El cuadro de honor de los gobernantes más derrochadores de la historia lo encabeza el emperador chino Shi Huangdi  (221– 210 A. C.), el tirano que comenzó la construcción de la Gran Muralla y al que se debe el enorme mausoleo que contiene los famosos guerreros de terracota.

Para la historiadora venezolana Alejandra Martínez, Calígula (37-41 D.C.) es  el siguiente en esta lista de despilfarradores públicos, en las que son todos los que están pero no están todos los que son: “Cuando vació las arcas del Estado romano, confiscó propiedades y herencias y creó nuevos impuestos “.

No podía faltar en esta breve relación, el Rey Sol, Luis XIV de Francia (1643-1715), el del Estado soy yo, para el que el interés general y el suyo propio eran la misma cosa. Para financiar las enormes deudas que contraía no dudaba en masacrar a impuestos a nobles y ciudadanos. 

El último de la lista es un caso diferente  pues hablamos de un gobernante democrático, Franklin D. Roosevelt, el Presidente de Estados Unidos (1933-1945),  al que le tocó lidiar con la Gran Depresión, decidiendo, con su programa New Deal, aumentar el gasto público muy por encima de los ingresos con objeto de reactivar la economía. ¿Cómo lo hizo? Subiendo impuestos y confiscando bienes privados. El resultado final: prolongación de la crisis, incremento del desempleo y de la deuda pública.

El economista Juan Manuel Rallo, destacado apóstol de la minarquía, prologa la séptima edición de un libro muy recomendable para todos los políticos, cualquiera que sea su ideología:  “La economía en una lección”, de Henry Hazlitt, que se puede resumir en un mensaje muy simple: las decisiones económicas de los gobernantes siempre  deben contemplar el largo plazo y tener en cuenta sus efectos sobre todos los sectores.

Para Rallo, la obra pública fue un recurso cortoplacista utilizado por muchos países para luchar contra la crisis de 2008, lo que provocó mayor endeudamiento y mayor carga impositiva. En España, el Plan E supuso un agujero de casi 8.000 M€ para las arcas del Estado, según el Tribunal de Cuentas.

Lo que no admite duda alguna es que las decisiones de los dirigentes políticos y los programas de gasto e ingresos fiscales de las Administraciones Públicas tienen un coste que finalmente siempre recae sobre los ciudadanos.

Los burócratas permanecen y siempre con tendencia a aumentar el presupuesto que manejan, el dinero de todos. El gobernante se marcha y deja como legado las posibles consecuencias de sus actuaciones para que las asuma la sociedad.

Al fin y al cabo, como decía James Buchanan, Premio Nobel en Economía en 1986, uno de los fundadores de la Public Choice, los políticos y los burócratas son de carne y hueso, como todos,  y tienden a maximizar sus incentivos y motivaciones particulares que no tienen por qué coincidir siempre con los intereses generales.

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La Teoría de la Elección Pública (Public Choice) surge para reclamar el derecho de los ciudadanos, ya que tenemos que asumir los costes,  a controlar a las instituciones públicas mediante los mecanismos adecuados, pretendiendo desarrollar un marco institucional que modere el poder político frente a la sociedad civil, postulando que el Estado, por el interés general, debe ser limitado o reducido.

La democracia representativa no debería servir para que los votantes otorguemos a los dirigente políticos un cheque en blanco que les permita tomar  las decisiones que más les convengan en cada momento, por interés personal o partidista, sobre todo cuando no se dan explicaciones en ruedas de prensa sin preguntas o no se responden las cuestiones que plantea la oposición en el Congreso, defraudando a millones de ciudadanos que tenemos derecho a saber.

El proceso de rendición de cuentas se entiende como una obligación de las instituciones de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones de los actores interesados sobre la eficiencia en la gestión de los recursos asignados y los resultados de sus planes de acción. La transparencia es un pilar fundamental de los gobiernos democráticos, que deben estar siempre abiertos al escrutinio público.

Esta es la teoría. En la práctica, para cualquier votante resulta muy laborioso recolectar la información necesaria para emitir un voto basado en información objetiva, lo que induce a que el elector medio se despreocupe de la política, se conforme con creer con lo que le cuentan sus medios de cabecera, se deje llevar por su ideología,  analice solo el corto plazo de las medidas económicas (“miopía del votante”)  o que finalmente se abstenga de votar.

Visionar una breve clase magistral, no exenta de cierta vehemencia,  de un experto en la materia, como el Catedrático Jesús Huerta de Soto, es la forma más cómoda y didáctica que he encontrado de divulgar los fundamentos de la Teoría de la Elección Pública.

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Juan José Ríos