Con una hábil finta, Pedro Antonio Sánchez desactivó ayer, de momento, una de las minas dejadas por el ‘dream team’ gubernativo (2003-2007) de Valcárcel, junto a Corvera, Novo Carthago, Zerrichera, Joven Futura… Al enviar al Tribunal de Cuentas los informes jurídicos de la desaladora de Escombreras, Sánchez gana tiempo y desprende a su Ejecutivo de la losa de decidir si en el daño a las arcas públicas hubo responsabilidad contable de miembros de aquel equipo de gobierno. No es un tema menor. Si la hubo, el culpable responde con su patrimonio. El ‘marrón’ que se quitó Garre de encima en el último suspiro, Sánchez lo aleja ahora y puede venderlo como un ejercicio de rigor e independencia al traspasarlo al principal órgano fiscalizador. La duda es si el Gobierno lo hace realmente porque sobre la mesa hay un nuevo informe, demoledor, de la Intervención.