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Rivera y la vieja política

Sorprende oír al líder de Ciudadanos, con lo que está sucediendo en la Región de Murcia, que «una cosa es meter la mano y otra meter la pata», para justificar su apoyo al PSOE en Andalucía con cuatro altos cargos imputados

El pasado lunes fue la estrella indiscutible en la recepción del Palacio Real. Catapultado por los resultados en las elecciones catalanas y de unas encuestas que sitúan a Ciudadanos muy cerca del PP y el PSOE a dos meses del 20D, Albert Rivera era el blanco de todas las miradas y la pieza más cotizada en los corrillos. Hace ocho años me lo presentó en Madrid su entonces jefa de prensa, con la que había compartido redacción de periódico. Rivera acababa de obtener con Ciudadanos tres diputados en las catalanas, a las que se había presentado con un cartel electoral en el que aparecía desnudo, como símbolo de transparencia y sencillez. Entonces nadie hacía corrillos a su alrededor porque, salvo para los periodistas, aquel jovencísimo político era prácticamente desconocido fuera de Cataluña. Ahora dispara las audiencias de televisión y obtiene las mejores valoraciones en las encuestas. Comunica mejor que sus rivales, comete pocos errores y empatiza con su discurso de la ‘nueva política’. Es brillante. Nadie duda ya de que va a ser un actor clave a partir del 20D. Por eso, PP y PSOE, enredados en sus líos internos, dudan entre el cortejo y el ataque a C’s a dos meses de los comicios, mientras él juega a la equidistancia para ganar votos en ambos flancos del centro ideológico con el ánimo de dar un ‘sorpasso’ inimaginable hace solo unos meses. Con un partido en plena formación, cuya estrategia controla un estrecho círculo de colaboradores, ha supeditado su acción política en las comunidades autónomas a esa estrategia pensada con vistas a las generales. El PP llegó al gobierno con el apoyo de C’s en la Región de Murcia, Madrid, Rioja y Castilla-León, mientras que el PSOE lo hizo con el partido naranja en Andalucía. En todos los casos, Ciudadanos apoyó a la lista más votada con pactos de investidura. Todos se basan en un compromiso por la regeneración democrática que incluye «la separación inmediata de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». En la Región lo firmaron el presidente Pedro A. Sánchez y el portavoz de C’s, Miguel Sánchez, quien ahora avisa de que no apoyará la aprobación del techo de gasto, pieza clave para dar luz verde a los Presupuestos de 2016, si no dimite la alcaldesa de Torre Pacheco tras su imputación por una presunta prevaricación. Mi opinión, como la expresada por la mayoría de los ciudadanos en las encuestas, es que los imputados no deben ir en las listas, aunque como norma me parece prudente que no se abandone un cargo electo hasta el momento en el que un juez dicte apertura de juicio, siempre que el presunto delito no sea flagrante o la permanencia en el puesto dañe o paralice las instituciones. Las circunstancias y la letra de un pacto, elaborado por C’s y rubricado libremente por el PP, han hecho que en el caso de la alcaldesa estén en juego la estabilidad del Gobierno y la aprobación de su ley más importante. Todo hace pensar que la primera edil del ‘dedo mágico’ tiene los días contados, sea o no un caso de corrupción política o como curse judicialmente.

Este extenso ‘acuerdo de gobernabilidad y regeneración democrática’ tiene más de lo segundo que de lo primero. Solo obligaba a Ciudadanos a facilitar la investidura de Sánchez, mientras que éste se ve forzado a cumplir con múltiples exigencias. Eso es lo que ocurre cuando una parte, por pequeña que sea, tiene la sartén por el mango. Lo llamativo es que ese mismo pacto lo firmó C’s con el PSOE en Andalucía, donde apoyarán los Presupuestos de 2016, pese a que hay cuatro altos cargos imputados por presuntos delitos de prevaricación. Y todavía sorprende más oír a Rivera, el pasado mes en La Sexta, justificarlo con el argumento de que «una cosa es meter la mano y otra meter la pata». Semejante relativismo de todos con el cumplimiento de la legalidad me retrotrae a tiempos donde esa misma doctrina tuvo tan funestas consecuencias para el PP regional. Habrá que recordarle a Rivera que eso de la doble vara de medir, según las circunstancias, el momento y los territorios, es parte esencial de la ‘vieja política’ que dice denostar.

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