con IU y abandonó el discurso de la transversalidad. A los líderes regionales de Podemos, que fueron la sorpresa del nuevo panorama político, les va a costar superar los desatinos de la dirección de Pablo Iglesias en relación al órdago del independentismo catalán. En su búsqueda de una equidistancia imposible, cegados por su obsesión por desbancar a Rajoy, se han quedado en tierra de nadie, dando oxígeno a los nacionalistas con su inverosímil propuesta de diálogo para llevar a cabo un referéndum pactado y legal en Cataluña, lo que implica el reconocimiento de un derecho de autodeterminación que seguiría siendo inconstitucional con nuestro actual ordenamiento jurídico.

Toda su combativa lucha contra la corrupción ha quedado de alguna forma contaminada por su condescendencia con quienes, en este gravísimo desafío al Estado de Derecho, han cometido flagrantes ilegalidades que están en manos de jueces y fiscales. El sectarismo les ha hecho olvidar que no hay ilegalidad admisible aun cuando existan legítimas motivaciones ideológicas. Que duda cabe que el posicionamiento territorial de Podemos no empaña el trabajo individual de sus representantes murcianos, pero sea injusto o no es muy probable que todo esto les pase factura en una región con profundo sentimiento de españolidad.

Lo que hoy juega en contra de Podemos sopla a favor del PSOE, que ha actuado con responsabilidad ante la crisis política más grave vivida desde el 23F por este golpe antidemocrático del independentismo catalán. «Tenemos profundas diferencias con el PP, pero sobre la integridad territorial de España, ninguna», dijo ayer, acertadamente, Pedro Sánchez en Cartagena. Los socialistas murcianos abren una nueva etapa donde gozan de otra oportunidad para definir su proyecto y volver a ser un partido de mayorías en la Región de Murcia, como lo fueron durante muchos años tras la Transición.

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