El anuncio de una subida de impuestos a productos ultraprocesados actualiza el debate entre la comunidad médica y la industria alimentaria

Un 37,8% y un 15,6% de la población adulta española, y un 18,7% y un 8,9% de los niños, se encuentran en condición de sobrepeso y obesidad. Lo que es ya un grave problema de salud pública, teniendo en cuenta las enfermedades asociadas a esta patología, tiene su origen en los cambios alimentarios producidos en apenas un par de décadas, cambios, a su vez provocados por la globalización, con la extensión de la llamada ‘comida rápida’ o ‘comida basura’, importada de los países anglosajones, Estados Unidos, principalmente, y por la tecnologización de una industria alimentaria que nos ha alejado progresivamente de la ingesta de alimentos y ha promovido el consumo de productos elaborados industrialmente, es decir ultraprocesados.
Pues bien, para ovación de médicos y nutricionistas y rechazo frontal de los portavoces de la industria, el nuevo Gobierno prepara una serie de medidas para desincentivar el consumo de estos productos, entre ellas, la subida del impuesto con el que están gravados. Naturalmente, es esta la propuesta que más ha provocado el rechazo de la industria, que se ha apresurado a asegurar tajantemente que las medidas fiscales no modifican los hábitos alimentarios. Los economistas defensores de este argumento ponen ejemplos: «Supongamos una lata de refresco de 45 céntimos que pague un IVA del 10% y se venda a 50 céntimos. Si subimos el IVA al 21%, la lata de refrescos pasaría a costar 55 céntimos. Es decir unos inapreciables 5 céntimos más».
Una vez más se demuestra aquí que los análisis puramente economicistas no revelan la realidad de las cosas porque se dejan fuera muchos parámetros sociales. La obesidad en nuestras sociedades no es la de opulencia, sino la de la pobreza. Está demostrado que son los pobres los que más consumen estos tipos de productos precisamente porque son muy baratos. Recordemos que cocinar tiene un gasto también energético y cuando estamos mirando al umbral de la pobreza, un incremento en el precio de un producto que puede parecer insignificante a una economía doméstica de nivel medio, es decisivo en hogares con recursos muy limitados o sin ellos. Y más por el efecto acumulativo. La clave no es una lata de refresco. La clave es el incremento global de una cesta de la compra que estuviera formada por este tipo de productos. Es cierto que, por sí solo este incremento impositivo poca efectividad tendría si no fuera acompañado por una reducción del IVA de los productos frescos y sanos y por medidas en los ámbitos de la educación y del marketing social destinado a la concienciación.
De todas formas, medidas similares ya se han utilizado con éxito en otras áreas de la salud pública, como por ejemplo sobre el tabaco, «y se ha observado que los aumentos de precio de los cigarrillos han llevado asociados una disminución inmediata y permanente de las ventas y de la prevalencia de su consumo», según algunos estudios. En un informe de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas) titulado ‘Un dulce impuesto para no amargar la salud’ se señala que «Puede objetarse que gravar las bebidas azucaradas no es la solución a la obesidad, y que como estrategia afectaría incluso a los que consumen pequeñas cantidades de este tipo de bebidas. Sin embargo, tampoco otras medidas, como los sistemas de retención infantil, airbags y cinturones de seguridad eliminan totalmente los accidentes de tráfico, pero sí contribuyen a disminuir la morbimortalidad que producen. La reducción de la ingesta energética en un 1% a un 2% por año tendría un importante impacto en la salud para todas las edades, y los efectos colaterales de la medida sobre la carga económica de los que consumieran cantidades moderadas o mínimas serían coherentes con dicho consumo».
Dinamarca fue el primer país en gravar los productos con más de un 2’3% de grasas ‘trans’. En Francia, la reducción del 3,4% del IVA de las frutas y hortalizas aumentó el consumo medio en 4,8 gramos por persona; lo mismo ocurrió en Nueva Zelanda. Y más recientemente Francia ha subido los impuestos a las bebidas azucaradas. En 2011, Finlandia, y Hungría habían seguido el mismo camino.
De una forma menos velada que el argumento de la poca efectividad de medidas fiscales, las advertencias del lado de la industria van por el acostumbrado descenso de empleos, sin considerar, naturalmente la vía de restringir beneficios y/o la de adaptarse industrialmente a una nueva situación.
En cualquier caso, puestos a tasar, habría también que poner en la balanza el coste para la sanidad pública del tratamiento de todas las enfermedades derivadas de la obesidad, así como el del absentismo laboral y profesional añadido.

␀ĀĀᨃĀĀ焃