La Verdad

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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
Política judicial
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Alberto Aguirre de Cárcer | 19-02-2017 | 7:48| 0

La tormenta judicial sobre Pedro Antonio Sánchez arreciaba en Murcia, pero ahora descarga también en Madrid. Una indiscreción del presidente y una torpe actuación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha derivado en un problema que ahora le estalla al Gobierno de Rajoy, acusado por la oposición de intervenir, a través de la Fiscalía General del Estado, para evitar la imputación de un presidente autonómico del PP. El auto del juez Velasco, que atribuye a PAS tres presuntos delitos, era una auténtica bomba judicial, aunque su espoleta fue inactivada por un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, contrario a su acusación. En días o semanas, el juez remitirá una exposición razonada al TSJ pidiendo que se investigue a PAS por una prolija relación de indicios, pero cualquiera que sea entonces el fiscal jefe (López Bernal, Díaz Manzanera o Sánchez Lucerga), el principio acusatorio del Ministerio Público quedó desactivado el lunes porque prevalecerá el criterio de los superiores jerárquicos. Aunque haya acusación particular, el ‘caso Púnica’ pierde fuelle jurídico para PAS. No así para el resto de los no aforados, después de que el juez Velasco procesara el viernes a todos, con un auto de procedimiento abreviado que le permite retener la causa y rebatir los argumentos jurídicos de la Fiscalía Anticorrupción.

Entrar a valorar el dictamen de Anticorrupción, avalado por cuatro fiscales del Supremo, o los razonamientos del juez Velasco sería absurdo por mi parte. Son cuestiones jurídicas que están al alcance de expertos cualificados en derecho y dudar de la competencia de unos u otros profesionales sería caer en el mismo reprobable comportamiento del portavoz popular Rafael Hernando, que, de nuevo para pasmo general, espetó este viernes que «hay fiscales que se inventan los delitos».

La polémica no hubiera ido a más, momentáneamente, si el propio presidente murciano no hubiera cometido el grave error de desvelar en una radio que cuatro fiscales del Supremo avalaron el dictamen, una interioridad del proceso que no debía conocer. Ahora quien tiene un problema político es el ministro, que deberá explicar en el Congreso cómo y por qué se gestó el dictamen sobre PAS, contrario al criterio de las fiscales que desde 2014 impulsaron la investigación del ‘caso Púnica’ en la Audiencia Nacional. No hay que ser un lince para intuir quién le dijo al presidente el lunes que cuatro fiscales del Supremo avalaron ese informe de la Fiscalía Anticorrupción. Ni tampoco de qué asuntos podrían estar hablando el día anterior el ministro de Justicia y el presidente cuando en Madrid tuvieron una conversación a solas en el congreso nacional del PP.

Que la Fiscalía General del Estado pida un dictamen no es un hecho excepcional en los procedimientos penales que afectan a aforados. Y entra, además, en el ámbito de sus competencias. Lo anómalo es que se filtren las interioridades de un proceso realizado en un órgano constitucional que tiene autonomía funcional, que el propio beneficiado del dictamen dé detalles a posteriori en un medio de comunicación, que la Fiscalía Anticorrupción saque una nota de prensa comunicando su decisión y que el ministro de Justicia arremeta contras las dos fiscales de ‘Púnica’, alentando un expediente sancionador, porque ambas, pese a que acatan la orden y no piden que se investigue a PAS, no firman un dictamen de su superior que en 12 líneas se adapta más al relato público del posible investigado que al que ambas hilvanaron tras años de pesquisas. Lo que realmente piensan las dos fiscales, para gran malestar del ministro, lo dejaron plasmado en su escrito de acusación sobre Barreiro, al afirmar que la senadora y Sánchez concertaron un «plan criminal» para que los trabajos de reputación personal fueran pagados con fondos públicos de la Consejería de Educación.

Como todo el proceso derivó efectivamente en anómalo, no es de extrañar que las asociaciones de fiscales, desde las conservadoras a las progresistas, hayan condenado las arremetidas del ministro contra unas fiscales que no han tenido posibilidad de calificar los supuestos indicios delictivos que investigaron durante dos años. Y le han recordado a Catalá que el principio de jerarquía, en el ámbito de la autonomía fiscal, está asociado al de unidad de acción para garantizar un criterio común y preservar así la seguridad jurídica. Así lo entendieron siempre los anteriores fiscales generales del Estado en esta etapa ministerial de Catalá, Torres Dulce, que dimitió, y Consuelo Madrigal, que no renovó en el cargo. Ambos, por lo visto, demasiado blandengues para el concepto de jerarquía exhibido por el ministro. Mal momento escogió el titular de Justicia para verbalizarlo, ahora que debe impulsar la reforma para que los fiscales, y no los jueces, instruyan las investigaciones penales. Y justo cuando el Consejo Fiscal procederá a renovar la Fiscalía Anticorrupción, varias especiales y muchas fiscalías superiores, entre ellas la de Murcia. Si el deseo del Gobierno es relevar a López Bernal en el TSJ, como reclama el PP regional desde hace años, lo están haciendo de la peor manera posible: echando material inflamable a ese colectivo y en un momento donde esa renovación tendrá polémica garantizada.

Lo peor de este episodio es que lejos de garantizar la confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y la autonomía de los fiscales no ha hecho más que empeorarla, acentuando la percepción de que la justicia está politizada y de que hay dos tipos de justiciables: los aforados y el resto de ciudadanos, cuyas cuitas en los tribunales se solventan con muchas menos garantías procesales. Tan cierto como que PAS lleva dos años en el ojo público con un demoledor desgaste político y personal lo es que goza de privilegiadas garantías judiciales al ser aforado. Ni la juez de Lorca ni el juez Velasco le han podido investigar de forma directa, pudiendo, sin estar acusado, haberse personado en el ‘caso Auditorio’ para pedir pruebas y formular recursos. Y el número de fiscales que han analizado los indicios incriminatorios contra él, solo para decidir si se le puede investigar, alcanza la decena. Tiene todo el apoyo de su Gobierno y de su partido, que le respaldará incluso si es llamado a declarar como investigado. La vida pública en Murcia gira hoy en torno a su suerte judicial. Porque las investigaciones judiciales siguen abiertas y la oposición no está dispuesta a soltar a su presa. Lo inaudito es que también sea por sus propios errores.

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Duelo al sol
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-02-2017 | 7:42| 0

Es difícil imaginarse a Podemos sin el liderazgo de Pablo Iglesias, pero también resultaba inimaginable hace unos meses que fuera él mismo quien iba a conducir a su partido directamente hasta el borde de un abismo. En la cita de Vistalegre no solo está en juego su continuidad al frente de Podemos, por su empeño en convertir este congreso en un plebiscito sobre su persona, en un ‘o yo o Errejón’, sino las propias expectativas de la formación morada a medio y largo plazo. El problema de fondo no es que haya dos proyectos en discusión, sino que la democrática confrontación interna de ideas, estrategias y propuestas ha derivado finalmente en una especie de duelo al sol entre él y su secretario político, un todo o nada aventado públicamente a cañonazos en los últimos meses y cuyo resultado se conocerá hoy en directo, con alta probabilidad de que uno de los dos pistoleros no sobreviva políticamente. A nadie le puede extrañar que la opinión pública haya percibido estas diferencias estratégicas y de organización como una auténtica pugna por el poder en la formación morada, totalmente alejada de las inquietudes de los ciudadanos, incluidos muchos de sus cinco millones de votantes en las últimas generales. Que miembros del 15M hayan declarado en la víspera de Vistalegre que hoy no se ven representados por Podemos, el partido que supo aprovechar esa ola de indignación ciudadana, es sintomático de su delicada situación.

El relato de ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ es bien distinto, pero desde la distancia se observan sobrados argumentos de fondo para esa rebelión interna. En junio pasado, Iglesias empezó a cometer errores políticos y no ha parado desde entonces. Hay que retrotraerse a esa rueda de prensa donde reclamaba la vicepresidencia y varios ministerios claves para llegar a un pacto de investidura del PSOE de Pedro Sánchez y al llamado ‘pacto de los botellines’ con IU, una alianza para lograr el ‘sorpasso’ que resultó fallida y dejó a Podemos sin la vitola de transversalidad que atrajo a muchos jóvenes votantes, desvelando al tiempo una obsesiva fijación de Iglesias por conquistar el poder a toda costa y lo más rápidamente posible. Luego llegaron las purgas a los errejonistas, una vez derrotados en las elecciones de Madrid, que sacaron a la luz los tics autoritarios y poco respetuosos con la pluralidad del hasta entonces indiscutido líder. El Comité de Garantías Democráticas, el órgano independiente que debe velar por una participación igualitaria en Podemos, quedó luego en entredicho cuando avaló la acumulación de cargos de Ramón Espinar, secretario general de Madrid, diputado autonómico y senador. Un comité presidido por quien es, al mismo tiempo, vicepresidenta del Congreso de los Diputados y letrada de la formación morada. Con esa discutida acumulación de cargos era esperable que los círculos, la base de ese partido, terminaran por dudar de la participación igualitaria en ese partido. La situación en las organizaciones territoriales también era propicia para el malestar interno. La concentración de poder en Madrid es manifiesta. Aunque la representación territorial estaba garantizada en el Consejo Estatal Ciudadano, la autonomía funcional y orgánica es limitada. Por no hablar de los recursos económicos. Hasta el 30% de los fondos obtenidos territorialmente se destinaban al sostenimiento estatal del partido, para desesperación de los círculos locales.

La dialéctica de la división alentada en la antesala de Vistalegre le pasará factura a Podemos, cualquiera que sea hoy el desenlace. Si al PSOE le quedan muchos meses de coser heridas, a Podemos le aguarda un escenario no menos problemático. Entre otras razones porque esa fractura entre Iglesias y Errejón se ha replicado en algunos territorios. En la Región de Murcia, que podía presumir de cohesión interna, se han escenificado ambos frentes, con el secretario general Óscar Urralburu del lado ‘errejonista’ y el diputado Javier Sánchez apoyando a los ‘pablistas’. Y a todo esto, con la eurodiputada Lola Sánchez dispuesta a plantearle batalla a Urralburu por la dirección regional. En un tiempo récord, a Podemos le han brotado todos los males de los partidos políticos tradicionales a los que aspiraba a sustituir. Ahora le ha llegado el momento de demostrar si su nacimiento y exitosa infancia no fue producto de un momento coyuntural en la fase más aguda de la crisis. Pese a las llamadas de ayer a la unidad en Vistalegre, el pronóstico es reservado.

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La hora de la justicia
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Alberto Aguirre de Cárcer | 05-02-2017 | 8:21| 0

El insoslayable debate público sobre la investigación al presidente Pedro Antonio Sánchez no puede menoscabar su presunción de inocencia ni erosionar la confianza en la independencia del ministerio fiscal y de la judicatura

La justicia es representada históricamente con una estatua de una mujer con los ojos tapados o cerrados porque debe impartirse con imparcialidad y porque el cumplimiento de la ley es obligado para todos, cualquiera que sea su condición. En los tribunales se investigan hechos, no personas. El pasado jueves, los tres magistrados que componen la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ apreciaron que en la exposición razonada remitida por la juez de Lorca se consignan hechos que pudieran ser delictivos e indicios o principios de prueba de que en ellos participó el que entonces era alcalde de Puerto Lumbreras, el presidente Pedro Antonio Sánchez. Asumida la causa del ‘caso Auditorio’, el juez Pérez-Templado determinará en el proceso de instrucción si se consolidan evidencias sólidas de que Sánchez, en la adjudicación, tramitación y recepción del auditorio, incurrió en la comisión de cuatro presuntos delitos que, en algunos casos, están penados con prisión y catalogados por el CGPJ y la ley de transparencia como de corrupción política.

En ningún caso se dirime en el TSJ una causa general sobre la honestidad de Pedro Antonio Sánchez. Allí no se dilucida la eficacia y honradez de su gestión como alcalde o si es un buen o mal presidente, si ha sido sometido a una persecución política por el PSOE en los tribunales o si el PP infla el número de denuncias dirigidas con él y el desenlace de éstas. Si debe dimitir en caso de ser llamado a declarar en virtud del artículo 54 de la ley regional de transparencia o si está obligado o no a cumplir las promesas públicas y compromisos con otros partidos que haya podido realizar en relación a este asunto. En el TSJ no se sustanciará si una imputación formal se produce cuando un investigado es encausado y se le señala el camino del banquillo. Todo eso forma parte del debate público, que es legítimo, insoslayable y relevante cuando el investigado es el presidente elegido democráticamente por todos los murcianos, a quienes representa institucionalmente y con quienes se comprometió, en primer lugar, a cumplir y hacer cumplir la ley. La ciudadanía no está obligada a ponerse una venda o a mirar para otro lado. Especialmente quienes tienen responsabilidades públicas. Los partidarios y adversarios de Sánchez están en su derecho de anticipar que todo quedará en nada o en reclamar que debería ya renunciar a la presidencia, pero unos y otros tienen la responsabilidad de dejar trabajar a la justicia y respetar sus resoluciones. Por un lado, sin menoscabar la presunción de inocencia, un derecho fundamental que asiste al presidente como al resto de los ciudadanos hasta el momento de una hipotética sentencia. Y por otro, sin erosionar la confianza en la independencia de instituciones que son claves para nuestra calidad democrática, como el ministerio fiscal y la judicatura. Aquello que criticamos en Cataluña cuando lo practican los separatistas no puede parecernos admisible aquí. Depende de cómo actúen unos y otros, el perjuicio general puede ser aún más profundo.

Solo un necio o un irresponsable puede concluir que la investigación judicial por cuatro presuntos delitos al presidente de la Comunidad, cualquiera que fuese su color político, comporta beneficios para el interés general de la Región, que de partida sufre un serio revés reputacional y entra en una fase de grave incertidumbre política. Dicho eso, en el plano democrático existe un valor superior que está en juego en este asunto judicial: velar por el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del estado de derecho, que no puede quedar en entredicho, ni en este ni en ningún otro caso.

La sociedad murciana no puede permanecer durante mucho tiempo en esta situación. El fiscal, la juez de Lorca y tres magistrados del TSJ, «en una valoración muy provisional», han apreciado indicios de delito que deben ser esclarecidos sin dilación en un proceso que debe reunir las plenas garantías previstas en la ley de enjuiciamiento criminal para todas las partes personadas. Anticipar el desenlace de esta investigación judicial es, en mi opinión, temerario. Supondría asumir que toda la investigación está ya instruida cuando aún no ha declarado el principal investigado. El horizonte no parece alentador para Sánchez, ahora que tres magistrados han asumido el relato indiciario de la juez de Lorca, pero también es cierto que es a partir de este momento cuando se determinará, oído al principal señalado, si el peso de las evidencias en todos los supuestos delictivos es suficiente para encausarlo y llevarlo a juicio.

En el plano político tiene a su favor que no existen obstáculos para que todo el proceso en el TSJ sea rápido y que cuenta con el respaldo regional y nacional de su partido. En contra, que tiene a la vuelta de la esquina la amenaza de otra investigación por la ‘operación Púnica’ en vísperas del congreso nacional del PP y de la negociación política de los Presupuestos Generales del Estado. Y ya se vio con el caso de Rita Barberá que cualquier obstáculo, por apreciado y respetado que sea en sus filas, es despejado si Rajoy detecta que pone en peligro la gobernabilidad del país. Respetando todas las opiniones, nuestro punto de vista no ha variado en los últimos años sobre la continuidad de los políticos electos en sus cargos. La apertura de juicio oral, cuando ya la única salida es el banquillo de los acusados, parece el momento más oportuno, salvo que el delito sea flagrante y cause una generalizada alarma social o produzca un destrozo irreparable al interés general. Las responsabilidades políticas tienen líneas rojas difusas, basadas en criterios de valoración subjetivos, que generalmente incumplen la mayoría de los partidos políticos porque para eso recurren a la doble vara de medir. De una vez por todas deberían dejar claras sus posiciones, cumplir sus compromisos y respetar lo que aprueban en sus códigos éticos y leyes.

Los grandes políticos son aquellos que se mantienen democráticamente en el poder por su buen hacer refrendado en las urnas y que saben marcharse cuando su permanencia causa un indiscutible deterioro en la confianza en las instituciones. Estoy convencido de que Pedro Antonio Sánchez, al que deseo la mejor de las suertes en el plano personal, sabrá si en algún momento se alcanza ese punto y de que actuará en consecuencia. Si no lo hiciera, la sociedad civil se lo reclamará. Llegado ese supuesto, este periódico cumpliría con su obligación y se lo haría saber.

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Tribalismo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 30-01-2017 | 9:24| 0

El muro con México propuesto por Trump, presidente de Estados Unidos de día y ‘troll’ en jefe de Twitter por las noches, y el ‘Brexit’ duro que impulsará la británica Theresa May, brotan de un mismo manantial: una globalización imperfecta que muta a velocidad de vértigo hacia un tribalismo que requiere de culpables externos para todos los males propios o colectivos, ya sean inmigrantes de México o procedentes de ocho países con religión musulmana. Resulta aterrador el espectáculo mundial de deshumanización al que asistimos en directo en nuestra sociedad digital. Ya es difícil digerir que en las redes sociales se criminalice a la víctima de una paliza brutal en Murcia, que luego aparezca el inefable Willy Toledo legitimando la violencia por cuestiones ideológicas, que unos cuantos sociopatas de la jauría tuitera escupan sobre el cadáver de Bimba Bosé, que se busquen precipitadamente culpables del suicidio de una adolescente porque alguien tiene que pagar como sea por un caso de acoso escolar que está por dilucidar… Pero que sea el propio presidente de EE UU el que no rechace los interrogatorios bajo tortura porque «funcionan» nos conduce directamente a las tinieblas y la barbarie del Medievo. Los valores y derechos civiles de la sociedades democráticas están hoy amenazados por dos ‘sietemachos’ que se tienen en buena estima, Trump y Putin, y un tercero, Xi Jinping, convertido en adalid del libre comercio, pero no así de las libertades públicas. Con nocturnidad y alevosía, este triunvirato parece dispuesto a trolear a la humanidad y su planeta. Entre el buenismo y el ‘pensamiento Alicia’ de la alianza de las civilizaciones a los nuevos planteamientos que buscan unas relaciones internacionales basadas en el enfrentamiento y los muros existía un término medio que se malogró por el desagüe de la historia. Viendo lo que sucede ahí fuera resulta hasta enternecedor que Rajoy nos anuncie que va a llover y se suavizará el ‘tarifazo’ eléctrico, que Pedro Sánchez proclame que vuelve para su enésimo fracaso y que Pablo Iglesias movilice a los suyos, desde Youtube, hablando con un leño frente a una hoguera.

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Egotismo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 29-01-2017 | 8:08| 0

La subida de sueldos del alcalde y varios concejales del Ayuntamiento de San Javier ha generado una controversia política que era previsible de antemano. No solo por la cuantía del incremento, por encima del 20%, sino también por su inoportunidad en un municipio donde hasta hace muy poco tiempo los vecinos todavía hacían frente a los daños en sus bienes por las riadas. Con sus aciertos y errores, José Miguel Luengo es, a mi juicio, uno de los alcaldes populares de la Región con mejor balance de gestión, al menos hasta ahora. Ha bajado impuestos a los vecinos, ha mejorado el plan de pago a proveedores y ha puesto en marcha un plan de impulso económico que se percibe claramente en el municipio. Pero todo eso, junto al hecho de que perciba un salario inferior al de otros alcaldes y que su incremento retributivo esté dentro de los límites fijados por ley, no puede servir de justificación para semejante aumento de sueldo. En primer lugar porque si ha hecho una buena gestión municipal es algo opinable (ya lo dirán las urnas) y además ese era su compromiso y su obligación. Puede que por esa razón, a la vista de la polémica, el equipo municipal contraargumenta ahora que cobrará lo mismo que el tripartito socialista que gobernó en 2007 en San Javier. Otro mayúsculo error político. ¿Quién cobra hoy, alcalde, lo mismo que hace diez años, en el sector público o en el privado?

El poso que me queda de este episodio, lo que me preocupa, es que parte de nuestros políticos ya dan por superada la crisis y algunos empiezan a tomar decisiones, personales y colectivas, que están alejadas de la realidad social y por tanto desprovistas de toda empatía ciudadana. La vuelta al ‘fitureo’ (el postureo político en Fitur), con una avalancha de cargos murcianos de todos los partidos haciendo bulto y poco más en la feria internacional del turismo, me hace temer que esa laxitud de antaño con el dinero público vuelve a ser tentadora, ahora que la economía regional despega con un crecimiento superior al 3%. Parece olvidarse que este logro ha sido producto, en gran parte, de la contención del gasto público y de que las empresas ganaron en competitividad porque redujeron sus costes laborales, lo que implicó un serio sacrificio en términos retributivos de asalariados y autónomos. Murcia es una de las regiones donde los trabajadores del sector privado y los empleados públicos perdieron más poder adquisitivo en la crisis, lo que diezmó la clase media y engrosó la brecha de desigualdad social. En líneas generales, el equipo económico del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez está haciendo bien sus deberes, favoreciendo la eliminación de trabas administrativas y fiscales y al mismo tiempo reaccionando positivamente en dos puntos muy negros que heredó: el bloqueo de la renta básica y del sistema de dependencia. Son pasos acertados, aunque todavía insuficientes. Los últimos datos del paro demuestran una sensible recuperación del mercado laboral. Treinta y dos mil puestos de trabajo recuperados en 2016 es una cifra muy esperanzadora, aunque en un porcentaje muy elevado se alcanzó por la vía de contratos que son temporales y precarios en términos salariales.

Vistas así las cosas, Sánchez podría verse tentado a sacar pecho, pero estoy seguro de que no se le ocurriría jamás, conocido su olfato político, plantearse una mejora salarial para él y sus consejeros. (No descarto que alguno se lo haya planteado al oído, aunque solo para el jefe, que hoy cobra menos que sus consejeros, a tenor del coreano culto al líder que practican su equipo y otros cargos del PP en sus comparecencias públicas y, febrilmente, en las redes sociales). Ya lo hizo hace muchos años el entonces presidente Andrés Hernández Ros, con una acusada y súbita mejora salarial, lo que pasmó a los murcianos e inició la cuesta abajo de su Gobierno. Si queremos tener a los mejores en política es obvio que nadie dejará su actividad profesional si la retribución pública percibida es claramente desalentadora. Por eso hoy son innumerables los políticos que nunca han tenido otra profesión y han hecho carrera desde las canteras juveniles de los partidos. Pero si algún político piensa que este es el momento oportuno para plantear unilateralmente mejoras retributivas es que no se entera de lo que pasa a su alrededor. Prefiero pensar que lo ocurrido es un problema de egotismo y no de puro cinismo. Hasta la mayor de las torpezas merece el beneficio de la duda.

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