Ya en los albores de nuestra civilización, Platón, Aristóteles o Cicerón opinaban que los políticos deberían ser personas ejemplares y expertas para velar con eficacia por los intereses colectivos. Platón, quizá con un punto de ironía, aconsejaba descartar, de entrada, a aquellos que se postulaban como gobernantes porque podían tener intereses espurios.

En su reconocida obra maestra, Escuela de Mandarines (1974), el  autor murciano  Miguel de Espinosa, presentó una visión crítica y despiadada de la burocracia, del poder político y los amigos del régimen, preconizando que el gobernante legítimo debería regirse por una serie de principios básicos como los siguientes:

1. Servidores de la Verdad, no de la Ideología: El político ideal no puede utilizar el lenguaje para manipular, camuflar realidades o crear relatos ficticios. La transparencia absoluta y la honestidad brutal son los primeros requisitos.
2. Liderazgo desde el desapego: Quien gobierne no debe ansiar el poder ni los privilegios de la casta.  La clase política debería estar compuesta por individuos que asuman el gobierno como una carga temporal y un deber ético, listos para regresar a su vida civil sin aferrarse a las estructuras del Estado.
   
3. Fomento de la desobediencia crítica: Un buen gobernante no busca una masa dócil y silenciosa que aplauda la “Feliz Gobernación”. Al contrario, debe incentivar el pensamiento crítico, la discrepancia y la autonomía de los ciudadanos, entendiendo que una sociedad sana se mide por su capacidad de cuestionar a sus propios líderes.

Los funcionarios políticos—como designaba Weber a cualquier cargo designado a dedo, desde ministros a asesores— suelen ser elegidos por afinidad partidista o ideológica, con independencia muchas veces de la formación y los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del puesto, sin tener en cuenta que la creciente complejidad del mundo actual exige tener dirigentes cada vez más competentes.

Los ciudadanos tenemos derecho a disponer de los mejores gobernantes posibles, y la clase política debe sentirse en el deber de aportarlos, eso sí, en el número imprescindible―como el de los funcionarios y asesores a su servicio―, desde la consideración de la austeridad  como una virtud inherente al sector público.

La política es la única actividad para la que no se requiere formación ni experiencia profesional previa. Lo ideal es que el dirigente tenga otra profesión para evitar que se aferre a los puestos para los que es designado. Sólo los políticos profesionales que no tienen experiencia en el sector privado, o no quieren o no pueden tenerla, están dispuestos a abrazar la actividad pública como modus vivendi vitalicio, como ocurre con algunos prebostes provenientes de las juventudes de los partidos.

Sería deseable que la política fuera capaz de atraer a los mejores, pero no todo el mundo está dispuesto a abrir un paréntesis en su vida laboral o empresarial—posiblemente perdiendo dinero— para someterse a la dureza del escrutinio público, asumiendo la clásica inestabilidad en la permanencia en el cargo, a cambio de unas aportaciones inciertas al bien común o por servir a unos ideales.

Aunque la RAE todavía no ha admitido la voz “caquistocracia”, se trata de un término— kakistocracy— usado con naturalidad en los países anglosajones, aludiendo al “gobierno dirigido por las personas menos idóneas, capaces o experimentadas de un país” que, para mayor desgracia de los Estados que los sufren, suele estar íntimamente relacionado con la cleptocracia, como sistema político en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos.

Para Friedrich Hayek, “sólo los peores se colocan a la cabeza en los regímenes totalitarios o que pretenden serlo, porque pronto tendrán que prescindir de la moral ordinaria o fracasar. Esta es la razón por la que los faltos de escrúpulos o los aventureros tengan más éxito en una sociedad que tiende al totalitarismo” 

El autócrata no puede actuar en solitario, necesita de un grupo incondicional de colaboradores con opiniones homogéneas que sigan ciegamente sus consignas, lo que, según Hayek, excluiría con toda probabilidad a los mejores individuos de una sociedad por tres razones fundamentales:

1. La educación y la inteligencia provocan tener más opiniones críticas y hacen a los individuos menos manipulables, menos proclives, por tanto, a aceptar adhesiones inquebrantables.
2. El líder totalitario busca crear un cuerpo de seguidores con escaso criterio propio, fanatizados por una propaganda confeccionada ad hoc y difundida machaconamente a través de medios afines.
3. La existencia de un enemigo, interno o externo, es la clave de bóveda para un demagogo. En el primer caso, la clásica contraposición entre el “nosotros” o “ellos”, que atenta contra la alternancia democrática, suele ser un arma muy eficaz para generar una masa acrítica que apoye al líder incondicionalmente, a veces más por temor a la llegada de los contrarios al poder que por la confianza que pueda inspirar aquél o por firmes convicciones ideológicas.

Cualquier ciudadano puede optar a un puesto de asesor o de libre designación en una Administración Pública sin concurrir a unas elecciones, en las que todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, pero si como sociedad aspiramos al gobierno de los mejores, ¿por qué tantas personas que no nos parecen ni sabias, ni virtuosas ni preparadas llegan a ostentar puestos de responsabilidad política?

La primera causa radica en los propios individuos, que sobrevaloran sus capacidades: es el llamado efecto Dunning-Kruger, el atrevimiento de los mediocres, de los temerarios, que no siendo conscientes de su ignorancia (o quizá sí) no dudan en aceptar cargos para los que no están preparados,  buscando, muchas veces, una ocupación que no encontrarían en el sector privado.

La política se ha convertido en un espectáculo en el que, por encima de las capacidades de gestión, de la preparación y de la experiencia, priman las emociones que pueden suscitar los personajes más mediáticos en sus apariciones en platós, tertulias de radio o en las redes sociales.

Por otra parte, en el sistema de listas cerradas de los partidos prima la ideología, se incentiva la obediencia incondicional, la habilidad de recabar apoyos o de pasar factura por favores o servicios prestados a la causa. Por el contrario, un proceso electoral de listas abiertas ayudaría a seleccionar a los mejores candidatos y a reducir la polarización. Como asegura un estudio de las universidades Carlos III de Madrid y de Houston: “La ciudadanía atiende más a la ideología cuando vota listas cerradas y a la persona cuando son abiertas”

Los ciudadanos, como electores y posibles candidatos, tenemos que sentirnos concernidos. Debemos sentirnos en la obligación de ser más exigentes con los méritos de los candidatos e informarnos lo mejor posible antes de emitir nuestro voto. Como elegibles, quizá por exceso de prudencia, por miedo a no estar a la altura—síndrome del impostor—o por tener una buena ocupación en el sector privado, muchos ciudadanos válidos no dan el paso de implicarse en la actividad política, dejando así espacios para que los ocupen aspirantes menos competentes.

¿Por qué elegimos entonces a los menos idóneos? Fundamentalmente porque detrás de cada político incompetente hay votantes, partidos y medios de comunicación que lo han promocionado. Quizá se nos olvida que, aparte de electores y elegibles, también son ciudadanos los militantes de los partidos y los periodistas. Todos vamos en el mismo barco y tenemos nuestra parcela de responsabilidad en el objetivo de que nos gobierne la mejor clase política posible, incentivando a los más capaces y extremando los requisitos para evitar que los mediocres lleguen al poder ejecutivo.

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RTVE ha lanzado un ciclo de cine  con motivo de los noventa años transcurridos desde el comienzo de la Guerra Civil española, un conflicto fratricida que continúa apareciendo con sorprendente frecuencia en nuestra conversación política.

Que una sociedad recuerde su pasado no es cuestionable. Al contrario: conocerlo, reconocer a las víctimas y analizar las causas de esta tragedia constituye una obligación moral y cívica. El problema comienza cuando el pasado deja de servir para comprender y se convierte en un generador de polarización en el presente.

Aquí resurgen las tesis de Alexis de Tocqueville, cuando afirmaba que una democracia no se sostenía únicamente sobre buenas leyes e instituciones. Requiere también una determinada clase de ciudadano:  que participe, que se asocie con otros, que contraste las opiniones dominantes y que conserve cierta independencia frente al Estado, los partidos y, sobre todo, frente a las pasiones que puede suscitar su propio bando.

El temor de Tocqueville era una sociedad formada por individuos cada vez más aislados, preocupados por sus asuntos privados y dispuestos a delegar completamente la vida pública. Ese ciudadano pasivo resulta especialmente vulnerable a quienes pretenden movilizarlo mediante el miedo, el resentimiento o la identificación de un enemigo.

El Dr. Eduardo Nolla, reconocido experto en el pensamiento de del jurista francés, nos ilustra acerca del concepto de despotismo suave:

Por eso su pensamiento enlaza tan bien con la propuesta de Concordland, que no se concibe con la pretensión de que todos pensemos igual. Tampoco propone una reconciliación basada en olvidar las injusticias, relativizar los hechos o concluir cómodamente que todos tuvieron la misma responsabilidad. Sería una forma de buenismo tan ingenua como inútil. La concordia democrática exige algo mucho más difícil: aprender a discrepar sin convertir al adversario en enemigo.

La Guerra Civil constituye una magnífica prueba de este principio. Podemos y debemos discutir sobre la República, el golpe de Estado, la represión, el franquismo, la Transición o las actuales políticas de memoria. Pero deberíamos preguntarnos también qué ocurre cuando trasladamos las categorías de 1936 a los ciudadanos de 2026.

¿Tiene sentido seguir calificando indiscriminadamente de «facha» a quien sostiene posiciones conservadoras o de «rojo» a quien simpatiza con las ideas de izquierdas? Esas palabras poseen un significado histórico que debemos conocer. Utilizadas como etiquetas contra el adversario democrático, dejan de esclarecer y empiezan a excluir.

Y aquí aparece una regla esencial de Concordland: las responsabilidades no se heredan. Nadie debería responder por sus abuelos, por la historia de la organización política a la que vota ni por la etiqueta que otro decida imponerle. La responsabilidad corresponde a personas y actos concretos. Una democracia puede juzgar severamente su pasado sin fabricar culpabilidades colectivas en el presente.

¿Cómo administrar entonces una memoria traumática? Propongo seis verbos: conocer, reconocer, reparar, responsabilizar, reintegrar y aprender.

Conocer toda la verdad histórica de la forma más objetiva posible. Reconocer la dignidad de todas las víctimas sin falsear las diferentes responsabilidades. Reparar aquello que todavía pueda repararse. Responsabilizar a quienes cometieron los actos, sin transmitir sus culpas a generaciones posteriores. Reintegrar plenamente en nuestra comunidad política a todo adversario que respete las reglas democráticas. Y aprender del pasado para impedir que sus horrores se repitan.

Pero Tocqueville añadiría algo fundamental: no podemos dejar esta tarea exclusivamente en manos de gobiernos y partidos. El ciudadano responsable debe preguntarse ante cualquier relato político: ¿qué hechos conozco realmente?, ¿qué se está omitiendo?, ¿se pretende comprender el pasado o movilizarme contra alguien?, ¿se está intentando cerrar una herida o mantenerla abierta porque resulta políticamente rentable?

Y existe una prueba todavía más exigente: aplicar esas preguntas también a quienes sentimos más próximos. Detectar la manipulación del adversario es fácil. La verdadera independencia cívica comienza cuando somos capaces de detectarla en nuestro propio bando.

Quizá no lleguemos nunca a compartir una interpretación idéntica de la Guerra Civil. Tampoco es necesario. Una democracia madura no necesita ciudadanos que estén de acuerdo sobre todo su pasado. Necesita ciudadanos capaces de construir juntos el futuro a pesar de interpretarlo de manera diferente.

Ese es, precisamente, el territorio de Concordland. La concordia no exige que dejemos de discrepar. Exige que dejemos de odiarnos por discrepar.

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Otra palabra sencilla que me parece interesante por la evocación a la concordia que genera es Sobremesa: “el tiempo que se pasa  charlando tras haber disfrutado de una buena comida”. Resume un ritual social completo de convivencia y diálogo.

Más enrevesada y de uso menos frecuente es Alipori: “la sensación de sentir vergüenza ajena por las acciones inconscientes de otra persona” pero  Agibílibis: “astucia, maña o habilidad para ganarse la vida o resolver problemas cotidianos con pocos medios” se lleva la palma en cuanto a rareza.

La morfología de algunos idiomas permite crear curiosos vocablos de alta densidad semántica, como  IKTSUARPOK,  que en la lengua de los inuits significa: “salir a la puerta del igloo para ver si viene alguien un día que nieva” o la palabra indonesia JAYUS: “chiste tan mal contado y con tan poca gracia que uno tiene que reírse a la fuerza”.

Sirva este preámbulo veraniego para reiterar mi aspiración, quizá presuntuosa,  de que el vocablo Concordland —ya esbozado en mi libro Metamorfosis y Concordia— condensara en una sola palabra una forma de entender la convivencia humana, un horizonte  ideal que quizá sea inalcanzable plenamente pero que nos puede servir como orientación para fortalecer la democracia. Visualizar la cumbre ayuda a preparar la escalada.

El ideal concordlandiano no pretende ser un ejercicio de buenismo ingenuo ni una colección de buenas intenciones. Aspira a constituir una filosofía práctica de la convivencia democrática y del buen gobierno, sustentada en una cultura del acuerdo capaz de contener la polarización afectiva que deteriora nuestras sociedades.

Comporta la consiguiente ingeniería institucional,  basada en datos objetivos y en el análisis de experiencias internacionales, sin apriorismos ideológicos,  que han demostrado sus buenos resultados ante los complejos retos que plantean las sociedades modernas.

Como decía en mi anterior artículo, una sociedad enfrentada encuentra enormes dificultades para alcanzar pactos duraderos sobre cuestiones esenciales como la educación, la vivienda, las pensiones, la sanidad, la energía, la inmigración, la memoria democrática, la equidad territorial, la deuda pública o la gestión del agua. Sin estabilidad institucional es más difícil generar confianza, atraer inversiones o planificar reformas.

Reconciliation, de Josefina de Vasconcellos,

En aras del interés general, una democracia madura tendría que ser capaz de tratar con la máxima objetividad posible cada uno de esos asuntos relevantes que generan tantas controversias. No se trata de que la derecha convenza a la izquierda ni viceversa, sino de plantearnos un par de preguntas elementales: ¿existe una solución que una mayoría de ciudadanos, independientemente de su ideología, pudiéramos considerar aceptable, por el bien de todos? ¿si mañana cambiara el Gobierno, también nos pareciera razonable que se mantuviera esa medida?

La prosperidad sostenible no surge únicamente de la riqueza material. Tampoco depende exclusivamente de la tecnología, de la educación o de la eficiencia administrativa. Las sociedades más florecientes comparten algo más profundo: una cultura basada en la búsqueda de la verdad, el respeto a la libertad individual, la limitación del poder, la rendición de cuentas y la capacidad de cooperar pacíficamente con quienes piensan de manera diferente.

Estos valores universales fundamentan el espíritu concordlandiano. Inspiran una propuesta práctica, sin adscripción partidista, sobre cómo gestionar los conflictos propios de una democracia plural sin renunciar a la discrepancia ni al debate. La concordia no consiste en pensar igual, sino en sustituir la lógica del adversario convertido en enemigo por una cultura de acuerdos basada en principios compartidos.

Sobre ellos —una especie de Constitución moral— me atrevo a proponer este Decálogo Concordland, consciente de su posible imperfección e incluso de la aparente obviedad de algunos de sus principios. Pero constatando también algo preocupante: la frecuencia con que los incumplen nuestros representantes, hecho del que nosotros mismos, como ciudadanos, debemos sentirnos responsables si permitimos que nos conviertan en simples peones quienes necesitan dividirnos por interés partidista o personal.

1. La verdad importa, como base de la libertad y del diálogo racional.
2. El adversario no es un enemigo.
3. El interés general prevalece sobre el partidista.
4. Las instituciones pertenecen a los ciudadanos.
5. El mérito y la igualdad de oportunidades son compatibles.
6. La discrepancia fortalece la democracia cuando se ejerce con respeto.
7. Las políticas públicas deben evaluarse por sus resultados.
8. Toda decisión relevante debe poder explicarse con datos y razones.
9. La memoria debe servir para aprender, no para dividir.
10. Ninguna generación recibe un país terminado; todas tienen el deber de mejorarlo.

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Desde sus orígenes en la Atenas clásica, el ideal democrático ha buscado resolver una tensión fundamental: cómo conjugar el poder con la libertad, el orden con la pluralidad, el gobierno eficaz con la justicia. Un delicado equilibrio, dada la imperfección de la naturaleza humana,  que resulta básico para construir sociedades libres, prósperas y capaces de convivir pacíficamente.

Equilibrio que ha sido objeto de análisis durante más de dos mil quinientos años por filósofos, pensadores, economistas, juristas e historiadores. Mientras Sócrates nos enseña a buscar la verdad y Platón nos alerta sobre la demagogia, Aristóteles introduce un concepto de índole práctica y colectiva: la homónoia (ὁμόνοια), término griego original para designar la concordia o “amistad política”. Su antónimo directo es la stasis —la guerra civil o división interna—,  la peor enfermedad que podía sufrir una polis griega en opinión del estagirita.

La concordia representa el ideal de paz, moderación, armonía y unión dentro de una sociedad o grupo. Requiere la disposición y capacidad personal para actuar juntos por el bien común, logrando acuerdos y evitando confrontaciones que dificultan la prosperidad de las comunidades.

La discrepancia es consustancial a la democracia pero la tiranía y la polarización comienzan precisamente cuando desaparece la homónoia. Cuando los ciudadanos dejan de verse como adversarios legítimos y comienzan a mirarse como enemigos irreconciliables. Aristóteles probablemente habría considerado que la principal misión de una democracia consiste en preservar la concordia, la voluntad de seguir conviviendo después de discrepar.

La polarización política se está convirtiendo en uno de los mayores riesgos para la prosperidad y la estabilidad de España. No sólo tiene costes humanos evidentes: familias divididas, amistades rotas y conversaciones imposibles sino que también genera importantes perjuicios institucionales y económicos.

Una sociedad enfrentada encuentra enormes dificultades para alcanzar pactos duraderos sobre cuestiones esenciales como la educación, las pensiones, la sanidad, la energía, la inmigración, la equidad territorial, la deuda pública o la gestión del agua. Sin estabilidad institucional es más difícil generar confianza, atraer inversiones o planificar reformas.

Del mismo modo que un país genera capital económico y humano, también acumula seguridad jurídica, calidad administrativa, estabilidad normativa, transparencia y credibilidad de sus instituciones.  Ese patrimonio intangible, el capital institucional, condiciona, probablemente más que ningún otro factor, su prosperidad futura.

Sugiero el nombre de Concordland ―el país de concordia― para aludir, de forma muy resumida, a una sociedad exenta de fanatismo, donde reina la moderación, el respeto y el diálogo constructivo. Un entorno que puede albergar opiniones muy diferentes pero donde siempre prima el interés general que se intenta alcanzar evaluando, sin apriorismos dogmáticos, los resultados de experiencias exitosas o generando las propias de forma consensuada.

Se trata de plantearnos y analizar con mentalidad abierta cuestiones tan simples como exigentes: ¿Por qué algunos países han alcanzado y logran mantener elevados niveles de prosperidad, cohesión social y estabilidad institucional, mientras otros se ven arrastrados por conflictos permanentes, corrupción o polarización? ¿Qué instituciones o medidas  permiten que una sociedad funcione mejor, con independencia de quién gobierne?

En este sentido, Concordland no es una utopía. Es simplemente la recuperación de una idea muy antigua que no cabe confundir con la idílica Arcadia feliz―la mítica recreación de un paraíso terrenal perdido—ni con sus versiones modernas—, como la retrotopía de Bauman, la llamada epidemia de nostalgia del pasado, o los dos modelos de Arcadias futuristas que compiten por diseñar la supervivencia humana: la del Silicio (el tecno-utopismo y la Inteligencia Artificial)  y la Verde (tecnologías limpias, soberanía alimentaria y simbiosis con la naturaleza).

Las utopías suelen fracasar porque intentan cambiar la naturaleza humana. Concordland parte de la base de que los seres humanos seguiremos siendo imperfectos pero que, si nos lo proponemos, podemos construir instituciones para que esa imperfección genere cooperación en lugar de enfrentamiento.

No existe un país perfecto. Y nunca existirá,  pero muchas naciones han encontrado soluciones  especialmente valiosas dignas de ser analizadas con mentalidad abierta. El verdadero progreso consiste en tener la humildad suficiente para aprender de las mejores prácticas, vengan de donde vengan.

Concordland sería un proyecto de ingeniería institucional: un proceso continuo de transformación de un país que tenga en cuenta las mejores prácticas de donde hayan demostrado funcionar, con independencia de la ideología que las inspiró. Y para eso hace falta un Gobierno que promueva la concordia y no la crispación.

Concordland no debería entenderse por lo tanto como un sueño imposible porque ya existen ejemplos reales, aunque fragmentados, que nos señalan el camino. Estamos intentando formular una filosofía práctica del buen gobierno, apoyada en evidencias, experiencias exitosas comparadas y una cultura del acuerdo.

Si Finlandia ofrece una lección en educación o de como superar definitivamente los estigmas de una sangrienta guerra civil, Alemania en disciplina fiscal, Estonia en administración digital, Dinamarca en confianza institucional, Suiza en consensualismo, País de Gales en su cruzada contra las mentiras de los políticos o en su pionera ley de Bienestar de las Generaciones futuras, Eslovaquia en trasparencia o Singapur en eficacia administrativa, lo relevante no es su etiqueta política, sino qué resultados obtienen y qué elementos pueden adaptarse a nuestro contexto.

ANEXO:  Test de Concordland

Ante cualquier problema público, los ciudadanos deberíamos hacernos estas cinco preguntas:

1. ¿Qué parte de razón tiene cada partido?
2. ¿Qué datos objetivos conocemos realmente?
3. ¿Qué están haciendo los países que obtienen mejores resultados?
4. ¿Qué incentivos y efectos a largo plazo para todos los grupos sociales y sectores crea cada propuesta?
5. ¿Qué solución produciría menos confrontación y más bienestar dentro de diez años?

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Durante décadas, las administraciones públicas han intentado combatir la burocracia mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Sin embargo, en muchos casos, la digitalización se ha limitado a trasladar los mismos procedimientos tradicionales al entorno electrónico. Formularios, certificados, solicitudes y procesos complejos continúan existiendo, aunque ahora se gestionen a través de una pantalla. El resultado es una mejora en la accesibilidad, pero no necesariamente la transformación profunda, la metamorfosis del funcionamiento administrativo que requieren los tiempos.

La principal causa de esta situación es que las administraciones siguen operando de forma fragmentada. Ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos públicos mantienen estructuras independientes, con sistemas de información poco conectados entre sí. Esta falta de coordinación obliga a los ciudadanos a realizar trámites repetitivos y a aportar información que, en muchos casos, ya posee alguna administración pública.

En este contexto emerge una tecnología con capacidad para cambiar radicalmente este modelo: la inteligencia artificial agéntica. A diferencia de la IA generativa, que actúa como un asistente capaz de redactar textos, resumir documentos o responder preguntas, la IA agéntica puede actuar de forma autónoma por medio de agentes inteligentes que son capaces de planificar acciones, consultar bases de datos, coordinar distintos sistemas y ejecutar tareas sin necesidad de una supervisión constante.

Su potencial para mejorar los servicios públicos es enorme. La visión que propicia es la de una “Administración única”, sin costuras, donde el ciudadano no tenga que preocuparse por qué organismo es competente para cada trámite. Los agentes inteligentes se encargarían de coordinar automáticamente los procesos internos y de intercambiar la información necesaria entre organismos. El ciudadano únicamente validaría el resultado final, desde su móvil o cualquier dispositivo digital.

Un ejemplo sencillo es el nacimiento de un hijo. Actualmente, este acontecimiento obliga a realizar múltiples gestiones ante diferentes administraciones. En un modelo basado en IA agéntica, los sistemas públicos intercambiarían automáticamente la información requerida y generarían las actuaciones necesarias, reduciendo la intervención del ciudadano al mínimo imprescindible.

Esta evolución da lugar a un concepto especialmente relevante: la burocracia invisible o zero-click, término recogido por Andrés Pedreño , fuente inagotable de inspiración, en su  último libro, de imprescindible lectura: IA autónoma y sistemas multiagente. Se trata de un modelo en el que los procesos administrativos se ejecutan de manera automática mediante la interacción máquina a máquina (M2M), eliminando desplazamientos, formularios y trámites innecesarios. El ciudadano deja de ser el intermediario entre organismos públicos y pasa a convertirse en el beneficiario de un servicio integrado y proactivo.

Uno de los referentes internacionales en este ámbito es Estonia, considerada un auténtico laboratorio de innovación pública digital.  Su iniciativa Bürokratt persigue precisamente la creación de una capa de asistentes inteligentes interoperables que permitan a los ciudadanos relacionarse con toda la administración como si fuera una única entidad. Además, el gobierno estonio está explorando mecanismos para dotar de identidad jurídica y trazabilidad a los agentes inteligentes que actúen dentro del sector público.

La IA agéntica también podría impulsar una nueva era de transparencia institucional. Información sobre contratos públicos, subvenciones, asesores, presupuestos, indicadores de gestión o el cumplimiento de las promesas electorales podría consultarse mediante lenguaje natural. La transparencia dejaría de sustentarse en un conjunto de documentos difíciles de localizar para convertirse en información accesible, comprensible y útil para cualquier ciudadano. En este escenario, cuanto más invisible sea la burocracia, más visible será la rendición de cuentas y más eficaz la lucha contra la corrupción.

Como nos enseña el caso de Estonia, el principal desafío no es tecnológico. El verdadero reto es organizativo y de voluntad política. Integrar sistemas informáticos es complejo, pero mucho más difícil es superar las barreras institucionales, los intereses departamentales y las resistencias al cambio que caracterizan a muchas organizaciones públicas.

En definitiva, para avanzar hacia esta burocracia invisible habría que marcarse cinco objetivos  fundamentales: fomentar una auténtica cultura de colaboración entre todas las administraciones; crear un órgano nacional con capacidad de liderazgo transversal para impulsar la transformación inteligente del sector público; establecer la interoperabilidad obligatoria entre administraciones; formar a los empleados públicos en nuevas competencias relacionadas con la supervisión de agentes inteligentes y la auditoría algorítmica; y, por supuesto,  movilizar las inversiones necesarias en integración de sistemas, calidad de datos y ciberseguridad que generarían cuantiosos  ahorros de costes en un plazo razonable.

La conclusión es clara: la cuestión ya no es si disponemos de la tecnología necesaria para construir una administración más eficiente, proactiva, centrada en el ciudadano, transparente y facilitadora de la actividad empresarial. La pregunta es si seremos capaces de superar las inercias organizativas y las rivalidades institucionales para aprovechar plenamente el potencial transformador de la IA agéntica. El reto está servido y el tiempo apremia.

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“En realidad, nosotros no quisimos crear un Estado digital. Era una cuestión de supervivencia. Enseguida nos dimos cuenta de que la Administración Pública y la burocracia gubernamental eran muy caras”, Linnar Viik, Director of Smart Governance (Estonia)

Hace unos días disfruté escuchando la brillante y carismática intervención de Miriam González desplegando sus argumentos, que comparto plenamente,  sobre “El papel de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia” y participando en el animado coloquio posterior, moderado por Juan Antonio Megías, Presidente del Real Casino de Murcia, donde se celebró el acto.

Me había hecho eco en mi libro “Metamorfosis y Concordia” de la interesante iniciativa de movilización social  de Miriam—casada con Nick Clegg,  viceprimer ministro británico  en el Gobierno de Cameron— pero descubrí en directo a una convincente oradora con un discurso de una calidad expositiva  fuera de lo común, motivando el empoderamiento de la sociedad como solo los grandes líderes saben hacerlo.

Durante las dos horas que duró el acto se desgranaron temas como la corrupción, la separación de poderes,  los nacionalismos, la ínfima calidad de los debates parlamentarios—caracterizados por las faltas de respeto, la ausencia de respuestas a preguntas concretas o la importancia del relato por encima de la verdad de los hechos—, la colonización de las instituciones, la importancia de la educación, los asesores gubernamentales—el número, cualificación y justificación— o la eficiencia de los servicios públicos.

Con respecto  esta última cuestión—el buen funcionamiento y la necesaria transformación de las Administraciones Públicas— remarcó Miriam González que es una reivindicación que no tiene ideología, que nos interesa a todos pero, en mi opinión,  quizá habría que apostillar que el modelo de Estado benefactor que preconiza la izquierda difiere del paradigma de Estado posibilitador, más próximo a los ideales liberales y conservadores. El tantas veces citado caso de éxito de Suecia es un ejemplo de consenso entre los dos grandes partidos y los sindicatos nórdicos digno de imitar en la  lucha contra burocracia, el control de la deuda pública y en pro de la sostenibilidad del estado del bienestar.

Por mi parte, en mi breve intervención en el coloquio puse el foco en dos aspectos concretos: i) la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas de instituciones y gobernantes en la democracias liberales y ii) El preocupante aumento de la polarización afectiva—rechazo visceral al otro—en nuestro país,  porque implica un sentimiento de odio hacia quien piensa diferente, que puede llegar a crispar las relaciones personales, laborales e incluso familiares.

Como recojo en mi libro (perdón por la autocita): “La política domina nuestras emociones de forma preocupante, convirtiendo la crispación en una estrategia electoral que los partidos intentan explotar. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? La primera es la parálisis democrática. Cuando el adversario se convierte en enemigo, el diálogo se vuelve imposible. La segunda es la fragmentación social: familias divididas, amistades rotas, comunidades enfrentadas. Y la tercera, pero no menos importante, es la desafección ciudadana. Muchos se alejan de la política por hastío, dejando el espacio público en manos de los más fanáticos. Por si fuera poco, un reciente estudio del Banco de España señala que la polarización afectiva no solo genera conflicto social, sino que perjudica el crecimiento económico al dificultar la estabilidad institucional necesaria para atraer inversiones e influir en las decisiones individuales de consumo y de ahorro.

La fragmentación mediática, las redes sociales— que fomentan cámaras de eco—, la desinformación y el papel de ciertos comunicadores y líderes políticos populistas, son las principales causas del auge de la polarización afectiva, una forma de peligroso tribalismo identitario que tanto erosiona la democracia”

Pero nosotros, los ciudadanos, también tenemos gran parte de culpa.  Somos corresponsables por tolerar y no repudiar a líderes políticos que siembran el odio, que alientan la crispación, que levantan muros entre nosotros; por dejarnos manipular, por no pensar críticamente. La polarización sólo beneficia a los promotores de la misma y perjudica a la sociedad en su conjunto. ¿Vamos a asumir estas nefastas consecuencias expuestas  sin hacer nada ?

En el lenguaje vulgar, en nuestra tierra al menos, se asocia la palabra “estupidez” a antipatía. Sin embargo, la acepción correcta es la dificultad para comprender,  para actuar con lógica, caracterizada por la falta de pensamiento crítico y la tendencia a ignorar la experiencia. Según expertos como Carlo Cipolla, se define por causar daño a otros o a uno mismo sin obtener beneficio propio.

Para el pensador alemán Dietrich Bonhoeffer, la estupidez no es falta de inteligencia. Es algo más peligroso: la renuncia a pensar por uno mismo. Resumiendo telegráficamente su teoría: “Cuando la sociedad se polariza, las personas dejan de evaluar argumentos y la conversación se convierte en combate.  La polarización no es solo que la gente discuta más. Es que discute peor. Menos argumentos, más emociones. Menos matices, más trincheras. Repetimos lo que dice nuestro grupo, no lo que pensamos. La polarización necesita eso: identidades rígidas, emociones fuertes y discursos simples. Y algunos actores descubren que dividir es rentable. La indignación moviliza más que la reflexión. La estupidez solo puede superarse mediante un acto de liberación: recuperar la autonomía interior, el juicio propio. Pensar por uno mismo es un acto de resistencia democrática”.

La polarización no es solo un problema político: es un desafío moral. Y la defensa de la democracia pasa por reconstruir la capacidad colectiva de pensar por cuenta propia. Si queremos una España mejor para todos, ¡no nos dejemos polarizar, no seamos estúpidos!

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El pasado jueves 12/02/26 tuvo lugar la presentación pública de mi libro  “Metamorfosis y Concordia” contando con la participación de Juan Bernal, prologuista y coautor motivacional—sin su decisiva influencia esta obra nunca habría visto la luz— y con la de Juan A. Megías, quien tuvo la deferencia de ejercer de anfitrión en su calidad de Presidente del Real Casino de Murcia, en cuyo salón de actos se celebró el evento.

En el artículo anterior ya anticipaba un resumen de los contenidos del ensayo que hace especial hincapié en la inquietud generada por la creciente polarización política que tanto deteriora nuestra convivencia y dificulta la construcción de un proyecto común así como por la tendencia imparable de la burocracia a la hipertrofia tanto legislativa—se crea una norma nueva cada 45 minutos— como de personal—aumento de un 58% de los funcionarios  de los Ministerios, con muchas de las competencias transferidas a las autonomías y en pleno desarrollo de tecnologías facilitadoras—, con la consiguiente carga impositiva estructural asociada, sin olvidar la preocupación por la sostenibilidad del Estado de Bienestar.

En un país descentralizado y digitalizado, ¿tiene sentido que el Estado central crezca por inercia acumulativa? No nos referimos a sus funciones esenciales —seguridad, justicia, política exterior— sino a su estructura administrativa, en sus capas intermedias, en sus unidades técnicas, en sus asesores, en sus organismos satélite. Tamaño que se va agrandando poco a poco, no de forma abrupta. Así opera y se consolida la hipertrofia silenciosa de la Administración que no se percibe hasta que se convierte en carga estructural.

La realidad es que todo poder institucional tiende a expandirse: más estructura implica más influencia, más nombramientos y por tanto, más capacidad política. Reducir estructura no genera rédito inmediato, crearla sí. Pero un Estado que crece estructuralmente sin revisión periódica genera unos efectos indeseados:

• Rigidez presupuestaria creciente.
• Menor margen para reducir deuda.
• Mayor presión fiscal.
• Sensación ciudadana de opacidad.

Pero la consecuencia más delicada es otra: la erosión de la confianza que se produce cuando el ciudadano percibe que el aparato público se expande sin justificación clara. El vínculo entre contribuyente y administración se debilita bajo la sospecha de que el gasto excesivo puede estar vinculado a redes clientelares: subvenciones, contratos públicos dirigidos y empleos a dedo. Con el agravante de que, si se financia con deuda, se transfieren cargas al futuro  condicionando las decisiones de los gobiernos siguientes. Con el temor de que un Estado sobreendeudado o despilfarrador puede acabar bajo supervisión externa (UE, FMI), como ocurrió en Grecia o Portugal, debilitando la soberanía democrática.

Y sin confianza, la democracia liberal se fragiliza. Fortalecer la democracia no consiste en debilitar el Estado, sino en disciplinarlo por lo que se refiere a las decisiones que comportan gasto y restan eficiencia. Fue precisamente el crecimiento imparable de la deuda pública unos de los aspectos que más llamaron la atención de los asistentes que llenaron el salón de actos del Casino de Murcia en la presentación del libro.

Unas cifras descomunales que generan unos intereses anuales de 44.000 M€ . Para darnos una idea  de la cantidad de proyectos que se podrían realizar con tantos recursos recordemos que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) tenía un presupuesto de 22.000 M€, que el trasvase del Ebro costaba unos 4.000M€—cuánta riqueza perdida de forma irracional—, que construir un hospital puede suponer unos 300 M€ o  un colegio 5 M€.

Reducir el gasto público no significa necesariamente recortar derechos; significa optimizar recursos, priorizar lo esencial y eliminar lo superfluo. Significa asumir como sociedad que el dinero público no es infinito, que es de los ciudadanos y que es posible optimizarlo aplicando algunas medidas como las siguientes:   

1️ Reducir duplicidades: España tiene tres niveles administrativos y numerosos organismos paralelos. Racionalizar competencias ahorraría miles de millones.
2️ Revisar subvenciones: no todas las ayudas públicas son eficientes ni necesarias. Una auditoría independiente podría recortar aquellas que no generen valor público claro.
3️ Profesionalizar el sector público: evitar cargos políticos innecesarios, reducir asesores, fomentar la carrera profesional basada en mérito.
4️ Digitalización de servicios: como en Estonia, automatizar trámites reduce costes y aumenta la eficiencia.
5️ Controlar el gasto sanitario y educativo sin recortes: apostar por sistemas de gestión más eficientes (historias clínicas unificadas, compras centralizadas, reducción del abandono escolar).
6 Establecer reglas fiscales claras: la “regla de oro” alemana impide déficits estructurales. La llamada “Schuldenbremse” (freno de la deuda) es una norma constitucional adoptada por Alemania en 2009.

Nuestra mentalización como ciudadanos es clave. Necesitamos una cultura fiscal madura, donde se entienda que exigir más gasto sin preguntar de dónde sale o quién lo paga es una forma de irresponsabilidad cívica. Donde se valore el equilibrio presupuestario no como un capricho tecnocrático, sino como una garantía de justicia intergeneracional y de estabilidad democrática.

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La pandemia y la burocracia

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Pero la mayoría de mis publicaciones han versado sobre la innovación empresarial y de las Administraciones Públicas, así como sobre economía y política en general, que constituyen el objeto del libro “Metamorfosis y concordia” que verá la luz en breve.  En este caso, movido por la figura de otro buen amigo que ha ejercido una influencia decisiva en mi trayectoria profesional: Juan Bernal, autor del prólogo de esta obra, a la que añade gran valor. Nunca agradeceré bastante su confianza, su apoyo y la generosa valoración de mi persona y de mi trabajo.

Este ensayo que hoy anuncio tiene dos partes diferenciadas pero complementarias. La burocracia es necesaria como el instrumento operativo estable y neutral del Gobierno que aporta legalidad y control del poder político, al menos en teoría. Pero cuando se convierte en un fin en sí misma, empieza a obstaculizar la democracia, generando lo que podríamos llamar el “síndrome del Estado lento y opaco”: frenando inversiones, bloqueando reformas necesarias, impidiendo la participación ciudadana, fomentando la desconfianza en las instituciones y originando frustración social en definitiva, como consecuencia de una avalancha normativa imparable, un aumento desmesurado del número de funcionarios—con las consiguientes cargas impositivas—, una falta de visión integradora que parece imposible de corregir y una cultura insuficiente de claridad, evaluación y de rendición de cuentas, que son demandas democráticas irrenunciables.

«Intentar que un país prospere aumentando los impuestos es como creer que un hombre puede levantarse a sí mismo metido en un cubo, tirando del asa.» Winston Churchill

En la Parte I, “Guerra a la burocracia”, aporto las ideas que quiero compartir sobre la transformación―una auténtica metamorfosis― que, en mi opinión, deben sufrir las Administraciones Públicas cuyo ejemplo práctico más ilustrativo del éxito de la colaboración público-privada por lo que respecta al mantenimiento del Estado del Bienestar lo podemos observar en Suecia.

La Parte II, “Fortalecer la democracia”, trata de reforzar los principios que rigen el ideal democrático, amenazado por la polarización —5 millones de españoles han roto relaciones de amistad o familiares en 2025 por esta causa—, la corrupción y la desinformación. Un ideal que, como ciudadanos responsables, debemos no solo vigilar, sino también exigir y defender, siempre desde la concordia como elemento generador de convivencia.

Por esta razón he llamado Concordland a ese país utópico, regido por los mejores gobernantes posibles, donde impera la verdad, la transparencia, la rendición de cuentas, el empoderamiento ciudadano, la convivencia pacífica, la tolerancia–aceptar que el adversario pueda tener razón– y la austeridad responsable con las generaciones venideras. Un Estado donde no tienen cabida el odio, el sectarismo, el revanchismo o la corrupción. Casi nada. Por pedir que no quede…

En su discurso de Navidad de 2025,  Felipe VI estableció unas  “líneas rojas” que no deben cruzarse, haciendo un llamamiento  a la convivencia democrática y la ejemplaridad de los poderes públicos, insistiendo en que la democracia es un proyecto compartido que requiere el compromiso de los ciudadanos con la libertad, recalcando que las ideas propias nunca pueden convertirse en dogmas ni las ajenas en amenazas. 

Ronald Reagan ya advirtió algo que a veces olvidamos: que la libertad puede perderse en una sola generación. Como escribía recientemente Juan Ramón Calero en su columna dominical en La Verdad: “Para un demócrata, la política no debería ser la lucha por el poder sino por la supervivencia de la propia democracia”. O como decía, en esas mismas páginas,  el flamante director de este diario, Víctor Rodríguez:  “El papel de la sociedad civil adquiere una relevancia especial como vector de las aspiraciones y anhelos del conjunto de los ciudadanos, menesterosos de entidades que defiendan sus intereses”

En resumen “Metamorfosis y concordia” no es un alegato contra nadie sino a favor del ciudadano. Nace de estas tres ideas sencillas pero incómodas: que la burocracia asfixia al ciudadano, que los impuestos mal entendidos empobrecen a la sociedad y que la democracia no se hereda automáticamente… hay que defenderla cada día, tarea en la que todos debemos sentirnos concernidos.

Para terminar, comparto un vídeo del Dr. Sans Segarra que me ha gustado especialmente porque nos anima a no ser dogmáticos ni manipulables sino a sacar nuestras propias conclusiones para ser auténticamente libres.

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Y de fondo, siempre las eternas preguntas, muy fáciles de plantear y muy difíciles de responder que siempre han estado ahí y que afloran con más intensidad a medida que se van cumpliendo años: ¿existe Dios?, ¿qué sentido tiene la vida? ¿qué es la felicidad? ¿qué es el alma?

El libro “Vivir con ataxia: el alma cincelada” de mi amigo Conrado Navalón, ciezano nacido en Mogente, es un valiente y admirable testimonio de resiliencia que he leído de un tirón pero sin prisa, valga el oxímoron, paladeando su lenguaje íntimo, directo, emotivo pero poético y profundo a la vez. He ido parando para sentir muchas frases, un arte que el mismo autor se aplica para “observar su cuerpo como una nube pasando por el cielo de su conciencia”.

Las sensaciones que he ido experimentado a medida que avanzaba en la lectura han sido, por orden de aparición: nostalgia, tanto infantil—recuerdos familiares felices en nuestra Cieza común— como juvenil—de estudiante he pasado por Mogente cientos de veces de camino a Valencia—; paz interior; emoción y admiración por la valentía de Conrado, por sus valores humanos  y por la voluntad de compartir su experiencia para ayudar a otras personas con la misma enfermedad, aunque en mi opinión es un libro muy recomendable para todos, sanos o enfermos, y hasta para hipocondríacos como yo mismo.

La ataxia es una cruel enfermedad degenerativa con una componente hereditaria—una buena amiga también la padece, como la sufrió su padre—. Vivir con ella es un ejercicio de aceptación y de reconstrucción personal y familiar (su tribu), proactiva y realista, que Conrado reproduce de forma magistral y hasta cierto punto optimista, resaltando la importancia del humor: “una tarde de risas con mis amigos es la mejor medicina”. Cincelar el alma requiere una reflexión especial porque es un concepto que trasciende los límites de cualquier enfermedad y que conecta con las grandes inquietudes y preguntas que siempre se ha hecho el hombre.

Para Aristóteles el “cincelado del alma” consiste en que el ser humano se va esculpiendo a sí mismo a través de sus acciones, decisiones y hábitos para forjar un carácter virtuoso. Para los estoicos, el “cincelado” consistiría en la aceptación de lo que no se puede cambiar y el control de las propias percepciones y juicios.

¿No somos nosotros mismos una obra inacabada?— como la escultura non finita de Miguel Ángel que ilustra la portada del libro—es la profunda metáfora sobre la naturaleza humana que plantea Conrado en el prólogo, comparándola con el trabajo del artista que labra la piedra. Alegoría, que, por otra parte, ha sido objeto recurrente de análisis por parte de los grandes pensadores de la historia desde la vertientes filosófica y religiosa: la esencia de la incompletitud.

Esta metáfora sugiere que el ser humano, a diferencia de otros seres vivos, es un proyecto abierto al mundo, en constante desarrollo, que tiene la capacidad de aprender, cambiar y construirse a sí mismo a lo largo de su vida.

Para la filosofía cristiana, el hombre es incompleto porque anhela lo absoluto, lo eterno, lo divino. Para Ortega y Gasset es un ser en continuo camino— “Yo soy yo y mi circunstancia” —condicionado por su realidad pero también con la capacidad de influir en ella.

Vivir con su realidad pero influir positivamente en ella es lo que nos demuestra Conrado Navalón con su ejemplo. Como dice la literatura especializada, que él tan bien conoce, vivir con ataxia es un reto, pero no el fin de una existencia plena. Con la actitud adecuada, el apoyo del entorno y la ayuda profesional experta es posible mantener una buena calidad de vida.

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