La Verdad

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Lentejas para todos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-03-2017 | 06:58| 0

Es muy probable que haya hoy más españoles que sepan de la existencia de un Auditorio en Puerto Lumbreras que de la infraestructura hidráulica que da trabajo a cien mil personas en el Sureste

El pasado 15 de febrero, en medio del eco ensordecedor por el pronunciamiento de la Fiscalía Anticorrupción contra la investigación al presidente Sánchez por el ‘caso Púnica’, uno de los columnistas españoles más influyentes escribía en la contraportada de ‘El Mundo’ un artículo titulado ‘Matando el Tajo’. «El trasvase al Segura se ha llevado miles de hectómetros cúbicos y el cieno crece en los pantanos. Emiliano García-Page dice, amargamente, que la naturaleza decidió que el Tajo iba al Atlántico y la política decidió con el trasvase que desembocara en el Mediterráneo», escribía Raúl del Pozo, quien arrancaba su artículo con versos de Garcilaso, entraba en materia con prosa ya descarnada («Por Toledo fluye el río lleno de mierda») y terminaba de la siguiente forma: «La situación de los pantanos, de donde sale el agua para los trasvases, es angustiosa, mientras se recrudece la guerra del agua entre partidos, territorios, ‘famiglie’, constructores, hoteleros, ‘lobbys’ hídricos y políticos rateros».

Lo que me sorprende de esta columna no es su contenido. Me sé de memoria la letra, la música e intuyo quién susurra la melodía. Y aunque discrepo abiertamente del artículo (no digamos ya de su apostilla), respeto todos los puntos de vista. No son pocos los textos que no comparto y que publicamos en las páginas de opinión para favorecer la libre contraposición de ideas. Lo que me impresiona es que quede sin respuesta argumental porque no hay nadie, de semejante influencia en Madrid, dispuesto a desmontar esa historieta sobre la codicia hídrica y la falta de sensibilidad medioambiental de los murcianos. Es verdad que lo ponemos difícil cuando cualquier observador repara en la desidia política acumulada durante tantos años en la protección del Mar Menor. Lo malo es que a esa crisis de credibilidad ganada a pulso se suma la escasa influencia para introducir asuntos y mensajes de Región en la agenda nacional a través de los medios que crean opinión pública en la capital, donde se dirimen los asuntos territoriales. A otras comunidades ni les hace falta hacer ‘lobby’ en La Moncloa. Hace solo unos días, el PNV ya hizo valer su peso decisivo de cara a la cuentas del Estado para obtener de Fomento un soterramiento de lujo para el AVE en Bilbao. Si todos los tertulianos que durante un mes se han pronunciado, a favor y en contra, sobre la situación del presidente Sánchez hubieran hablado de nuestro déficit hídrico y de la aportación al PIB nacional de nuestra agricultura quizá no se hubiera solucionado absolutamente nada, pero al menos sabrían un poco de nuestras debilidades y fortalezas económicas. Quizá no hay ‘share’ televisivo que resista eso, supongo. Lo cierto es que hoy es probable que haya más españoles que sepan de la existencia del Auditorio de Puerto Lumbreras que de esa infraestructura hidráulica que desde hace décadas da trabajo a 100.000 personas en el Sureste. Visto el éxito cosechado desde Murcia para colocar en Madrid argumentarios de parte sobre los casos ‘Auditorio’ y ‘Púnica’ (no hay tertuliano o político que no opine de esos sumarios, sus aristas políticas y posibles consecuencias), no puedo dejar de preguntarme si ese mismo esfuerzo con los asuntos de interés general (infraestructuras, agua, energía solar…) fue tan intenso en el pasado como debía haber sido.

Con ello no quiero minimizar lo que está sucediendo en nuestra Comunidad. Al contrario, está sumida en una de las mayores crisis políticas de su historia democrática por la investigación judicial a su presidente. El daño reputacional es ya incuestionable. Pero tengo la impresión de que en buena parte se consolida como un problema nacional porque de alguna forma ha sido utilizado por Rajoy y Rivera para perfilar sus diferentes estrategias en este conflictivo e inédito arranque de legislatura con un gobierno sin mayoría parlamentaria. Somos, de alguna forma, una especie de laboratorio político donde los líderes nacionales miden sus fuerzas, actuales y futuras. Si el juez Pérez-Templado no resuelve en uno u otro sentido antes del 27 de marzo, el desenlace final se decidirá en los cuarteles generales de los partidos en función de diversos intereses. Hoy, con los Presupuestos del Estado sin visos de prosperar sin el apoyo del PSOE, el ambiente político desprende un nítido aroma preelectoral que Rajoy intentó disipar el viernes en Bruselas. Entre otras razones porque hablar allí de elecciones anticipadas es poco menos que mentar la bicha. El plazo constitucional para otra llamada a las urnas queda expedito el próximo 3 de mayo. Entonces ya se verá.

Aquí seguimos a la espera de acontecimientos, con los partidos en modo tregua, y sin saber cómo acabará el pacto de las lentejas firmado por Pedro Antonio Sánchez y Miguel Sánchez (C’s). Un pacto fáustico, aunque en esta ocasión el supuesto ‘diablo’, ante la queja de que el desahucio de San Esteban era una cláusula abusiva que además habría decaído con un cambio terminológico legal, se muestra dubitativo y acumula dos ultimátum. Ciudadanos quiere dejar una puerta abierta. Sabe que el sobreseimiento es tan posible como el procesamiento del presidente, aunque parece ignorar que es probable que Pérez-Templado no haya podido decidir antes del día 27. En ese caso, el embrollo será colosal porque lo que no le habría solucionado el juez querrá que lo hagan los electores, con el riesgo de que después de una moción de censura y una llamada a las urnas, Sánchez quedase desimputado antes de votar los murcianos. Ahí está el caso de la consejera Martínez-Cachá como recordatorio. Hace semanas apunté que aquí huele a ‘cadáver político’, pero aún hoy sigue sin estar claro qué bando será el escuadrón suicida en este tablero dominado por el inmovilismo de unos, las dudas de otros y las prisas de un cuarto.

Pronto arrancará el debate del modelo de financiación autonómica, una batalla que, con el órdago separatista catalán, será a cara de perro. Justo en nuestro mayor momento de debilidad institucional, con el destino inmediato de la Región depositado increíblemente sobre los hombros de un juez del TSJ, mientras otro sopesa en la Audiencia Nacional si envía un misil judicial a Murcia por la ‘Púnica’. Agua faltará, pero desgraciadamente nos vamos a hinchar a lentejas. Hay lentejas para todos. Queramos o no.

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¿Qué será lo próximo?
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Alberto Aguirre de Cárcer | 05-03-2017 | 09:33| 0

En cuestión de semanas, no de meses, la ciudadanía debe tener despejado el horizonte político de los nubarrones que han venido a entorpecer la recuperación económica. Esta crisis empieza a dejar demasiados pelos en la gatera

El presidente Pedro Antonio Sánchez acude mañana en calidad de investigado al Tribunal Superior de Justicia para responder ante el juez Pérez-Templado por los indicios de cuatro presuntos delitos relacionados con la adjudicación, tramitación y recepción del Auditorio de Puerto Lumbreras que fueron detallados por la juez de Lorca en su exposición razonada. De esa comparecencia decisiva para su futuro político solo se pueden anticipar las cuestiones que presumiblemente le serán formuladas por las acusaciones, así como las líneas generales de su defensa. En ningún caso, el desenlace de una declaración ante los tribunales, cuya concreción no será inmediata por la propia mecánica procesal de un sistema judicial garantista como el nuestro. Es probable, no obstante, que todas las partes implicadas salgan el lunes del TSJ con una idea aproximada de los derroteros que puede tomar el caso y de las posibilidades de que continúe adelante la investigación del presidente. Eso último es lo que dilucidará el juez: si a la vista de su declaración y de las evidencias que se pondrán a consideración en el TSJ hay sólidos indicios racionales para procesar o no al presidente regional. Como cualquier ciudadano, Sánchez acude amparado por la presunción de inocencia, un derecho constitucional que rige en el ámbito judicial y que perdura hasta el momento en que se produce una sentencia condenatoria. Otra cuestión diferente es el crédito político, que se sustancia fuera de los tribunales y es igualmente relevante porque en esta ocasión atañe, además, a quien representa a toda la sociedad murciana. Las posibles responsabilidades penales y las políticas operan en territorios diferentes, aunque las judiciales afectan a las segundas de manera decisiva. La sempiterna cuestión de debate, sobre la que ya nos hemos pronunciado reiteradamente, es cuándo deben concretarse en la separación del cargo, un asunto en el que los partidos no acaban de alcanzar un consenso, para desesperación de una sociedad hastiada de las dobles varas de medir, del sectarismo y de los intereses partidistas.
Esta semana, Ciudadanos ha retirado su apoyo al Gobierno regional porque considera que Sánchez ha incumplido su palabra y el primer punto de su pacto de investidura. No tenía otra salida política si no quería quedar ninguneado a la vista de sus votantes. Por más vueltas que le dé el PP al término jurídico de ‘imputado’, si se investigan o no delitos de corrupción o las posiciones ambiguas de C’s a nivel nacional y territorial, la formación naranja tenía razones objetivas para dar por incumplido el pacto firmado en Murcia. Eran lentejas, como dice Maillo, pero se aceptaron a cambio del Gobierno regional. Cuestión distinta es si habría sido más prudente que C’s hubiera esperado a la declaración de mañana dado que su decisión tiene difícil marcha atrás. De hecho, ya ha dado un segundo paso: una vez que el PP ha rechazado presentar un sustituto para Sánchez, el partido de Rivera iniciará conversaciones con el PSOE este miércoles de cara a una posible moción de censura, que sería secundada por Podemos. Que sea esa la mejor solución, o incluso que sea factible, es una cuestión discutible, pero lo cierto es que hoy es la hoja de ruta a la que vamos abocados por una crisis que, pese a que era previsible, ha puesto a la Región en el foco mediático nacional, no precisamente para bien del interés general de la sociedad murciana.
Es la crisis política más grave que vive la Región desde hace décadas y debe resolverse cuanto antes. El presidente Sánchez pidió a sus adversarios una tregua hasta mañana para intentar aclarar su situación judicial, convencido de que no hay ilícitos penales. Lo que solicitó el viernes parece sensato y parecía dar a entender que a la vista de cómo transcurran los acontecimientos en el TSJ se reafirmará en su posición de continuar o meditará otras alternativas. Ya se verá. Dicho eso, la confianza de PAS y los dirigentes populares en que todo le irá bien este lunes ante el juez Pérez-Templado era ayer absoluta. El hecho de que C’s y PSOE hayan decidido esperar al miércoles para empezar a hablar parece una aceptación tácita de esa especie de ‘alto el fuego’. Y es que Ciudadanos no se va a lanzar a una moción de censura sin meditarlo a fondo, ya que saben que posteriormente podría tener un devastador castigo en las urnas. Albert Rivera ya ha dejado entrever que, bajo estrictas condiciones, podrían volver a dar su apoyo a Sánchez si el TSJ decide no investigarlo porque no ve delito punible en esa chapuza administrativa que la Intervención General del Estado observa en la tramitación del Auditorio. Hoy, pues, todo está abierto.
Pase lo que pase, en cuestión de semanas, y no de meses, la ciudadanía debería tener despejado el horizonte de todos estos nubarrones que han venido a entorpecer una recuperación económica en vías de consolidación. Esta crisis empieza a dejar demasiados pelos en la gatera. Quedan serios daños colaterales que tardarán en restañarse cualquiera que sea el desenlace. El cúmulo de falsedades o medias verdades exhibidas en estas semanas, con tertulianos nacionales de trinchera ideológica repitiendo los argumentarios de los partidos, fue lamentable. A cuenta de los casos ‘Púnica’ y ‘Auditorio’ se ha llegado a descalificar a la Guardia Civil, se ha amenazado con expedientar a dos fiscales de la Audiencia Nacional, ha quedado en entredicho la independencia de la Fiscalía General del Estado, hay dudas sobre la injerencia del ministro de Justicia, se han improvisado semblanzas denigratorias y laudatorias sin en el mínimo rigor del presidente regional, el Consejo de la Transparencia y la propia ley han quedado gravemente tocados, se ha relativizado el principio de legalidad en función de si hay manos o patas, las redes sociales se han convertido en un lodazal propicio para la guerra sucia, se ha evidenciado que básicamente hay dos tipos de justiciables (los aforados y el resto), Aena y García Page han aprovechado la crisis murciana para tapar exigencias u otros asuntos, crece la desconfianza exterior derivada de nuestra inestabilidad política… ¿Qué será lo próximo? Más vale que todo esto acabe pronto.

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Escuadrón suicida
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Alberto Aguirre de Cárcer | 26-02-2017 | 07:07| 0

Una de las escenas más hilarantes de ‘La vida de Brian’, la célebre comedia de Monty Python, tiene lugar al pie del cadalso cuando los romanos huyen despavoridos al ver aproximarse a la carrera a trece miembros del autodenominado ‘Frente del Pueblo Judaico’. Para desesperación de Brian, resultaron ser miembros de un escuadrón suicida que, al grito de «así aprenderán esos romanos», se apuñalaron en el corazón para dar un escarmiento a los invasores. En el terreno de la política regional sucedió algo parecido hace pocos años cuando el entonces portavoz de UPyD en Caravaca, el hoy líder regional de Ciudadanos Miguel Sánchez, anunció que renunciaría a su acta de concejal si en diez días no dimitía el alcalde Domingo Aranda, recién imputado por el caso ‘Roblecillo’. El primer edil no dimitió y Miguel Sánchez se inmoló: «Me voy más que en un gesto de generosidad, en un gesto de dignidad». Como en ‘La vida de Brian’, ese ‘suicidio’ político tuvo su punto teatral porque Sánchez resucitó al cabo de un mes en Ciudadanos, aunque las escrituras no apócrifas oficializan que se cayó del caballo, como Pablo de Tarso, cuando en ese ínterin vio la luz en un mitin de Albert Rivera. De lo que no hay duda es de que Miguel Sánchez es un político que cumple su palabra y se esfuerza por estar a la altura del éxito sobrevenido de un partido formado con una precipitada leva de disidentes de uno y otro lado para hacer frente al ‘imperio’ popular, unidos todos bajo la bandera de la regeneración democrática. Ciudadanos sabe que se juega hoy el ser o no ser en la Región, si lo firmado en el pacto de investidura de Pedro Antonio Sánchez no se lleva a término por el cauce que sea, ahora que empiezan a mostrar también fortalezas con su trabajo en las instituciones regionales. Por eso Albert Rivera no apunta otra solución que la dimisión del presidente regional desde que fue citado a declarar el 6 de marzo como investigado, antes imputado, por el ‘caso Auditorio’. En su estrategia de defensa de PAS, el Gobierno de Rajoy y Génova han hecho todo lo posible en estos días para debilitar el empuje de Ciudadanos mostrando sus ambigüedades: el apoyo al alcalde socialista de Granada (investigado por varios delitos), su apuesta por fijar en una ley la línea roja para las dimisiones por corrupción en la apertura de juicio oral, la obviedad compartida de que no es lo mismo meter la pata que meter la mano… Finalmente, los líderes nacionales de C’s y PP pactaron una tregua que expira el día 6 si PAS no ofrece el próximo jueves a Miguel Sánchez un candidato alternativo del PP para la presidencia. Y es que unos y otros saben que una moción de censura implica un acuerdo con Podemos y posiblemente la elección de un presidente del PSOE, lo que no entenderían los votantes de la formación naranja. A estas alturas, el asunto huele a muerto, pero está por ver quién actuará como escuadrón suicida por mor de un pacto de investidura que entraña riesgos para ambas partes en función de cómo acabe la historia. Como medida disuasoria, Pedro Antonio Sánchez ya ha hecho saber, por vía indirecta, que como está convencido de que el caso será archivado rápidamente, podría ser él quien convocara elecciones anticipadas después, con previsible resultado arrollador.

Es obvio que el peor pronóstico de partida es para PAS, pese a que ha logrado interiorizar en el Gobierno de Rajoy y en Génova, ambos todavía afectados por lo sucedido con Rita Barberá, que este caso se archivará como los anteriores. Lo ha conseguido sobre la base de una clara convicción en su inocencia pero también de un relato trufado de fantasías sobre el número de querellas penales recibidas (en realidad ha tenido dos en Murcia y solo una impulsada por el fiscal), de juegos florales de naturaleza semántica sobre los presuntos delitos investigados (que son contra la Administración pública y catalogados de corrupción por el CGPJ) y una interpretación jurídica de un pacto de investidura que está muy claro. Nada de eso se dirimirá en el TSJ porque forma parte del ámbito de la política y no tendrá ningún peso, ni a favor ni en contra, en la verdad judicial que terminará por emerger. Pese a que ha generado un colosal problema añadido al Gobierno con su indiscreción sobre el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, PAS sigue teniendo hoy el respaldo de Madrid porque confían en su inocencia, valoran su acción de gobierno, creen que representa el futuro del partido y el propio presidente ha dejado en evidencia, con esos más de 5.000 avales, que su liderazgo regional es incuestionable. Por tanto, entienden que tiene el derecho a defenderse ante el TSJ, más aún si asegura por activa y por pasiva que quedará demostrado que los «errores administrativos» en la tramitación del Auditorio no son ilícitos penales.

Los problemas internos vendrán si después de su declaración la instrucción se alarga durante muchos días o algunas semanas, lo que es muy probable. Y no lo digo porque ponga en cuestión su inocencia, sino porque sería impensable desde el punto de vista procesal que se produjera un hipotético sobreseimiento nada más terminar de declarar o que tanto el fiscal y las acusaciones particulares no lo recurrieran, entonces o en días posteriores, para que se pronunciara la Sala de lo Civil y lo Penal compuesta por tres magistrados. El instructor del caso, Pérez Templado, ha demostrado ser un magistrado que no marea las causas, pero se tomará sus tiempos, que son distintos a los de la política, para dar todas las garantías procesales y porque su resolución será mirada con lupa, cualquiera que sean sus conclusiones.

El pacto de investidura que firmaron voluntariamente PP y Ciudadanos fue un acuerdo político que hoy nos afecta a todos, tanto a quienes consideran que la imputación indiciaria de un delito debe llevar aparejada la dimisión como a quienes creemos que debe ser en el momento previo a la apertura de juicio oral. Lo menos que cabe exigirles a los partidos es que actúen con responsabilidad, sin menoscabar la presunción de inocencia de nadie ni someter a la ciudadanía a relatos y debates carentes de veracidad. Esta crisis de descrédito nacional e inestabilidad política debe cerrarse cuanto antes sin perder de vista el interés general y sin renunciar a despejar toda duda sobre la actuación ajustada a la legalidad de quien representa institucionalmente a todos los murcianos. Lo contrario sería suicida para todos.

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Política judicial
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Alberto Aguirre de Cárcer | 19-02-2017 | 06:48| 0

La tormenta judicial sobre Pedro Antonio Sánchez arreciaba en Murcia, pero ahora descarga también en Madrid. Una indiscreción del presidente y una torpe actuación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha derivado en un problema que ahora le estalla al Gobierno de Rajoy, acusado por la oposición de intervenir, a través de la Fiscalía General del Estado, para evitar la imputación de un presidente autonómico del PP. El auto del juez Velasco, que atribuye a PAS tres presuntos delitos, era una auténtica bomba judicial, aunque su espoleta fue inactivada por un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, contrario a su acusación. En días o semanas, el juez remitirá una exposición razonada al TSJ pidiendo que se investigue a PAS por una prolija relación de indicios, pero cualquiera que sea entonces el fiscal jefe (López Bernal, Díaz Manzanera o Sánchez Lucerga), el principio acusatorio del Ministerio Público quedó desactivado el lunes porque prevalecerá el criterio de los superiores jerárquicos. Aunque haya acusación particular, el ‘caso Púnica’ pierde fuelle jurídico para PAS. No así para el resto de los no aforados, después de que el juez Velasco procesara el viernes a todos, con un auto de procedimiento abreviado que le permite retener la causa y rebatir los argumentos jurídicos de la Fiscalía Anticorrupción.

Entrar a valorar el dictamen de Anticorrupción, avalado por cuatro fiscales del Supremo, o los razonamientos del juez Velasco sería absurdo por mi parte. Son cuestiones jurídicas que están al alcance de expertos cualificados en derecho y dudar de la competencia de unos u otros profesionales sería caer en el mismo reprobable comportamiento del portavoz popular Rafael Hernando, que, de nuevo para pasmo general, espetó este viernes que «hay fiscales que se inventan los delitos».

La polémica no hubiera ido a más, momentáneamente, si el propio presidente murciano no hubiera cometido el grave error de desvelar en una radio que cuatro fiscales del Supremo avalaron el dictamen, una interioridad del proceso que no debía conocer. Ahora quien tiene un problema político es el ministro, que deberá explicar en el Congreso cómo y por qué se gestó el dictamen sobre PAS, contrario al criterio de las fiscales que desde 2014 impulsaron la investigación del ‘caso Púnica’ en la Audiencia Nacional. No hay que ser un lince para intuir quién le dijo al presidente el lunes que cuatro fiscales del Supremo avalaron ese informe de la Fiscalía Anticorrupción. Ni tampoco de qué asuntos podrían estar hablando el día anterior el ministro de Justicia y el presidente cuando en Madrid tuvieron una conversación a solas en el congreso nacional del PP.

Que la Fiscalía General del Estado pida un dictamen no es un hecho excepcional en los procedimientos penales que afectan a aforados. Y entra, además, en el ámbito de sus competencias. Lo anómalo es que se filtren las interioridades de un proceso realizado en un órgano constitucional que tiene autonomía funcional, que el propio beneficiado del dictamen dé detalles a posteriori en un medio de comunicación, que la Fiscalía Anticorrupción saque una nota de prensa comunicando su decisión y que el ministro de Justicia arremeta contras las dos fiscales de ‘Púnica’, alentando un expediente sancionador, porque ambas, pese a que acatan la orden y no piden que se investigue a PAS, no firman un dictamen de su superior que en 12 líneas se adapta más al relato público del posible investigado que al que ambas hilvanaron tras años de pesquisas. Lo que realmente piensan las dos fiscales, para gran malestar del ministro, lo dejaron plasmado en su escrito de acusación sobre Barreiro, al afirmar que la senadora y Sánchez concertaron un «plan criminal» para que los trabajos de reputación personal fueran pagados con fondos públicos de la Consejería de Educación.

Como todo el proceso derivó efectivamente en anómalo, no es de extrañar que las asociaciones de fiscales, desde las conservadoras a las progresistas, hayan condenado las arremetidas del ministro contra unas fiscales que no han tenido posibilidad de calificar los supuestos indicios delictivos que investigaron durante dos años. Y le han recordado a Catalá que el principio de jerarquía, en el ámbito de la autonomía fiscal, está asociado al de unidad de acción para garantizar un criterio común y preservar así la seguridad jurídica. Así lo entendieron siempre los anteriores fiscales generales del Estado en esta etapa ministerial de Catalá, Torres Dulce, que dimitió, y Consuelo Madrigal, que no renovó en el cargo. Ambos, por lo visto, demasiado blandengues para el concepto de jerarquía exhibido por el ministro. Mal momento escogió el titular de Justicia para verbalizarlo, ahora que debe impulsar la reforma para que los fiscales, y no los jueces, instruyan las investigaciones penales. Y justo cuando el Consejo Fiscal procederá a renovar la Fiscalía Anticorrupción, varias especiales y muchas fiscalías superiores, entre ellas la de Murcia. Si el deseo del Gobierno es relevar a López Bernal en el TSJ, como reclama el PP regional desde hace años, lo están haciendo de la peor manera posible: echando material inflamable a ese colectivo y en un momento donde esa renovación tendrá polémica garantizada.

Lo peor de este episodio es que lejos de garantizar la confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y la autonomía de los fiscales no ha hecho más que empeorarla, acentuando la percepción de que la justicia está politizada y de que hay dos tipos de justiciables: los aforados y el resto de ciudadanos, cuyas cuitas en los tribunales se solventan con muchas menos garantías procesales. Tan cierto como que PAS lleva dos años en el ojo público con un demoledor desgaste político y personal lo es que goza de privilegiadas garantías judiciales al ser aforado. Ni la juez de Lorca ni el juez Velasco le han podido investigar de forma directa, pudiendo, sin estar acusado, haberse personado en el ‘caso Auditorio’ para pedir pruebas y formular recursos. Y el número de fiscales que han analizado los indicios incriminatorios contra él, solo para decidir si se le puede investigar, alcanza la decena. Tiene todo el apoyo de su Gobierno y de su partido, que le respaldará incluso si es llamado a declarar como investigado. La vida pública en Murcia gira hoy en torno a su suerte judicial. Porque las investigaciones judiciales siguen abiertas y la oposición no está dispuesta a soltar a su presa. Lo inaudito es que también sea por sus propios errores.

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Duelo al sol
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-02-2017 | 06:42| 0

Es difícil imaginarse a Podemos sin el liderazgo de Pablo Iglesias, pero también resultaba inimaginable hace unos meses que fuera él mismo quien iba a conducir a su partido directamente hasta el borde de un abismo. En la cita de Vistalegre no solo está en juego su continuidad al frente de Podemos, por su empeño en convertir este congreso en un plebiscito sobre su persona, en un ‘o yo o Errejón’, sino las propias expectativas de la formación morada a medio y largo plazo. El problema de fondo no es que haya dos proyectos en discusión, sino que la democrática confrontación interna de ideas, estrategias y propuestas ha derivado finalmente en una especie de duelo al sol entre él y su secretario político, un todo o nada aventado públicamente a cañonazos en los últimos meses y cuyo resultado se conocerá hoy en directo, con alta probabilidad de que uno de los dos pistoleros no sobreviva políticamente. A nadie le puede extrañar que la opinión pública haya percibido estas diferencias estratégicas y de organización como una auténtica pugna por el poder en la formación morada, totalmente alejada de las inquietudes de los ciudadanos, incluidos muchos de sus cinco millones de votantes en las últimas generales. Que miembros del 15M hayan declarado en la víspera de Vistalegre que hoy no se ven representados por Podemos, el partido que supo aprovechar esa ola de indignación ciudadana, es sintomático de su delicada situación.

El relato de ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ es bien distinto, pero desde la distancia se observan sobrados argumentos de fondo para esa rebelión interna. En junio pasado, Iglesias empezó a cometer errores políticos y no ha parado desde entonces. Hay que retrotraerse a esa rueda de prensa donde reclamaba la vicepresidencia y varios ministerios claves para llegar a un pacto de investidura del PSOE de Pedro Sánchez y al llamado ‘pacto de los botellines’ con IU, una alianza para lograr el ‘sorpasso’ que resultó fallida y dejó a Podemos sin la vitola de transversalidad que atrajo a muchos jóvenes votantes, desvelando al tiempo una obsesiva fijación de Iglesias por conquistar el poder a toda costa y lo más rápidamente posible. Luego llegaron las purgas a los errejonistas, una vez derrotados en las elecciones de Madrid, que sacaron a la luz los tics autoritarios y poco respetuosos con la pluralidad del hasta entonces indiscutido líder. El Comité de Garantías Democráticas, el órgano independiente que debe velar por una participación igualitaria en Podemos, quedó luego en entredicho cuando avaló la acumulación de cargos de Ramón Espinar, secretario general de Madrid, diputado autonómico y senador. Un comité presidido por quien es, al mismo tiempo, vicepresidenta del Congreso de los Diputados y letrada de la formación morada. Con esa discutida acumulación de cargos era esperable que los círculos, la base de ese partido, terminaran por dudar de la participación igualitaria en ese partido. La situación en las organizaciones territoriales también era propicia para el malestar interno. La concentración de poder en Madrid es manifiesta. Aunque la representación territorial estaba garantizada en el Consejo Estatal Ciudadano, la autonomía funcional y orgánica es limitada. Por no hablar de los recursos económicos. Hasta el 30% de los fondos obtenidos territorialmente se destinaban al sostenimiento estatal del partido, para desesperación de los círculos locales.

La dialéctica de la división alentada en la antesala de Vistalegre le pasará factura a Podemos, cualquiera que sea hoy el desenlace. Si al PSOE le quedan muchos meses de coser heridas, a Podemos le aguarda un escenario no menos problemático. Entre otras razones porque esa fractura entre Iglesias y Errejón se ha replicado en algunos territorios. En la Región de Murcia, que podía presumir de cohesión interna, se han escenificado ambos frentes, con el secretario general Óscar Urralburu del lado ‘errejonista’ y el diputado Javier Sánchez apoyando a los ‘pablistas’. Y a todo esto, con la eurodiputada Lola Sánchez dispuesta a plantearle batalla a Urralburu por la dirección regional. En un tiempo récord, a Podemos le han brotado todos los males de los partidos políticos tradicionales a los que aspiraba a sustituir. Ahora le ha llegado el momento de demostrar si su nacimiento y exitosa infancia no fue producto de un momento coyuntural en la fase más aguda de la crisis. Pese a las llamadas de ayer a la unidad en Vistalegre, el pronóstico es reservado.

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La hora de la justicia
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Alberto Aguirre de Cárcer | 05-02-2017 | 19:24| 0

El insoslayable debate público sobre la investigación al presidente Pedro Antonio Sánchez no puede menoscabar su presunción de inocencia ni erosionar la confianza en la independencia del ministerio fiscal y de la judicatura

La justicia es representada históricamente con una estatua de una mujer con los ojos tapados o cerrados porque debe impartirse con imparcialidad y porque el cumplimiento de la ley es obligado para todos, cualquiera que sea su condición. En los tribunales se investigan hechos, no personas. El pasado jueves, los tres magistrados que componen la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ apreciaron que en la exposición razonada remitida por la juez de Lorca se consignan hechos que pudieran ser delictivos e indicios o principios de prueba de que en ellos participó el que entonces era alcalde de Puerto Lumbreras, el presidente Pedro Antonio Sánchez. Asumida la causa del ‘caso Auditorio’, el juez Pérez-Templado determinará en el proceso de instrucción si se consolidan evidencias sólidas de que Sánchez, en la adjudicación, tramitación y recepción del auditorio, incurrió en la comisión de cuatro presuntos delitos que, en algunos casos, están penados con prisión y catalogados por el CGPJ y la ley de transparencia como de corrupción política.

En ningún caso se dirime en el TSJ una causa general sobre la honestidad de Pedro Antonio Sánchez. Allí no se dilucida la eficacia y honradez de su gestión como alcalde o si es un buen o mal presidente, si ha sido sometido a una persecución política por el PSOE en los tribunales o si el PP infla el número de denuncias dirigidas con él y el desenlace de éstas. Si debe dimitir en caso de ser llamado a declarar en virtud del artículo 54 de la ley regional de transparencia o si está obligado o no a cumplir las promesas públicas y compromisos con otros partidos que haya podido realizar en relación a este asunto. En el TSJ no se sustanciará si una imputación formal se produce cuando un investigado es encausado y se le señala el camino del banquillo. Todo eso forma parte del debate público, que es legítimo, insoslayable y relevante cuando el investigado es el presidente elegido democráticamente por todos los murcianos, a quienes representa institucionalmente y con quienes se comprometió, en primer lugar, a cumplir y hacer cumplir la ley. La ciudadanía no está obligada a ponerse una venda o a mirar para otro lado. Especialmente quienes tienen responsabilidades públicas. Los partidarios y adversarios de Sánchez están en su derecho de anticipar que todo quedará en nada o en reclamar que debería ya renunciar a la presidencia, pero unos y otros tienen la responsabilidad de dejar trabajar a la justicia y respetar sus resoluciones. Por un lado, sin menoscabar la presunción de inocencia, un derecho fundamental que asiste al presidente como al resto de los ciudadanos hasta el momento de una hipotética sentencia. Y por otro, sin erosionar la confianza en la independencia de instituciones que son claves para nuestra calidad democrática, como el ministerio fiscal y la judicatura. Aquello que criticamos en Cataluña cuando lo practican los separatistas no puede parecernos admisible aquí. Depende de cómo actúen unos y otros, el perjuicio general puede ser aún más profundo.

Solo un necio o un irresponsable puede concluir que la investigación judicial por cuatro presuntos delitos al presidente de la Comunidad, cualquiera que fuese su color político, comporta beneficios para el interés general de la Región, que de partida sufre un serio revés reputacional y entra en una fase de grave incertidumbre política. Dicho eso, en el plano democrático existe un valor superior que está en juego en este asunto judicial: velar por el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del estado de derecho, que no puede quedar en entredicho, ni en este ni en ningún otro caso.

La sociedad murciana no puede permanecer durante mucho tiempo en esta situación. El fiscal, la juez de Lorca y tres magistrados del TSJ, «en una valoración muy provisional», han apreciado indicios de delito que deben ser esclarecidos sin dilación en un proceso que debe reunir las plenas garantías previstas en la ley de enjuiciamiento criminal para todas las partes personadas. Anticipar el desenlace de esta investigación judicial es, en mi opinión, temerario. Supondría asumir que toda la investigación está ya instruida cuando aún no ha declarado el principal investigado. El horizonte no parece alentador para Sánchez, ahora que tres magistrados han asumido el relato indiciario de la juez de Lorca, pero también es cierto que es a partir de este momento cuando se determinará, oído al principal señalado, si el peso de las evidencias en todos los supuestos delictivos es suficiente para encausarlo y llevarlo a juicio.

En el plano político tiene a su favor que no existen obstáculos para que todo el proceso en el TSJ sea rápido y que cuenta con el respaldo regional y nacional de su partido. En contra, que tiene a la vuelta de la esquina la amenaza de otra investigación por la ‘operación Púnica’ en vísperas del congreso nacional del PP y de la negociación política de los Presupuestos Generales del Estado. Y ya se vio con el caso de Rita Barberá que cualquier obstáculo, por apreciado y respetado que sea en sus filas, es despejado si Rajoy detecta que pone en peligro la gobernabilidad del país. Respetando todas las opiniones, nuestro punto de vista no ha variado en los últimos años sobre la continuidad de los políticos electos en sus cargos. La apertura de juicio oral, cuando ya la única salida es el banquillo de los acusados, parece el momento más oportuno, salvo que el delito sea flagrante y cause una generalizada alarma social o produzca un destrozo irreparable al interés general. Las responsabilidades políticas tienen líneas rojas difusas, basadas en criterios de valoración subjetivos, que generalmente incumplen la mayoría de los partidos políticos porque para eso recurren a la doble vara de medir. De una vez por todas deberían dejar claras sus posiciones, cumplir sus compromisos y respetar lo que aprueban en sus códigos éticos y leyes.

Los grandes políticos son aquellos que se mantienen democráticamente en el poder por su buen hacer refrendado en las urnas y que saben marcharse cuando su permanencia causa un indiscutible deterioro en la confianza en las instituciones. Estoy convencido de que Pedro Antonio Sánchez, al que deseo la mejor de las suertes en el plano personal, sabrá si en algún momento se alcanza ese punto y de que actuará en consecuencia. Si no lo hiciera, la sociedad civil se lo reclamará. Llegado ese supuesto, este periódico cumpliría con su obligación y se lo haría saber.

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Tribalismo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 30-01-2017 | 20:24| 0

El muro con México propuesto por Trump, presidente de Estados Unidos de día y ‘troll’ en jefe de Twitter por las noches, y el ‘Brexit’ duro que impulsará la británica Theresa May, brotan de un mismo manantial: una globalización imperfecta que muta a velocidad de vértigo hacia un tribalismo que requiere de culpables externos para todos los males propios o colectivos, ya sean inmigrantes de México o procedentes de ocho países con religión musulmana. Resulta aterrador el espectáculo mundial de deshumanización al que asistimos en directo en nuestra sociedad digital. Ya es difícil digerir que en las redes sociales se criminalice a la víctima de una paliza brutal en Murcia, que luego aparezca el inefable Willy Toledo legitimando la violencia por cuestiones ideológicas, que unos cuantos sociopatas de la jauría tuitera escupan sobre el cadáver de Bimba Bosé, que se busquen precipitadamente culpables del suicidio de una adolescente porque alguien tiene que pagar como sea por un caso de acoso escolar que está por dilucidar… Pero que sea el propio presidente de EE UU el que no rechace los interrogatorios bajo tortura porque «funcionan» nos conduce directamente a las tinieblas y la barbarie del Medievo. Los valores y derechos civiles de la sociedades democráticas están hoy amenazados por dos ‘sietemachos’ que se tienen en buena estima, Trump y Putin, y un tercero, Xi Jinping, convertido en adalid del libre comercio, pero no así de las libertades públicas. Con nocturnidad y alevosía, este triunvirato parece dispuesto a trolear a la humanidad y su planeta. Entre el buenismo y el ‘pensamiento Alicia’ de la alianza de las civilizaciones a los nuevos planteamientos que buscan unas relaciones internacionales basadas en el enfrentamiento y los muros existía un término medio que se malogró por el desagüe de la historia. Viendo lo que sucede ahí fuera resulta hasta enternecedor que Rajoy nos anuncie que va a llover y se suavizará el ‘tarifazo’ eléctrico, que Pedro Sánchez proclame que vuelve para su enésimo fracaso y que Pablo Iglesias movilice a los suyos, desde Youtube, hablando con un leño frente a una hoguera.

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Egotismo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 30-01-2017 | 10:48| 0

La subida de sueldos del alcalde y varios concejales del Ayuntamiento de San Javier ha generado una controversia política que era previsible de antemano. No solo por la cuantía del incremento, por encima del 20%, sino también por su inoportunidad en un municipio donde hasta hace muy poco tiempo los vecinos todavía hacían frente a los daños en sus bienes por las riadas. Con sus aciertos y errores, José Miguel Luengo es, a mi juicio, uno de los alcaldes populares de la Región con mejor balance de gestión, al menos hasta ahora. Ha bajado impuestos a los vecinos, ha mejorado el plan de pago a proveedores y ha puesto en marcha un plan de impulso económico que se percibe claramente en el municipio. Pero todo eso, junto al hecho de que perciba un salario inferior al de otros alcaldes y que su incremento retributivo esté dentro de los límites fijados por ley, no puede servir de justificación para semejante aumento de sueldo. En primer lugar porque si ha hecho una buena gestión municipal es algo opinable (ya lo dirán las urnas) y además ese era su compromiso y su obligación. Puede que por esa razón, a la vista de la polémica, el equipo municipal contraargumenta ahora que cobrará lo mismo que el tripartito socialista que gobernó en 2007 en San Javier. Otro mayúsculo error político. ¿Quién cobra hoy, alcalde, lo mismo que hace diez años, en el sector público o en el privado?

El poso que me queda de este episodio, lo que me preocupa, es que parte de nuestros políticos ya dan por superada la crisis y algunos empiezan a tomar decisiones, personales y colectivas, que están alejadas de la realidad social y por tanto desprovistas de toda empatía ciudadana. La vuelta al ‘fitureo’ (el postureo político en Fitur), con una avalancha de cargos murcianos de todos los partidos haciendo bulto y poco más en la feria internacional del turismo, me hace temer que esa laxitud de antaño con el dinero público vuelve a ser tentadora, ahora que la economía regional despega con un crecimiento superior al 3%. Parece olvidarse que este logro ha sido producto, en gran parte, de la contención del gasto público y de que las empresas ganaron en competitividad porque redujeron sus costes laborales, lo que implicó un serio sacrificio en términos retributivos de asalariados y autónomos. Murcia es una de las regiones donde los trabajadores del sector privado y los empleados públicos perdieron más poder adquisitivo en la crisis, lo que diezmó la clase media y engrosó la brecha de desigualdad social. En líneas generales, el equipo económico del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez está haciendo bien sus deberes, favoreciendo la eliminación de trabas administrativas y fiscales y al mismo tiempo reaccionando positivamente en dos puntos muy negros que heredó: el bloqueo de la renta básica y del sistema de dependencia. Son pasos acertados, aunque todavía insuficientes. Los últimos datos del paro demuestran una sensible recuperación del mercado laboral. Treinta y dos mil puestos de trabajo recuperados en 2016 es una cifra muy esperanzadora, aunque en un porcentaje muy elevado se alcanzó por la vía de contratos que son temporales y precarios en términos salariales.

Vistas así las cosas, Sánchez podría verse tentado a sacar pecho, pero estoy seguro de que no se le ocurriría jamás, conocido su olfato político, plantearse una mejora salarial para él y sus consejeros. (No descarto que alguno se lo haya planteado al oído, aunque solo para el jefe, que hoy cobra menos que sus consejeros, a tenor del coreano culto al líder que practican su equipo y otros cargos del PP en sus comparecencias públicas y, febrilmente, en las redes sociales). Ya lo hizo hace muchos años el entonces presidente Andrés Hernández Ros, con una acusada y súbita mejora salarial, lo que pasmó a los murcianos e inició la cuesta abajo de su Gobierno. Si queremos tener a los mejores en política es obvio que nadie dejará su actividad profesional si la retribución pública percibida es claramente desalentadora. Por eso hoy son innumerables los políticos que nunca han tenido otra profesión y han hecho carrera desde las canteras juveniles de los partidos. Pero si algún político piensa que este es el momento oportuno para plantear unilateralmente mejoras retributivas es que no se entera de lo que pasa a su alrededor. Prefiero pensar que lo ocurrido es un problema de egotismo y no de puro cinismo. Hasta la mayor de las torpezas merece el beneficio de la duda.

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Tormento energético
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-01-2017 | 07:03| 0

Junto a las bellas imágenes de la nieve, los cortes de carretera y el susto de las ramblas, esta semana blanca nos deja una honda sensación de vulnerabilidad y una enorme factura, a pagar en febrero, por el disparatado precio de la electricidad

Tan generoso en horas de sol como cicatero en precipitaciones con los murcianos, el cielo nos obsequió en plena cuesta de enero con una nevada que se celebró como una fiesta en las ciudades de la Región, pero que a punto estuvo de causar más de una tragedia a medida que corrían las horas y nos veíamos a merced de la nieve y el agua. Del espectáculo meteorológico inédito para los más jóvenes nos quedará, junto a muchas estampas de gran belleza, una honda sensación de vulnerabilidad: el Noroeste aislado por autovía durante siete horas y ramblas del Mar Menor a punto, una vez más, de desbordarse en zonas urbanas construidas sobre suelos inundables.

No hay celebración que se precie sin un aguafiestas que oportunamente ponga fin anticipadamente al jolgorio y ya a media tarde del miércoles, con las calefacciones a tope en todo el país, apareció el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para recordarnos que esta semana blanca no nos saldrá precisamente gratis. En un alarde de explicaciones tecnocráticas (cuñadismo sabelotodo, dirían algunos) primero dijo que el precio de la electricidad había alcanzado un máximo por la falta de viento y agua (las fuentes energéticas más baratas), el encarecimiento del gas y un aumento acusado de la demanda por la ola de frío y el parón de las nucleares francesas. Y luego, para levantarnos ya del todo el ánimo, añadió que el recibo de la luz, un 30% más caro desde enero pasado, nos supondrá una media de 100 euros más este año en cada hogar. Un bofetón a nuestras previsiones domésticas justo el día en que el precio de la electricidad se disparaba a su máximo en España y la Región batía su récord de energía diaria consumida en época invernal. Así pues, junto a las bellas imágenes, los cortes de carretera y el susto de las ramblas, nos quedará también de recuerdo una voluminosa factura eléctrica a pagar en febrero.

El ministro nos heló la sonrisa y se nos quedó un rictus amargo, como si acabaran de lanzarnos, sin saber a cuento de qué, un bolazo de nieve en el mismo cielo de la boca. Sobre todo porque de lo poco que sabemos con claridad de nuestras facturas domésticas de luz es que únicamente el 37% responde al consumo que realmente hacemos. El resto son impuestos y peajes, la parte regulada por el Gobierno con la que pagamos a escote los costes de transporte, de distribución, el déficit de tarifa, las primas a las fotovoltaicas, el bono social… Un sinfín de costes ajenos que deberían estar en los Presupuestos Generales del Estado, pero que el Gobierno nos endosa en el recibo para no acentuar su incumplimiento del objetivo de déficit público. Algo similar a lo que sucede con el llamado impuesto al sol, el peaje que usuarios particulares y empresas están obligados a pagar si optan por el autoconsumo eléctrico. El ministro Nadal lo justificó nada más tomar posesión del cargo con argumentos de solidaridad (todos debemos contribuir al mantenimiento y la estabilidad del sistema eléctrico nacional), aunque ya en octubre la secretaría de Estado de Energía había puesto sobre la mesa una razón puramente crematística que suena más convincente: eliminar el impuesto al sol haría que el Estado recaudase unos 235 millones menos al año.

El ascenso rampante de los precios de la luz debería interesarnos bastante en la Región de Murcia. Por un lado, porque los altos costes energéticos son un lastre para la competitividad de nuestras empresas y la Región necesita crecimiento económico para generar empleo y obtener los recursos necesarios para mantener sus servicios públicos básicos, sobre todo ahora que tiene un año por delante con el mismo modelo de financiación autonómica que nos penaliza. Y por otro, porque somos una región de rentas bajas, que ya se encaramó a lo más alto de los ránking de pobreza energética durante la crisis económica. Así lo señaló el Observatorio de la Sostenibilidad en un informe que, cuando fue publicado por ‘La Verdad’ en enero de 2013, escoció en San Esteban, donde el concepto de pobreza energética sonaba entonces a vocablo chino. De manera exculpatoria se asociaba a la existencia de muchas viviendas no preparadas para el frío, lo propio, se decía, de una región de clima cálido. La realidad es que el principal factor generador de pobreza energética es el peso de la factura de la calefacción, de la luz y de la refrigeración en los gastos de las familias con bajas rentas, que se cuentan por decenas de miles en la Región. De ahí que, si la meteórica subida de los precios sigue al alza, muchos hogares murcianos lo van a pasar todavía peor.

Esta ola de frío polar ha evidenciado que el coste de la electricidad, además de ser un arcano inescrutable para los consumidores, parece estar fuera del control del Gobierno y de la Comisión Nacional de la Competencia, que no han sido capaces de lograr que los precios del gas natural se ajusten a las reglas de la oferta y la demanda. Si existe concertación de los mayoristas para trasladar a los consumidores sus costes al alza de manera opaca, el Gobierno debería dedicar el tiempo que invierte en atemorizarnos con subidas astronómicas de la luz a regular ese problemático mercado gasístico. La reforma exprés anunciada por el ministro desprende aromas de improvisación, de deseo de trasladar a la ciudadanía que se toman decisiones en medio de una escalada de precios que será investigada por la fiscalía del Supremo, un hecho que deja en evidencia a la Comisión de la Competencia. Una parte de la oposición no ayuda a generar confianza cuando propone alternativas demagógicas. Nacionalizar las eléctricas, como sugiere Alberto Garzón (IU), es disparatado. Conviene ponerse a cubierto. Se aleja poco a poco el temporal, pero se avecina una electrizante tormenta de ocurrencias para parchear el enquistado tormento energético que sufren familias y empresas.

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Cumbre decisiva
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-01-2017 | 06:50| 0

La Conferencia de Presidentes del martes es una cita clave para los intereses de la Región de Murcia. Han pasado cinco años desde la última cumbre autonómica. Un lustro que no ha sido aprovechado para convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, lo que privó asuntos fundamentales y urgentes, como la financiación autonómica, de un marco institucional con poder decisorio para dirimir intereses autonómicos dispares. Los Ejecutivos nacionalistas de Cataluña y País Vasco van a su aire y no estarán representados por sus presidentes, que escenifican así que esta cumbre no va con ellos, arrogándose una relación de bilateralidad con el Estado que no contempla la Constitución. En todo caso, la Conferencia marcará el inicio de la reforma del modelo de financiación mediante la creación de un grupo de trabajo. Ahí empezará una batalla a la que la Región acude esta vez sin aliados definidos. En anteriores legislaturas, Murcia hizo piña con la Comunidad Valenciana y Baleares, apostando por el criterio del peso poblacional en el reparto de fondos. Pero ahora valencianos y baleares, con sus nuevos gobiernos de izquierda, hacen frente común con Cataluña para asegurarse una mejora sustancial de los recursos. El encuentro del martes servirá para atisbar cuáles serán los criterios de reparto con más apoyos en el conjunto de las autonomías. Sabedor de las dificultades, el Gobierno ha querido garantizarse un éxito de mínimos y llega con muchos elementos pactados y otros que dejó orillados. Quizá por eso Moncloa ni se planteó introducir el problema del agua. Bajo el argumento de que el déficit hídrico no es común a todos los territorios, sino una particularidad del Sureste, el agua no está en la agenda de los presidentes. Y ese es el gran drama para la Región de Murcia, que no logra introducir el agua en la agenda de temas nacionales relevantes y que nunca encontrará una solución sin el apoyo de Comunidades con cuencas cedentes.

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