La Verdad

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Tormento energético
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-01-2017 | 07:03| 0

Junto a las bellas imágenes de la nieve, los cortes de carretera y el susto de las ramblas, esta semana blanca nos deja una honda sensación de vulnerabilidad y una enorme factura, a pagar en febrero, por el disparatado precio de la electricidad

Tan generoso en horas de sol como cicatero en precipitaciones con los murcianos, el cielo nos obsequió en plena cuesta de enero con una nevada que se celebró como una fiesta en las ciudades de la Región, pero que a punto estuvo de causar más de una tragedia a medida que corrían las horas y nos veíamos a merced de la nieve y el agua. Del espectáculo meteorológico inédito para los más jóvenes nos quedará, junto a muchas estampas de gran belleza, una honda sensación de vulnerabilidad: el Noroeste aislado por autovía durante siete horas y ramblas del Mar Menor a punto, una vez más, de desbordarse en zonas urbanas construidas sobre suelos inundables.

No hay celebración que se precie sin un aguafiestas que oportunamente ponga fin anticipadamente al jolgorio y ya a media tarde del miércoles, con las calefacciones a tope en todo el país, apareció el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para recordarnos que esta semana blanca no nos saldrá precisamente gratis. En un alarde de explicaciones tecnocráticas (cuñadismo sabelotodo, dirían algunos) primero dijo que el precio de la electricidad había alcanzado un máximo por la falta de viento y agua (las fuentes energéticas más baratas), el encarecimiento del gas y un aumento acusado de la demanda por la ola de frío y el parón de las nucleares francesas. Y luego, para levantarnos ya del todo el ánimo, añadió que el recibo de la luz, un 30% más caro desde enero pasado, nos supondrá una media de 100 euros más este año en cada hogar. Un bofetón a nuestras previsiones domésticas justo el día en que el precio de la electricidad se disparaba a su máximo en España y la Región batía su récord de energía diaria consumida en época invernal. Así pues, junto a las bellas imágenes, los cortes de carretera y el susto de las ramblas, nos quedará también de recuerdo una voluminosa factura eléctrica a pagar en febrero.

El ministro nos heló la sonrisa y se nos quedó un rictus amargo, como si acabaran de lanzarnos, sin saber a cuento de qué, un bolazo de nieve en el mismo cielo de la boca. Sobre todo porque de lo poco que sabemos con claridad de nuestras facturas domésticas de luz es que únicamente el 37% responde al consumo que realmente hacemos. El resto son impuestos y peajes, la parte regulada por el Gobierno con la que pagamos a escote los costes de transporte, de distribución, el déficit de tarifa, las primas a las fotovoltaicas, el bono social… Un sinfín de costes ajenos que deberían estar en los Presupuestos Generales del Estado, pero que el Gobierno nos endosa en el recibo para no acentuar su incumplimiento del objetivo de déficit público. Algo similar a lo que sucede con el llamado impuesto al sol, el peaje que usuarios particulares y empresas están obligados a pagar si optan por el autoconsumo eléctrico. El ministro Nadal lo justificó nada más tomar posesión del cargo con argumentos de solidaridad (todos debemos contribuir al mantenimiento y la estabilidad del sistema eléctrico nacional), aunque ya en octubre la secretaría de Estado de Energía había puesto sobre la mesa una razón puramente crematística que suena más convincente: eliminar el impuesto al sol haría que el Estado recaudase unos 235 millones menos al año.

El ascenso rampante de los precios de la luz debería interesarnos bastante en la Región de Murcia. Por un lado, porque los altos costes energéticos son un lastre para la competitividad de nuestras empresas y la Región necesita crecimiento económico para generar empleo y obtener los recursos necesarios para mantener sus servicios públicos básicos, sobre todo ahora que tiene un año por delante con el mismo modelo de financiación autonómica que nos penaliza. Y por otro, porque somos una región de rentas bajas, que ya se encaramó a lo más alto de los ránking de pobreza energética durante la crisis económica. Así lo señaló el Observatorio de la Sostenibilidad en un informe que, cuando fue publicado por ‘La Verdad’ en enero de 2013, escoció en San Esteban, donde el concepto de pobreza energética sonaba entonces a vocablo chino. De manera exculpatoria se asociaba a la existencia de muchas viviendas no preparadas para el frío, lo propio, se decía, de una región de clima cálido. La realidad es que el principal factor generador de pobreza energética es el peso de la factura de la calefacción, de la luz y de la refrigeración en los gastos de las familias con bajas rentas, que se cuentan por decenas de miles en la Región. De ahí que, si la meteórica subida de los precios sigue al alza, muchos hogares murcianos lo van a pasar todavía peor.

Esta ola de frío polar ha evidenciado que el coste de la electricidad, además de ser un arcano inescrutable para los consumidores, parece estar fuera del control del Gobierno y de la Comisión Nacional de la Competencia, que no han sido capaces de lograr que los precios del gas natural se ajusten a las reglas de la oferta y la demanda. Si existe concertación de los mayoristas para trasladar a los consumidores sus costes al alza de manera opaca, el Gobierno debería dedicar el tiempo que invierte en atemorizarnos con subidas astronómicas de la luz a regular ese problemático mercado gasístico. La reforma exprés anunciada por el ministro desprende aromas de improvisación, de deseo de trasladar a la ciudadanía que se toman decisiones en medio de una escalada de precios que será investigada por la fiscalía del Supremo, un hecho que deja en evidencia a la Comisión de la Competencia. Una parte de la oposición no ayuda a generar confianza cuando propone alternativas demagógicas. Nacionalizar las eléctricas, como sugiere Alberto Garzón (IU), es disparatado. Conviene ponerse a cubierto. Se aleja poco a poco el temporal, pero se avecina una electrizante tormenta de ocurrencias para parchear el enquistado tormento energético que sufren familias y empresas.

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Cumbre decisiva
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-01-2017 | 06:50| 0

La Conferencia de Presidentes del martes es una cita clave para los intereses de la Región de Murcia. Han pasado cinco años desde la última cumbre autonómica. Un lustro que no ha sido aprovechado para convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, lo que privó asuntos fundamentales y urgentes, como la financiación autonómica, de un marco institucional con poder decisorio para dirimir intereses autonómicos dispares. Los Ejecutivos nacionalistas de Cataluña y País Vasco van a su aire y no estarán representados por sus presidentes, que escenifican así que esta cumbre no va con ellos, arrogándose una relación de bilateralidad con el Estado que no contempla la Constitución. En todo caso, la Conferencia marcará el inicio de la reforma del modelo de financiación mediante la creación de un grupo de trabajo. Ahí empezará una batalla a la que la Región acude esta vez sin aliados definidos. En anteriores legislaturas, Murcia hizo piña con la Comunidad Valenciana y Baleares, apostando por el criterio del peso poblacional en el reparto de fondos. Pero ahora valencianos y baleares, con sus nuevos gobiernos de izquierda, hacen frente común con Cataluña para asegurarse una mejora sustancial de los recursos. El encuentro del martes servirá para atisbar cuáles serán los criterios de reparto con más apoyos en el conjunto de las autonomías. Sabedor de las dificultades, el Gobierno ha querido garantizarse un éxito de mínimos y llega con muchos elementos pactados y otros que dejó orillados. Quizá por eso Moncloa ni se planteó introducir el problema del agua. Bajo el argumento de que el déficit hídrico no es común a todos los territorios, sino una particularidad del Sureste, el agua no está en la agenda de los presidentes. Y ese es el gran drama para la Región de Murcia, que no logra introducir el agua en la agenda de temas nacionales relevantes y que nunca encontrará una solución sin el apoyo de Comunidades con cuencas cedentes.

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Trillo
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Alberto Aguirre de Cárcer | 15-01-2017 | 06:48| 0

Es probable que el exministro y exembajador esté hoy bajo el síndrome de Ayax, muy común en aquellos políticos que no acaban de entender por qué generan un rechazo generalizado cuando se creen merecedores de los mayores honores

En la ciudad donde Jonathan Swift, el autor de ‘Los Viajes de Gulliver’, y John Arbuthnot, médico de la Reina Ana, trabaron una amistad de la que nació un opúsculo llamado ‘El arte de la mentira política’, el azar me llevó hace menos de un año a compartir una corta conversación con Federico Trillo en la que me relató su ’verdad/posverdad’ sobre quiénes le pidieron en su despacho del Ministerio de Defensa la segunda pista de San Javier cuando ya se proyectaba el aeropuerto de Corvera. Aunque siendo el cartagenero un estudioso de Shakespeare, hoy más que nunca su trayectoria política, que cesa con su marcha de Londres, evoca irremediablemente a ‘Macbeth’, ‘La Tempestad’ y, sobretodo, a los diálogos entre Ayax, Agamenón y Ulises que trenzó el genial dramaturgo inglés en torno a la soberbia.

Probablemente Trillo, que anunció su marcha el jueves sin pedir disculpas a las familias de los 62 militares del Yak-42, en realidad sin hacer una sola mención al caso del avión militar, esté hoy bajo el síndrome de Ayax, muy común en aquellos políticos que no acaban de entender por qué generan un rechazo generalizado cuando piensan que son merecedores de los mayores honores. Tan importante como saber estar en política es saber salir de ella, pero entre el deseo de unos de permanecer ‘ad eternum’ en el machito, y la costumbre de nuestros presidentes del Gobierno de premiar a sus amortizados colaboradores con puestos en embajadas, agencias internacionales y demás canonjías, algunos se las apañan de maravilla para esfumarse de la vida pública de la peor manera posible para sus propias semblanzas. Toda huele a que la salida de Trillo «a petición propia» no es más que la fórmula pactada con Rajoy para no pasar por el deshonor de un cese si la presión de la oposición llegara a ser insostenible. Con la marcha de Trillo y la admisión por Cospedal de la responsabilidad del Ministerio de Defensa, Rajoy quiere zanjar la tormenta desatada por el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del avión de transporte militar. Si jurídicamente ya fue relevante el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Ministerio en la tragedia, políticamente ha resultado demoledora la conclusión de que el desastre se habría evitado si Defensa hubiera cumplido con su deber de velar por las condiciones en las que viajaban los soldados. Ni más ni menos que lo sospechado por la inmensa mayoría de españoles, sin distinción ideológica.

Jonathan Swift y John Arbuthnot tenían razón. Visto el caso del Yak-42 desde todos sus ángulos, la política aparece una vez más como el espacio por excelencia de la mentira. Y todo porque, al igual que sucedía hace tres siglos, algunos de sus actores la consideran indispensable para gestionar y comunicar los asuntos de interés público. «Mientras la falsedad vuela, la verdad se arrastra tras ella», decían ambos autores en su libro, aunque precisaban que, para alcanzar el mayor grado de eficacia, la mentira política debe ser efímera. Y la impostura del Yak-42 ha durado nada menos que catorce años. De ahí que sea muy poca la reparación moral que han encontrado en estos días los familiares de los militares fallecidos, más allá de los gestos de empatía de la ministra Cospedal.

Quizá hubiera bastado con que el exembajador y exministro, absuelto en su día de cualquier responsabilidad penal por la Audiencia Nacional, hubiera pedido perdón por el trato dispensado a las familias antes de irse a ese puesto de letrado que ganó por oposición en el Consejo de Estado, aunque puede que entonces Trillo habría dejado de ser Trillo, el hombre que, en una frase a veces atribuida a Aznar y otras veces a Cascos, «es capaz de apuñalarse a sí mismo si le dejas solo en una habitación». Si quien fue el gran muñidor de la política judicial del PP durante décadas quería mantener viva su leyenda negra no lo ha podido hacer mejor. Hace unos años fue enviado por Rajoy a Valencia para convencer a Francisco Camps de que debía dimitir. Esta vez ha sido él quien ha pedido el relevo, quizá sabedor de que, antes o después, alguien podría ser enviado desde Génova para hacerle ver que lo más conveniente sería una retirada rápida del foco público. A estas alturas ya saben todos los dirigentes populares, Trillo el primero, que exclusivamente Mariano Rajoy está tocado con la gracia divina de la flotabilidad del corcho.

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Periódicos y redes
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Alberto Aguirre de Cárcer | 13-01-2017 | 07:28| 0

«Los falsos avisos de bombas no deben ser recogidos como noticia», «el periodista deberá ser especialmente prudente con las informaciones relativas a los suicidios», «en los casos de violación se omitirá el nombre de la víctima»… Algo está cambiando cuando, en estos tiempos modernos, viejos principios del periodismo impreso, condensados en su día por ‘El País’ en su pionero libro de estilo, saltan por los aires cada dos por tres por dejadez, incompetencia o como fórmula para escapar de la irrelevancia. ¿Cómo va a entender la joven Cassandra que no se la persigue penalmente por hacer chistes en Twitter sobre el asesinato de Carrero Blanco, sino porque el Código Penal castiga el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a sus víctimas, si otras conductas más lesivas socialmente se pasan por alto sin el más mínimo reproche?

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Alcohol y menores
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-01-2017 | 06:59| 0

El número de ingresos de menores en los servicios de Urgencias hospitalarias por consumo de alcohol crece en la Región desde 2013, contabilizándose más de medio millar de casos hasta 2015. Sería muy sorprendente que esa inquietante escalada de intoxicaciones etílicas entre menores se hubiera detenido en 2016, cuyas estadísticas oficiales aún están pendientes de cierre. La detección de un número creciente de casos de borracheras que acaban con adolescentes en las Urgencias puede explicarse parcialmente por una mayor intervención de las administraciones públicas, pero no cabe ninguna duda de que subyace un fenómeno muy preocupante que ni mucho menos es exclusivo de la Región de Murcia. La prueba son los datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad, cuya nueva titular se ha comprometido a elaborar una nueva ley sobre el consumo del alcohol, con la vista puesta en la población adolescente. El hecho de que la edad media de inicio en el consumo se haya situado por debajo de los 14 años en la Región da probada idea del grave problema que debe atajar la nueva normativa. La facilidad con que los más jóvenes tienen acceso al alcohol, pese a la actual prohibición, y la falta de una conciencia crítica sobre sus efectos demuestra que esta amenaza para la salud pública debe abordarse en múltiples frentes, desde la escuela y la familia a la intervención policial para castigar a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas a menores. Resulta estremecedor comprobar cómo la preocupación de muchos ayuntamientos reside fundamentalmente en acotar las zonas de botelleo para evitar que las concentraciones de jóvenes, entre ellos muchos menores, causen molestias a los vecinos. Puede que el error de partida sea no considerar que este es un problema que exige una fuerte implicación social por parte de todos. No solo de las administraciones públicas. Debería existir, por tanto, la mayor voluntad de acuerdo entre las fuerzas políticas para lograr una norma realmente eficaz y cuyo principal objetivo, por encima del resto de consideraciones, sea la protección de los menores.

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2017
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-01-2017 | 06:58| 0

Acontecimientos geopolíticos inesperados o nuevas tecnologías disruptivas amenazan cualquier vaticinio en este interconectado mundo. Incluso en nuestro ámbito más cercano puede aparecer un ‘cisne negro’ de profundo impacto

La prospectiva es un área científica en horas bajas. Y a donde no llegan los expertos difícilmente podemos aspirar el resto. Quién iba a predecir hace un año la victoria electoral de Donald Trump o del ‘Brexit’ británico, con todos sus inopinados efectos adversos para nuestra economía. Todo lo que sucede adquiere verosimilitud retrospectiva a posteriori mientras que muy poco puede preverse por adelantado. Intentar lo segundo es meterse directamente en un charco: si el futuro nunca fue predecible, hoy lo es menos que nunca. Acontecimientos geopolíticos inesperados o la aparición de nuevas tecnologías disruptivas pueden dar al traste con cualquier vaticinio en nuestro interconectado mundo. Incluso en el ámbito más cercano puede surgir un imprevisible ‘cisne negro’ de profundo impacto. En las siguientes páginas, la Redacción de ‘La Verdad’ selecciona y detalla lo que previsiblemente será noticia durante 2017, aunque, habida cuenta la larga experiencia acumulada en incumplimientos, todo lo relacionado con el calendario de las infraestructuras habrá que tomarlo con pinzas. Ya hemos perdido la cuenta del número de años esperando para los siguientes doce meses la llegada del AVE a la Región o el comienzo de la regeneración de Portmán.

El año en la Región arranca con mayor incertidumbre política que económica. Igual que 2016. Esta vez no hay citas electorales, pero las sombras de una crisis política están ahí, a la vuelta de la esquina, por la suerte judicial del presidente Pedro Antonio Sánchez, cuyo caso podría verse esta misma semana en el TSJ y que está a la espera de lo que pueda suceder con el ‘caso Púnica’ en la Audiencia Nacional. Una situación inédita que suscita preocupación en unos y esperanzas en otros, pero que de una u otra forma va a tener una fuerte incidencia en la vida pública regional. Dependerá de muchos factores, la mayoría en clave nacional, lo que pueda pasar, en un momento político que está marcado por la negociación de los Presupuestos del Estado y los congresos de las principales formaciones.

La situación económica se presenta menos turbulenta. Aparentemente. Con los Presupuestos regionales aprobados, un crecimiento por encima del 3% y un pacto por el empleo recién firmado con sindicatos y empresarios, es posible que el viento de cola mantenga a la economía murciana en la senda del crecimiento, aunque con cierto freno por los efectos del ‘Brexit’ en las exportaciones y la llegada de turistas británicos. Lo más sorprendente de la economía regional no es su crecimiento por encima de la media, ya que es la tónica general de las últimas décadas cuando España empieza a salir de una crisis. Es el hecho de que el sistema productivo regional se ha fortalecido en los años más duros gracias a un sector, el agroalimentario, que consolidó sus mercados exteriores. Y lo ha hecho con un crecimiento mínimo del crédito bancario, tirando fundamentalmente de sus propios ingresos. El incremento del autoempleo, como consecuencia forzosa de la crisis, es otra nota positiva. La insuficiente industrialización, y la falta de empresarios en el sector turístico con la visión y pujanza demostrada por el agroalimentario, ha frenado la traslación de ese crecimiento al mercado de trabajo, que no ha encontrado aún un motor que pueda sustituir a la construcción. Ha sido el sector servicios el que dio signos de recuperación, con un creciente incremento del consumo, permitiendo bajar un 9% la tasa anual de desempleo. La temporalidad y precariedad siguen siendo altas y cabe hablar de crecimiento, pero no de bienestar económico para una gran parte de la población. Ese es uno de los grandes desafíos regionales de 2017, en el que ineludiblemente habrá que avanzar por más que se quiera obviar el problema de la desigualdad social, cuya resolución pasa, además de por el crecimiento, por un empleo de calidad.

Lo más esperanzador para el nuevo año es la capacidad demostrada por la sociedad murciana para hacer frente a las adversidades económicas, lo que aporta una inyección de optimismo en medio de la ruidosa batalla política regional, que además resulta engañosa. Tras la aparente inestabilidad y oculto tras el ruido declarativo partidista, hoy hay un sistema político más plural, transparente, participativo y con mayor control político de quienes tienen la responsabilidad de gobernar por deseo de los votantes.

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El autogol del 54
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-12-2016 | 06:52| 0

Si sorprendente es la dejación normativa de la Administración regional en el caso del acceso a los espacios públicos, en la línea de lo ocurrido con la renta básica y otras normas, no menos perplejidad suscita que el Ejecutivo descubra el articulado de leyes aprobadas en la Asamblea con el apoyo del PP. Esto es lo que ha ocurrido tras la información publicada por ‘La Verdad’ sobre el artículo 54 de la Ley de Transparencia, que dejaría en situación delicada a Pedro Antonio Sánchez si sigue en el cargo en el supuesto de ser llamado a declarar al TSJ por el ‘caso Auditorio’. El presidente tenía ante sí un problema de mayor enjundia política que judicial, pero vista la inopia en sus filas todo es susceptible de empeorar. Basta con leer la jurisprudencia citada en el reciente auto del Supremo que archivó la causa contra el exalcalde de Vall d’Uxio, el popular Óscar Clavell, acusado de prevaricación y malversación, para constatar cómo la condena por vía penal a un alcalde, en supuestos que aborda habitualmente el derecho contencioso-administrativo, debe estar jurídicamente muy respaldada por evidencias sólidas de actuación arbitraria, injusta y contraria a derecho con pleno conocimiento. «No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona», razona el ponente del fallo, el juez José Ramón Soriano, quien en otra causa pidió el sobreseimiento libre de la exalcaldesa Barreiro por ‘Novo Carthago’, hasta que la Sala de lo Penal lo dejó esta semana en archivo provisional. El auto de Clavell tiene su miga porque sustenta la tesis de defensa de Sánchez (errores administrativos frente a ilícitos penales) y porque también está firmado por Maza Martín, el magistrado que ahora es fiscal general del Estado. Sánchez, cuya destreza política es inversamente proporcional a su pericia administrativa, tiene una acreditada capacidad para navegar por las aguas embravecidas de la política de pactos (ayer dio otra muestra con el acuerdo por el empleo de calidad), aunque sus patinazos jurídicos y los de los cercanos que dormitan en Babia no dejan de arrinconarle al borde del precipicio. El autogol del artículo 54 es para hacérselo mirar.

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Andrés
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Alberto Aguirre de Cárcer | 18-12-2016 | 06:50| 0

No hubo que rascar mucho tras la brutal agresión de un portero a un joven en Murcia para comprobar el descontrol regulatorio sobre estos profesionales, por la falta de desarrollo normativo de una ley regional desde hace cinco años

La brutal agresión de un portero de un bar de copas a un joven que hoy se encuentra en coma en la UCI de La Arrixaca ha causado consternación esta semana en la Región. No hace falta tener un hijo de esa edad para sentir escalofríos ante un acto de semejante barbarie. El vídeo grabado por un testigo no refleja toda la película de los hechos, pero muestra inequívocamente quién es el autor de esa salvajada y quién es la víctima, abandonada a su suerte en mitad de la calle por el agresor y sus acompañantes. Cualesquiera que pudieran ser los motivos o las circunstancias previas jamás justificarían ese ataque contra una persona que hoy se debate entre la vida y la muerte en la cama de un hospital. Como periodista siempre he entendido que el tratamiento informativo de la violencia, ya sea terrorista, de género o callejera, no permite la equidistancia moral con quienes agreden y con quienes son agredidos. Cuando claramente están identificados los unos y los otros, no es aceptable establecer equivalencias factuales en el relato de los verdugos y en el de las víctimas, porque de lo contrario se es cómplice de los primeros y se daña la dignidad de los segundos. La búsqueda de la verdad obliga siempre a un retrato veraz de los hechos, pero eso no implica neutralidad con las víctimas, sino todo lo contrario. Ya sean guardias civiles, como los brutalmente agredidos en Alsasua (Navarra), o un joven taxista de Alcantarilla, cuya vida pende de un hilo por el puñetazo de un portero.

Delimitar las responsabilidades penales corresponde a los jueces, mientras que la obligación de los periodistas es profundizar en los hechos sin dejarse llevar por reacciones irracionales de aplauso fácil en las redes sociales. Ni todos los porteros de los locales de noche son malas bestias de instintos violentos ni las empresas del ocio nocturno que los contratan son desalmados irresponsables. (Muy probablemente jamás habría escrito este artículo ni ningún otro si un gigantesco portero llamado Tibi no hubiera cumplido con su trabajo aquella noche de 1983, impidiéndome de buenas formas, pero taxativamente, el acceso a la discoteca Alcalá 20 a falta de una hora para su cierre).

No hubo que rascar mucho tras el suceso acaecido el pasado fin de semana en Murcia para comprobar que existe descontrol en la regulación de las funciones y criterios de selección de estos profesionales, cuya responsabilidad pública directamente recae en la Administración regional. Han pasado cinco años desde que la Comunidad aprobó la ley de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia. Se trata de una norma fraguada en caliente, como en otras regiones, a raíz del homicidio del joven Álvaro Ussía a manos de un portero de discoteca en Madrid. La Comunidad madrileña puso en marcha su propia norma y la desarrolló, obligando a superar unas pruebas de aptitud a quienes controlan los accesos a los locales nocturnos. Exigencias similares figuran en la normativa murciana, pero el Gobierno regional no la ha desarrollado un lustro después, lo que ha dejado sin efecto el cumplimiento de los requisitos exigibles a estos profesionales de la noche. A lo más que se ha llegado en la Región es a la apertura de 29 expedientes sancionadores a raíz de denuncias por distintos motivos. La propia Asociación de Empresas de Seguridad de la Región (Aresmur) denuncia cómo este vacío legal favorece la actividad de grupos organizados que ofrecen personal de seguridad a pubs, discotecas y prostíbulos. La consecuencia de esa dejadez normativa es que hoy, según Aresmur, solo un 10% de locales nocturnos contaría con vigilantes que han superado todo tipo de pruebas tras una formación reglada por el Ministerio del Interior. La propia Asociación Profesional de Porteros de Discoteca de la Región también alerta de los efectos negativos del actual limbo jurídico, por la existencia de esa ley que no se cumple porque falta su desarrollo. El único responsable penal de la agresión a Andrés será quien determine el juez, pero solo desde una impúdica adulación acrítica se podría pasar por alto que el Gobierno regional está incurriendo desde hace cinco años en un flagrante incumplimiento de su responsabilidad política, que es lo que debe denunciar un medio de comunicación que está al servicio de sus lectores, a fin de que la situación mejore. Ya tardan.

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De PISA y otras brechas
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Alberto Aguirre de Cárcer | 11-12-2016 | 06:26| 0

La Región, la única comunidad donde crecen el número de universitarios, lidera el incremento del abandono escolar temprano y tiene una de las tasas más altas de jóvenes que abandonan los estudios tras la escolarización obligatoria

Cada tres años, desde hace dieciséis, el proyecto PISA evalúa las competencias en comprensión lectora, matemáticas y ciencias de los alumnos de 15 años en 72 países. Se trata de una herramienta impulsada por la OCDE para examinar la marcha de las políticas educativas y asesorar a los Gobiernos que las implementan. No son pocos sus detractores en la comunidad educativa internacional, que alegan cómo estos ‘test’ de competencia elaborados por la empresa Pearson están reorientando los modelos y prioridades de los Gobiernos para, básicamente, salir mejor retratados en las radiografías de PISA. Gusten o no, lo cierto es que son la vara de medir utilizada internacionalmente, pese a que los modelos de enseñanza y las condiciones socioeconómicas y culturales son muy distintas en los países participantes. España mejoró en 2015 sus puntuaciones y su posición relativa, situándose en la media de los países desarrollados (EEUU, Francia, Austria, Noruega, Suecia…). Aún así no cabe la autocomplacencia porque, a diferencia de naciones como Portugal, que dio un salto histórico, España sube peldaños porque los resultados generales de la OCDE empeoran. Sumidos en el grueso del pelotón, permanecemos estancados a una distancia abismal de los países de cabeza. Midiéndose consigo misma, la Región mejora levemente en este trienio y eso es una novedad positiva. Dicho esto, no hay motivos para lanzar cohetes. Solo para seguir trabajando. La mejoría en las notas es modesta y avanzamos unos cuantos asientos, en parte por el regreso de Canarias al estudio PISA, con quien compartimos furgón de cola en el tren educativo, muy lejos de la media española y de la OCDE.

De nuevo, PISA ha revelado un gran desigualdad regional. El norte, con mayor nivel de renta, cosecha mejores puntuaciones que el sur, con Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia liderando las peores notas. Si se tiene en cuenta el llamado índice social, económico y cultural (ISEC), que refleja cuestiones como la ocupación profesional y el nivel educativo de los padres, así como los recursos disponibles en el hogar (número de libros u ordenadores), nuestra puntuación en Ciencias sería de 508 puntos, es decir, subiría 24 puntos, situándose a la altura de la media española, Francia o Nueva Zelanda, y por encima del promedio de la OCDE.

Salta a la vista que las desigualdades socioeconómicas entre la España rica y la pobre son una causa fundamental de desigualdad competitiva en materia educativa. Sin embargo, el menor nivel de renta no puede servir de excusa o de bálsamo porque inciden también otros factores, como las diferencias en inversión educativa, la ratio de alumnos por aula, la formación y apoyo al profesorado… que explican porqué, tanto en el norte como en el sur del país, algunas regiones logran mejores resultados que sus vecinas. Esgrimir el ISEC para justificar los mediocres datos regionales de PISA solo vale hasta un cierto punto.

Existe, además, un fenómeno muy acusado en la Región de Murcia que lastra los resultados en PISA y alarma a la OCDE: la altísima tasa de alumnos repetidores. De los 30 alumnos que se sientan en un aula de cuarto curso de Secundaria, de cualquier instituto de la Región, como media 12 han repetido al menos un curso. Murcia tiene el segundo porcentaje más alto de España de alumnos que estudian uno, dos y hasta tres cursos por debajo del que les corresponden a sus 15 años. Y PISA examina a los alumnos de esa edad, independiente del curso que realicen. Frente a los repetidores, los alumnos murcianos que estudian en su nivel correspondiente obtienen hasta 200 puntos más en los ‘test’. Esa enorme desigualdad en comprensión lectora, matemáticas y ciencias entre los adolescentes murcianos revela otra preocupante brecha, esta vez interna. Eliminar a los repetidores de las estadísticas para tranquilizar a los padres de los estudiantes más competentes no exime a las autoridades de su responsabilidad porque los repetidores forman parte del sistema educativo. Son, de hecho, hijos de un modelo que ha conocido siete leyes en tres décadas, para desánimo de la comunidad escolar. Habrá que preguntarse si los institutos de la Región, como señala la Asociación de Directivos de Enseñanza Secundaria, ofrecen suficientes alternativas a los alumnos con dificultades, bien en Secundaria o por la vía de la Formación Profesional. Habría que al menos plantearse si repetir curso debe ser una medida más excepcional, como pide la FAPA. Algo falla clamorosamente si, a todo lo anterior, sumamos que la Región encabeza la tasa de abandono escolar temprano. Lejos de mejorar, empeora en cada estadística. En el tercer trimestre del año, el abandono escolar temprano bajó un 19,4 % en todo el país mientras que aquí se incrementó un 2,6%, la mayor subida de todas las comunidades. Murcia ostenta, por si fuera poco, uno de los porcentajes más altos de jóvenes que abandonan los estudios tras la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Nada menos que el 26,2% de los adolescentes dejan de formarse a partir de esa edad, siete puntos más que la media española.

Y, sin embargo, mientras buena parte de los campus pierden alumnos, el número de universitarios aumenta en la Región. Murcia es la única comunidad donde se mantiene al alza el número de estudiantes por el crecimiento de la UCAM y la congelación de tasas en las universidades públicas. Lo que lleva a concluir que la Región está formando a muchos universitarios de otras comunidades, a las que retornarán cuando terminen su formación. De modo que antes de lanzarse al enésimo intento de pacto educativo más valdría que los partidos aparcaran el sectarismo ideológico y analizaran a fondo cuáles son las carencias y las necesidades reales de Murcia, un paradigma de múltiples desigualdades educativas, hacia fuera y hacia dentro. Quizá lo más oportuno sería preguntar primero a los docentes. Si la Región mejoró sus puntuaciones en un contexto de mayor número de alumnos de Secundaria por aula y recortes en becas, algo habrán tenido que ver nuestros maestros.

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Politización de la justicia
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Alberto Aguirre de Cárcer | 05-12-2016 | 09:48| 0

Tras los acuerdos sobre el déficit y el salario mínimo, los populares han propuesto a los socialistas en Madrid un pacto por la justicia, que incluye la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la instrucción de los causas penales. Pero también para limitar la acusación popular en estos procesos, un asunto controvertido tras las supuestas extorsiones de Manos Limpias o por las sospechas de su utilización en no pocos sumarios de calado político como una defensa encubierta. Lo más sustancial es que PP y C’S, y puede que PSOE, parezcan de acuerdo en poner freno a la acusación popular de los partidos y sindicatos para romper con la imagen de la politización de la justicia. Como recordatorio conviene apuntar que Podemos y PSOE ejercen la acusación popular en el ‘caso Auditorio’ contra Pedro Antonio Sánchez, mientras el PP la ejerce en el ‘caso de los Ere’ contra Manuel Cháves y José Antonio Griñán. La reforma solo acertará si existe un amplio consenso político, se multiplica la plantilla de fiscales y se les garantiza su independencia.

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