La pandemia y la burocracia
“En realidad, nosotros no quisimos crear un Estado digital. Era una cuestión de supervivencia. Enseguida nos dimos cuenta de que la Administración Pública y la burocracia gubernamental eran muy caras”, Linnar Viik, Director of Smart Governance (Estonia)
Si hay un país que tuvo que construir su propia infraestructura institucional desde cero, tras su separación de la Unión Soviética, en 1991, fue Estonia, considerada hoy la nación más digitalizada del mundo y un referente en ciberseguridad.
Sólo tres gestiones requieren la presencia física, casarse, divorciarse y adquirir propiedades. Aparte de la eficiencia que hace ganar al sistema, la digitalización supone un ahorro anual del 2% del PIB. La clave fue la educación: todas las escuelas estaban on line en el año 2000.
El ejemplo de Estonia está siendo estudiado por otros muchos países con la idea de replicarlo. Pero con la tecnología no basta. Igual que las grandes empresas, el sector público necesita reformas organizativas innovadoras.
Como dice Linnar Viik, al que tuve ocasión de saludar en Barcelona, hace 5 años, “los Gobiernos no pueden quedarse atrás en la carrera por la innovación. Basta de excusas. No es una cuestión de dinero ni de tamaño. Tan sólo se necesita voluntad política”
En 2013 había en España unas 100.000 leyes, 67.000 de ellas de carácter autonómico, que contabilizaban en total, 1 millón de páginas impresas. El coste de esta “madeja legislativa” era de unos 45.000 M€ .
En Italia existían 150.000 leyes, algunas tan absurdas como la que permitía a los mandos militares disponer de coche oficial porque el protocolo les prohibía llevar paraguas. Por contra, había sólo 3.500 en Gran Bretaña. En Portugal, se estima que existen más de 1.500 normas obsoletas pero aún vigentes, como la prohibición de aparcar delante de un banco.
El último informe del Banco Mundial, Doing Business, que evalúa la legislación burocrática asociada a las actividades empresariales sitúa a España en el puesto 30, por delante de Portugal (34ª) y de una Italia más regazada ( 51ª), pero en el apartado concreto de la facilidad para abrir un negocio ocupamos el lugar 86º, a la altura de Mongolia.
https://www.libremercado.com/2017-05-25/la-losa-de-la-burocracia-espana-publica-900-leyes-y-960000-paginas-de-regulacion-al-ano-1276599688/
Hace unos días, los medios de comunicación se hacían eco del manifiesto «Por un sector público capaz de liderar la recuperación», firmado por quince reconocidos expertos en gestión pública.
La excesiva politización, el déficit gerencial, la opacidad, la lentitud, la ilegibilidad, el tamaño, el alto coste, las ineficiencias típicas de la maquinaria administrativa son de todos conocidas, y hasta aceptadas con resignación.
En opinión de sus autores, para que España pueda afrontar con éxito la situación post-Covid 19, el sistema público debe aprovechar la ocasión para acometer reformas de calado que superen para siempre las históricas deficiencias estructurales de las Administraciones Públicas, inherentes al vetusto modelo burocrático que las rige, el cual permanece inmutable, incluso desafiante, desde hace más de un siglo.
No es casual la aparición de este documento en unos momentos tan críticos. La necesidad suele ser fuente de innovaciones y un acelerador de decisiones drásticas. Estonia se convirtió en el país más digital del mundo porque no tenía otra opción. Suecia abordó su valiente reinvención del Estado del Bienestar acuciada por una grave recesión económica.
Este grupo de expertos propugna una Administración que centre sus actuaciones en cuatro grandes ejes: innovación y evaluación; internalización de la inteligencia y externalización del trámite; diversificación y flexibilización del empleo, y liderazgo y gestión profesional.
Consideran una prioridad la apuesta por el talento y la mejora de la retribución de los profesionales más cualificados, que estiman mal pagados, resaltando que, por contra, los puestos de menor nivel tienen salarios por encima de sus equivalentes en el mercado.
Defienden la construcción de un sistema de dirección pública profesionalizada, y, de alguna forma, cuestionan la figura de funcionario vitalicio, reservando esta condición sólo para aquellos puestos que tengan una relación directa con la autoridad administrativa. No en vano, varios de estos reconocidos profesionales, como Francisco Longo o Carlos Ramió, verdaderas autoridades en la materia, ya vertieron estas ideas en un informe muy poco conocido que realizaron para el Gobierno de Cataluña en 2013, y que, al parecer fue relegado u olvidado.
La incógnita es si este manifiesto de 2020 correrá la misma suerte. Sólo es cuestión de voluntad política.
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